ELSALMON - Revista

... Gracias por elegir la dirección contraria, la de el salmón, que frente a la corriente reinvindica la vida y la dignidad como principios supremos de una Colombia justiciera y soberana... ¿Calamar o Salmón? http://elsalmonurbano.blogspot.com

Crisis en la Universidad del Tolima: ¿en dónde está la salida?



|Por: Carlos Arturo Gamboa B.|

Un hámster atrapado en la rueda sigue caminando porque considera que la salida está próxima, sin darse cuenta que sus pisadas reproducen una agonía infinita de sin salidas. Si el hámster es capaz de entender la inutilidad de hacer girar la rueda, podría soñar en cambiar dicha lógica. Hace mucho rato que la Universidad del Tolima es la rueda que gira y gira sin parar, y el hámster es la comunidad. ¿En dónde está la salida?

El Ministerio de Educación. Amo y señor de las malas políticas educativas del país, solo querrá aprovechar el momento para diseñar una “prueba piloto” que les permita reconfigurar las universidades públicas. Recordemos que la Ley 1740 es una reformeta de la Ley30 de 1992, la cual creímos tumbar en el 2011, pero que ellos han venido implementando de manera soterrada. Tienen un gran aliado interno en la Universidad del Tolima y es el mismo rector, para la muestra su política de cobertura con calidad, acreditación institucional, excelencia académica, indicadores de gestión, publicaciones indexadas y demás conceptos propios de la política ministerial. Para ellos la culpa es de la comunidad, se excluyen ellos, excluyen al gobernador pasado y de turno y excluyen, por supuesto a su mejor heterónomo alumno: el rector.

La Gobernación. Presidida por Oscar Barreto, quien años atrás se negó a girarle las transferencias de ley porque el exrector Ramón Rivera Bulla le ganó la puja por la rectoría, hoy aparenta lavar la mancha del pasado y hacerse pasar por salvador de la Universidad. Su estrategia, la lenta espera. No quiere asumir el caos, no quiere invertir mayores esfuerzos económicos y políticos en una institución que se sospecha inviable. Considera que el Ministerio de Educación debe dar la pauta y determinar la dimensión de la crisis, posiblemente después de barrida la casa le interese organizar la fiesta. De dientes para fuera culpa al rector, de dientes para dentro guarda sus reservas. Culpa a la comunidad soterradamente, porque sabe que su mayor resistencia anida allí.

El rector. Reelegido en la turbulencia de una crisis que ocultó con un dedo (auspiciado por la ceguera oportuna de sus aliados), sabe la real dimensión de la debacle. Quiere implementar un plan de ajuste fiscal que de entrada no garantiza el largo aliento financiero que requiere la institución, por eso hoy clama porque la Universidad del Tolima ingrese en Ley 550, la misma que se aplicó por primera vez en la Universidad del Atlántico en el año 2005 y que después de una década de penurias, maltratos y desinstitucionalización, continúa teniendo dicha universidad en la esquina del abismo. Para el rector la culpa es “estructural”, es decir, no es suya, ni de su equipo; y la solución debe recaer en la comunidad en una suerte de “todos pongan” que yo organizó. Sin credibilidad, sin gobernabilidad y sin respaldo de sus antiguos aliados juega su carta maestra: llamar al papá Ministerio para que lo defienda.

La comunidad. Compuesta por tres volubles elementos (estudiantes, trabajadores y docentes), se mueve entre la culpa, la angustia y el deseo de aportar algo real a la salida. En sentido estricto, cada estamento son varios a la vez, se mueven al vaivén de sus intereses individuales y de pequeñas colectividades. Intentan unirse poniéndose de acuerdo en los intereses comunes, pero sospechan mutuamente unos de los otros, la historia de sus actuaciones está ahí en el retrovisor de la vida cotidiana. Saben que los misiles reformistas del Ministerio, de la Gobernación y del Rector apuntan hacia ellos, pero aún son incapaces de abandonar su lugar de enunciación para construir un proyecto mediado por las diferencias, pero robustecido por lo común. Las viejas prácticas tienen extensas raíces que deben ser cortadas.

