En estricto, la gobernación solo aportará $5500 millones semestrales, o $11.000 millones anuales. Los demás recursos del departamento del Tolima son parte de la base presupuestal de la UT, y fueron incrementados también por la movilización universitaria.
| Por: Alexander Martínez Rivillas |
Tres hechos de los últimos días me convencen aún más de que el juego del poder reside en su escala “molecular”, a decir de Michel Onfray. Y que el asunto “estatal”, muy al estilo de Alain Badiou, se debe poner en función del socavamiento radicular del poder, y no al revés. Por eso, resistirse a las funciones dominantes del nivel doméstico y microlocal exige los mismos (o mayores) compromisos que las luchas contra nuestros aparatosos regímenes nacionales (los internacionales, los dejaré de lado).
Veamos los hechos a los que me refiero: 1) una compulsión de agradecimientos al rector de la Universidad del Tolima (UT), por parte de estudiantes, en relación a la “matrícula 0” y otras dotaciones. 2) una propaganda infantilizadora e instrumentadora de la comunidad universitaria, apelando a la gestión del rector de la UT. Y 3) el “patronazgo” señorial de los gobernantes tolimenses cuando fueron a socializar en las veredas o barrios, lo ya decidido en sus “agendas invisibles”.
En el primer caso, se emplean mayormente a mujeres matriculadas a los programas del IDEAD, para hacer videos con el relato de que gracias a Mejía pudieron estudiar. En otros, se exhibe a la población estudiantil recibiendo mercados, tabletas y tarjetas de datos. En algunas ocasiones, se han usado a personas con distintos grados de “invalidez”. El rector ha aparecido de fondo en muchas de estas teatralizaciones, como si se tratara de una campaña electoral o poselectoral, dibujando una sonrisa de satisfacción. La proximidad con Duque repartiendo confites en el Chocó salta a la vista, lo mismo que las semejanzas con los gamonales tolimenses que distribuyen tejas, presas de pollo y bultos de abonos durante sus “fiestas de asunción”. ¿Qué hace que la UT sea hoy, especialmente, el espacio desplegado de la típica politiquería de la región? ¿Qué hace que un rector actúe como un avezado político en campaña, y vea la necesidad de exhibir las miserias de los demás? Para luego explotar una imagen del “gran hombre” que otorga “dones” y “privilegios”. Las razones son variadas. Pero, creo que ese libreto utilitarista de la pobreza de nuestros estudiantes y de esa especie de patrilocalidad extendida y bien explícita (“todos mis hijos e hijas vivirán bajo mi cobijo”), han sido posibles por la precariedad de una comunidad académica en la UT. Lo que ha hecho Mejía con estos recursos públicos es “enfermizo”, y no he visto algo similar en otras universidades regionales.
En el segundo caso, he podido percibir un patrón propagandístico que, además de cumplir la función política del gamonal bienhechor, raya en el pensamiento mágico o en la infantilización de la comunidad universitaria. Una vez el rector de la UT firma un convenio interinstitucional, inaugura un pequeño analizador de muestras de café, invita a una capacitación sobre cualquier tema, o expela una palabra sobre un nuevo programa de pregrado o de posgrado (crédito que es de los docentes, en buena medida), se atraviesan, como una invocación, las siguientes expresiones de origen mágico-religioso: “para mejorar la calidad de vida de los tolimenses”, “para mejorar la calidad de vida de los caficultores”, “lo que mejorará la calidad de vida del campo”, “mejorando así la calidad de vida de los tolimenses”, entre otras consignas.
¿Será consciente el rector de los miles de factores implicados en alguna mejora del bienestar de los tolimenses, y que estos no se reducen a una máquina de laboratorio, o a la creación de un programa académico? ¿De dónde emerge ese afán de justificar, como un alcalde de provincia, cada almuerzo que “da”, cada convenio que firma, cada matrícula subsidiada, o cada metro cuadrado de pañete? Para mí la respuesta es sencilla: se trata de impedir a toda costa que los medios críticos y la comunidad universitaria noten y constaten que Mejía ha duplicado los costos del personal administrativo en menos de tres años, y que tal expansión burocrática es un descarado encubrimiento del pago de cuotas políticas, o de acuerdos clientelares con fuerzas políticas externas e internas de la UT. La matrícula cero es una farsa. Cada peso de la gobernación nos ha costado 1.5 pesos en burocracia, tal como mostraré más adelante.
El tercer hecho confirma algo sustancializado en nuestras subjetividades (encarnadas y no abstractas, como lo hacen la mayoría de nuestros historiadores y filósofos) desde la Colonia. “Etnografiando” en estos días la vida campesina de algunas veredas de Villahermosa, Tolima, me encontré con esta perla. Un líder comunal me relató que, en las reuniones programadas por la Alcaldía a finales del año pasado, de cara a la conformación del listado de prioridades de algunas veredas, se atrevió a preguntar por el monto total de recursos que recibía el municipio del gobierno nacional para atender algunos rubros, e insistió en que le aclararan sobre los montos disponibles para atender a su sector. La funcionaria de planeación y el alcalde se negaron a contestar en detalle, por supuesto. La asamblea campesina vio que las dudas habrían de quedar irresueltas. Acto seguido, la profesora de una escuela veredal se incorporó con indignación y le exigió al líder campesino que se guardara tales preguntas, que las mismas eran tan ofensivas con las autoridades que podrían ocasionar el rechazo de la administración, y que por definición eran irrespetuosas con el alcalde, pues, en resumen, su figura misma encarnaba a una “buena persona”. Las continuidades entre estos alcaldes y el rector Mejía son evidentes (sin mencionar a los anteriores rectores, que actuaron más o menos igual). Es en el presupuesto real donde se condensan las decisiones del poder político.