Ante este panorama la única salida (no garantizada) es la construcción de una propuesta colectiva, lo más incluyente y universitariamente posible; dolorosa porque implica salir de los escenarios de confort y enfrentarnos a las otras dimensiones con los que se alimentan las crisis: la apatía, la componenda, la negociación soterrada, el privilegio, los amiguismos con el poder, la falta de compromiso con lo público y el respeto por la comunidad misma.
En ese camino todos hemos avanzado, unos más que otros, pero la ruta parece estar clara. Los trabajadores tienen sus diagnósticos y sus propuestas, los docentes han elaborado un documento juicioso en su primera versión, los estudiantes avanzan derribando los diques y empiezan a gestionar sus debates. Lograr un epicentro de estas ideas, cruzarlas, tamizarlas, ponerlas al desnudo y construir una propuesta de la comunidad, es hoy la única manera de evitar la predeterminación del MEN, el Gobernador y el Rector, esa tríada que origina la crisis y que hoy la descarga sobre la Universidad y sus actores.

Las crisis deben generar transformaciones, lo peor después de ellas es seguir instalados en el mismo lugar donde germinaron. Algo viejo debe morir para que lo nuevo pueda surgir.

Propuesta profesoral de reforma profunda de la Universidad del Tolima



Con una amplia participación de profesores de planta y representantes de catedráticos, y en el marco de comprometidas reflexiones y aportaciones técnicas, presentamos a la opinión pública regional y nacional, la siguiente propuesta de Reforma Profunda de la UT, con el único propósito de fortalecer nuestra institución, en el respeto innegociable a los procesos de enriquecimiento del saber y los valores morales

Este informe es el resultado del trabajo de las Comisiones académica, financiera y de austeridad, constituidas a partir de la Asamblea General de Profesores de la Universidad del Tolima, y los diversos debates y conclusiones resultantes de las sesiones de la misma asamblea. Sobre esos criterios, el informe se estructura de la siguiente manera: una aproximación al Contexto global de la educación superior, una reflexión sobre el marco nacional de la crisis universitaria: CESU, otro esfuerzo analítico sobre el Concepto de universidad: estructura, gobernanza y la función de los departamentos y las direcciones de programa, y otra reflexión sobre la Universidad en la región.

Para leer informe completo:

Sociología de la Calle. El diablo anda suelto; Cultura Rentista, corrupción y ascenso social





|Alexis Romero Salazar*|

Lo sabemos todos: el país exportador de petróleo recibe un cuantioso ingreso en divisas extranjeras, por el cual la sociedad toda entra en competencia; los actores sociales sin distinción –sectores financieros, comerciales, de la comunicación, de la construcción, de la política, profesionales del derecho, empresarios de la salud y la educación, militares, etc.- procuran colocarse en posición privilegiada en el circuito por donde aquellos recursos fluyen. En Venezuela ha sido así desde hace 100 años y hay casos emblemáticos de aventajados de los tiempos iniciales; por sólo mencionar un par: Eugenio Mendoza y Diego Cisneros cuyos nietos hoy son ubicados por la revista Fortune en los primeros lugares entre los hombres más ricos del mundo. De las últimas épocas se cuentan por miles quienes sacaron muy buen provecho de su relación con el Estado para la extracción de las divisas, como banqueros, constructores, que viven en Europa y los Estados Unidos disfrutando de inmensas fortunas. Y en tiempos del control de cambio se multiplicaron; legiones de personas fueron capaces de construir el entramado más poderoso para quedarse con ellas: las inefables Empresas de Maletín.

En todas las épocas los actores en competencia han requerido de sujetos colocados en diferentes niveles del Estado, que corrompiéndose favorezcan sus negocios. Ya eso es una tragedia, pero la peor la constituye el acostumbramiento de la sociedad a tal conducta, a todas luces delictiva; en total impunidad y sin sanción moral. Auténtico drama social que facilitó el perfeccionamiento de mecanismos perversos y la participación directa de los funcionarios en el tinglado aspirador de divisas y expropiador del dinero de los ciudadanos, mediante el montaje de un aparato supra-institucional, paralelo al Estado –aunque de su mismo seno-, que es verdaderamente con el cual la gente tiene que lidiar cotidianamente.

En medio de la naturalización de la indecencia y el delito, se hizo normal que personal de PDVSA diariamente despachara gandolas y barcos de gasolina a las mafias contrabandistas y lograra acuerdos millonarios con proveedores para pagos con sobreprecio de servicios o equipos facturados; se hizo normal que un funcionario del SENIAT llamara para informar que en la oficina hay por ejecutar una multa a la pequeña empresa y por 600 mil bolívares pueden llegar a un arreglo por fuera; se hizo normal que gente de CADIVI identificara a usuarios que tienen bloqueadas las tarjetas para consumos en el exterior para ofrecerles su activación con la colaboración de 20 mil bolívares. También fue normal que la Presidencia de los Abastos Bicentenario, de Mercal y PDVAL montaran sus propios negocios para el desvío de cargamentos de alimentos y por ese camino además se hizo normal que trabajadores y contratistas de CANTV despojaran de las líneas telefónicas a unos usuarios para vendérselas, por elevadísimo monto, a otros que se las requieren y que la gerente del Banco de Venezuela y su personal, en los operativos de registro de pensionados, funcionaran bajo las órdenes del paramilitarismo extorsionador, como si nada. Se hizo normal que el Policía Municipal y el Fiscal de Tránsito “bajen de la mula” a los conductores para eliminarles la multa. Normal entonces fue que para colocar a una persona de tercera edad en la nómina de los pensionados hubiese que pagar 60 mil bolívares a un funcionario que hace la cosa como si nada y que una pareja deba pagar 23 mil bolívares para ser incorporada a la lista y se le considere para la adjudicación de una vivienda. Normal que el funcionario policial o militar, la alcaldesa y el gobernador caminen frente de los ilegales pero visibles y públicos estantes repletos de víveres y no pase nada –a menos que sea el arreglo para permitirlo-. Es, en el marco de lo que llamo Ethos Marañero (1), la legitimación de una estructura delictiva, formada por forajidos de cuello blanco, que a la final, no tienen patria, ni partido.

El asunto más grave es que, aunque para muchos apenas sirve para “el resuelve” cotidiano de algunos, la corrupción se convirtió en el principal mecanismo de ascenso social: se actualizan estratos más altos y se recomponen los distintos estamentos de la clase media. Aparecen grupos de propietarios de bienes muebles e inmuebles de todo tipo y categorías: camionetas y carros, lanchas y hasta aviones y casas en exclusivos circuitos residenciales y hasta en el exterior. Cada uno se acomoda según el monto de las operaciones –marañas- que les posibilita el cargo; para algunos el llamado ascenso horizontal llega hasta una “Villa” en un sector privilegiado de la ciudad por unos 90 mil dólares y para otros significa trasladar a los suyos a un “Country” en condado de Miami por un par de millones. La familia sabe que se trata de recursos mal habidos, pero disfruta la situación, se hace cómplice y, peor aún, presiona por más, en una voracidad material que no tiene límites: exige más ropa de marca, nuevos carros o camionetas más grandes, más viajes, cirugías estéticas, etc. Para la ostentación; para mostrar en la calle, en la universidad, en el centro comercial, en los aeropuertos, en el gimnasio, en el salón de belleza.

Es la nueva subjetividad de una sociedad que, en virtud de mecanismos non santos, actualiza su estructura social en medio de cierta penuria económica; es la respuesta a las presiones del “estilo de éxito” del capitalismo, agravado por el rentismo petrolero: cada quien es según lo que pueda exhibir como propietario; en razón de ello será reconocido y privilegiado. Y es cultura, en tanto conjunto de valores y símbolos concretados en el modo de vida que llamo Ethos Sifrino (2) del subdesarrollo opulento. Todos quieren ser reconocidos, quieren mostrar lo que son, es decir lo que tienen; en “el ser”, en la esencia, lo que hay es vacío; lo que aparece es la banalidad, el faranduleo, la frivolidad. Como cultura impone representaciones e idearios sociales basados en un sentido común oportunista, atrasado y reaccionario.

El problema es que las visiones polarizadas nublan el entendimiento e impiden captar la dinámica social y minimizan el hecho de que tal novedad constituye una excrecencia; el diablo suelto al que hay que amarrar (3), porque también se metió en la mente y en el cuerpo de la inmensa legión de “Bachaqueros” (4). Es el resultado de la exaltación de un estilo de vida banal y de la corrupción; está en mujeres y hombres arrogantes, ostentosos, y echones; simultáneamente marañeros y sifrinos. Nada que ver con la modestia del sujeto de la sociedad transformada, seguramente con ciertas limitaciones económicas, pero lleno de sueños y realizaciones; lo más importante, rodeado de afecto.

* Secretario Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Sociología


Referencias

(1) De “Maraña”; en Maracaibo la acción no convencional de viveza para lograr recursos o beneficios, sin mayor esfuerzo.

(2) En Venezuela se usa la palabra “Sifrino” para catalogar a gente que se cree mejor que los otros, pero son cursis y viven superficialmente.

(3) Seguramente Don Heraclio Hernández no estaba pensando en una cosa tan fea cuando compuso la sublime melodía a la que puso ese título.

(4) En Venezuela se dice despectivamente a personas que se dedican a extraer los alimentos y oros bienes del comercio formal para que sea sacado del país o revender en la red ilegal que opera en todas las ciudades. Hacen largas colas generalmente en medio del sol.