Estos jefecillos empoderados temporalmente (y sus “cortesanos” y clientelas), consideran que es “inmoral” preguntar por el uso de los recursos públicos, cuestionar la bondad natural del “gamonal”, o recusar la legitimidad de la autoridad. Incluso, llama la atención el tono “belicista” de la defensa simbólica. Cuestionar de ese modo es “malo”, “agresivo”, “reprochable”, “indignante”, “destructivo”, “odiable”. Evidentemente, la autoridad de la profesora se impuso, y el líder campesino se granjeó el rechazo de la asamblea. Similarmente ocurre cuando critico la administración de Mejía, o el funcionamiento del IDEAD. Los invito a revisar las redes sociales.
La “matrícula 0” es una forma de expoliación del patrimonio de la UT. Nunca fue el gesto de resarcimiento del olvido de las gobernaciones hacia la institución. Veamos. La UT recauda en matrículas de pregrado algo más de 14.500 millones semestrales, y el mensaje que quedó en la retina es que este monto sería cubierto, principalmente, por la gobernación del Tolima. La huelga de hambre de los estudiantes fue invisibilizada (Nietzsche, Hobsbawm, o Fontana, de nuevo tienen razón, pues la epopeya fue escrita por los “vencedores”). Pero nada de esto es cierto. Las inversiones reales en un semestre serán estas: $1600 millones del gobierno nacional (Generación E), $1000 millones de la gobernación para estudiantes vulnerables, 3300 millones del gobierno nacional para estratos 1 y 2, y $4500 millones de aportes discrecionales de la gobernación, producto de la pandemia y de la lucha estudiantil, principalmente. En estricto, la gobernación solo aportará $5500 millones semestrales, o $11.000 millones anuales. Los demás recursos del departamento del Tolima son parte de la base presupuestal de la UT, y fueron incrementados también por la movilización universitaria. Por lo cual, ni siquiera los podemos considerar como parte de sus convicciones programáticas.
Por tanto, el gobierno nacional dispuso de ayudas contingentes semestrales por $4900 millones y de los ingresos de la UT se aportarán, por tanto, $4100 millones semestrales ($2600 millones de descuentos o becas propias más $1500 millones de aporte final de la administración Mejía). Como pueden notar, la “matrícula 0” implica en realidad, una “devolución” monetaria de una parte importante de todos los programas de alimentación, salidas de campo, entre otros, que dejaron de invertirse en los estudiantes por la pandemia. Y los recursos anuales de la gobernación, o sea, $11.000 millones se convirtieron, como “contraprestación”, en $16.000 millones anuales de contratación burocrática adicional respecto a 2018, más toda la contratación en consultorías y obras que pudieron haber quedado en manos de sus contratistas de confianza. Recientemente se descubrió el caso del uso clientelar de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, por parte del senador Eduardo Pulgar. Operaciones que, seguramente, se han producido por años en la UT, con la anuencia de sus rectores, y cuya modalidad preferida y más segura de “pagar” los compromisos clientelares es “enmascarando” ayudas a las universidades regionales.
Ahora bien, ¿por qué hablar de lo doméstico, de esta microfísica de cosas inanes? ¿Cuál es la causa de esta obsesión? La respuesta es fácil. Porque solo allí es que podemos impugnar con letalidad el poder político y sus expresiones moleculares. Esa barahúnda revolucionaria en el papel y los cafetines, al lado de esa sumisión “colonial” que al mismo tiempo practican en Colombia la mayoría de los miembros de las élites intelectuales y políticas de izquierda o de centro izquierda, revelan uno de los secretos de las múltiples “sujeciones del poder”, esto es, la visión elitista de que la fuerza social que empuja los cambios son los “mantecos”, y que ellos están llamados a dirigirla o canalizarla (cuando se dé el momento, en estado de ex-spectare, o sea, contemplando desde fuera). La “aristocratización” de los potenciales impugnadores del poder es tan vieja como las primeras sociedades preestatales. La grandilocuencia, el globalismo, la metanarrativa, la exigencia abstracta por cambiarlo todo, el radicalismo simbólico, entre otros “actos de habla”, son su denominador común, mientras que, en sus vidas cotidianas, actúan de manera subordinada a todas y cada una de las demandas de los poderes instituidos. Son como “gatitos” domesticados a fuerza de OPS, amenazas de despido, de advertencias de exclusión por parte del poder político que los arropa, o de desvinculaciones de toda suerte de consultorías.
Lo reprobable es, por supuesto, que estas élites políticas e intelectuales no sean capaces de oponerse, en la esfera “molecular”, a todas las formas de dominio que destruyen el país en lo concreto. Históricamente, las masacres que se han cebado sobre la oposición política han afectado sistemáticamente a los “mantecos”. Precisamente por eso, porque en cada asociación campesina, en cada cabildo indígena, en cada cooperativa agraria, en cada organización sindical de base, en cada gesto de resistencia cotidiana, son los que realmente socavan los órdenes materiales del poder. Sus palabras son potencias en acto, a decir de los escolásticos. No hay “carreta”. Por ello, deben ser el centro de los asesinatos selectivos y de la represión estatal. Evidentemente, los magnicidios en la oposición son una tragedia, pero hasta en esto hay una repartición asimétrica del sufrimiento: para mí es tan importante y dolorosa la muerte de un líder campesino del Cauca, como el asesinato de Gaitán o de Pizarro. Esta asimetría es otra forma aristocrática de repartir la resistencia al poder, bien refinada por el poder centralizado desde hace milenios. En suma, luchar por expulsar toda politiquería de la UT es tan importante como luchar por la redistribución de la tierra y de la riqueza en Colombia.
Profesor Asociado de la UT
Imágenes de referencia: http://medios.ut.edu.co/