Todo lo sólido se desvanece en las urnas



Sería maravilloso que el poder que nace de la organización/movilización popular se viera potenciado y retroalimentado por la participación electoral. La realidad dice lo contrario.

|Raúl Zibechi / LA JORNADA|

Hace cuatro décadas, el intelectual y militante peruano Alberto Flores Galindo desgranaba su opinión sobre las elecciones, en un breve comentario a propósito de los resultados de las votaciones para la Asamblea Constituyente, en las que el dirigente campesino-indígena Hugo Blanco obtuvo 30 por ciento de los sufragios, en junio de 1978.

“El voto universal, individual y secreto ha sido una invención genial de la burguesía. El día de una votación las clases y grupos sociales se disgregan en una serie de individuos que dejan de pensar colectivamente, como sí ocurre en las huelgas, las manifestaciones o cualquier otro acto de protesta, y en la ‘cámara secreta’ emergen entonces las dudas, los temores, las incertidumbres que llevan a optar por lo establecido, por el pasado y no por el cambio” ( Obras Completas, tomo V, Lima, 1997, p. 89).

Flores Galindo fue uno de los más consecuentes y notables pensadores en los años 70 y 80, cuando el Perú estaba atenazado entre la violencia estatal y la de Sendero Luminoso, en una guerra que tuvo un costo de más de 70 mil muertos. Su investigación Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes, publicada en 1986, obtuvo el Premio Ensayo de Casa de las Américas en Cuba. Fue fundador de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, que agrupó a buena parte de la intelectualidad de la época, y militó en el Partido Unificado Mariateguista, al que también pertenecía Hugo Blanco.

Su breve reflexión sobre las elecciones tiene gran actualidad y muestra la crisis del pensamiento crítico. En primer lugar, permite distinguir entre las libertades democráticas y el hecho de fundar una estrategia política en la participación electoral. Si las libertades fueron conquistadas por largas y potentes luchas colectivas de los oprimidos, las elecciones son el modo de dispersar esa potencia plebeya.

En segundo lugar, no critica la participación electoral, sólo advierte sobre el hecho incontestable de que se trata de jugar en el terreno de las clases dominantes. No esgrime un juicio ideologizado, sino centrado en cómo el sistema electoral disgrega a los de abajo en una miríada de individuos aislados que, al estar atomizados, dejan de ser una fuerza social para entregarse a la manipulación de los poderes del sistema. El pensamiento colectivo que emerge en las acciones populares deja paso a la individualización, en la que siempre se imponen miedos y prejuicios.

Sería necesario desarrollar ambos argumentos. Por un lado, la reflexión de Flores Galindo conecta con la de Walter Benjamin en su Tesis sobre la historia, cuando asegura: El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate (Tesis XII). No es un tema menor. En el recodo de la historia que le tocó vivir, Benjamin entendió que si los oprimidos no están organizados, son incapaces de comprender el mundo, están ciegos y son presa del modo de ver de los poderosos. El problema no son los medios del sistema (y vaya que son un problema), sino nuestra incapacidad de organizarnos, que es el modo de ser nosotros, o sea colectivos que combaten y, por tanto, comprenden.

El problema de lo electoral consiste, a mi modo de ver, en fundar una estrategia de cambios en la participación en elecciones, en la llamada acumulación de fuerzas que se resume en sumatoria de votos. En nuestro continente hemos asistido a una sucesión de luchas muy potentes capaces de desplazar gobiernos conservadores, que poco después se disuelven en las urnas, instalando otros gobiernos –a veces mejores, otras veces peores– que suplantan la acción colectiva y la organización de los de abajo.

La mayor parte de los partidos comunistas focalizaron su actuación en una estrategia de este tipo, colocando la organización popular a remolque de la acumulación electoral. Con el tiempo, esa estrategia se generalizó y se convirtió, después de la caída del socialismo real y de las derrotas de las revoluciones centroamericanas, en el modo de acción único de las izquierdas institucionales.

La individualización a través del voto tiene varias consecuencias nefastas. Además de la mencionada por Flores Galindo, la disolución o neutralización de la organización colectiva, aparece otra: en el proceso de trocar lo colectivo en individual se facilita la cooptación de los dirigentes porque en estos procesos se autonomizan las bases, algo prácticamente inevitable cuando se convierten en representantes. El sujeto se disuelve cuando impera la lógica de la representación, ya que sólo es posible representar lo que está ausente.

Sin embargo, el voto universal, individual y secreto reviste de legitimidad a los elegidos, y esa es la genialidad que denuncia el peruano. Cuando los gobiernos de las clases dominantes se sienten acorralados, como le sucedió al presidente Eduardo Duhalde en junio de 2002 en Argentina, ante una potente arremetida popular, convocan a elecciones como forma de dispersar los poderes de abajo. Es un dispositivo de vigilancia y control que consiste, como aseguraba el propio Duhalde, en sacar a la gente de la calle para devolverla a sus casas y sentarla frente a los televisores.

Porque la lógica del elector y la del televidente es la misma: al poder no le importa lo que cada quien piensa, siempre que lo haga en la soledad de su casa, sentenció en algún momento Noam Chomsky. El problema para los de arriba, por tanto, es la acción y la reflexión colectivas.

Sería maravilloso que el poder que nace de la organización/movilización popular se viera potenciado y retroalimentado por la participación electoral. La realidad dice lo contrario, como podemos apreciar en todos los procesos, y estos días de modo especial en el Estado español, donde los electores de Podemos contemplan cómo sus elegidos negocian en nombre de quienes los eligieron, pero cada vez más distantes de ellos. La actividad institucional que se deriva de los procesos electorales termina por desplazar del centro del escenario a las organizaciones de los de abajo.

El negocio del zika y los mosquitos transgénicos



SILVIA RIBEIRO* / LA JORNADA -Los datos en los que se basa la declaración de emergencia internacional por el virus zika son sorprendentes. No por los riesgos que la expansión que este virus implicaría, sino por la falta de evidencias para motivar tan grandilocuente declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante una enfermedad leve, con muy escasos indicios de conexión con dolencias más serias y sin pruebas científicas de ello. Para suplir estas ausencias, agrega que como el vector de la enfermedad –el mosquito Aedes aegypti– es también vector de dengue y chikungunya, se está atacando las tres.

Este contexto alarmista, enfocado en aspectos singulares –el ataque al vector, aislado de sus causas– favorece enfoques estrechos, erróneos e incluso peligrosos. Por ejemplo, la empresa Oxitec, que ha hecho controvertidos experimentos con mosquitos transgénicos, los promueve ahora como solución (en realidad como negocio) ante la expansión de zika, obviamente sin mencionar los riesgos que conlleva y que los mosquitos transgénicos podrían incluso empeorar la situación.

Oxitec ya realizó experimentos de liberación de mosquitos transgénicos en Islas Caymán, Malasia, Panamá y Brasil. Intentó hacerlo en Europa, que no lo permitió por razones de bioseguridad y estudios de impacto deficientes. Encontró regulaciones flexibles en Brasil, donde ha hecho experimentos en el noreste, aunque no pudo conseguir la autorización de Anvisa, autoridad sanitaria de ese país. Su técnica es producir Aedes aegypti transgénicos manipulados con un gen letal condicional, que no se expresa si se aplica el antibiótico tetraciclina, lo cual hacen durante la cría. Luego los liberan para cruzarse con mosquitos silvestres, que si no encuentran el antibiótico, producirían descendencia estéril.

Oxitec reporta una reducción de 80-90 por ciento de la población de mosquitos en las zonas de experimento. Pero según documentados informes de Edward Hammond, Red del Tercer Mundo y de GeneWatch, la realidad es muy distinta.

En un informe de 2015, GeneWatch explica que la disminución de mosquitos no está probada, porque los mosquitos silvestres se pueden haber sencillamente trasladado a zonas aledañas. Los resultados de Islas Caymán sugieren que la técnica es muy ineficaz, ya que usaron 2.8 millones de mosquitos por semana para combatir una población silvestre de 20 mil mosquitos y de todas maneras, aunque informaron una baja en la zona de liberación, hubo un aumento de la población de mosquitos en zonas vecinas. Pero además, aunque provisoriamente bajara la cantidad de mosquitos, no existe evidencia, en ninguna parte del mundo, de que los mosquitos transgénicos hayan reducido la incidencia de dengue ni otras enfermedades.

Por el contrario, una de las preocupaciones sobre los impactos de los mosquitos transgénicos, particularmente en zonas endémicas, es que la disminución temporal, pueda bajar la resistencia cruzada a varios serotipos del dengue que existe en esas poblaciones, favoreciendo el avance de formas más agresivas como dengue hemorrágico. Además, el desplazamiento de Aedes aegypti puede favorecer la expansión de trasmisores rivales, en el caso del dengue, del Aedes albopictus, que es más difícil de erradicar.

GeneWatch nombra también que Oxitec no ha presentado pruebas de que la proteína que expresan los mosquitos transgénicos, llamada tTA, no tenga efectos alergénicos o tóxicos en animales o humanos, pese a que ya se ha observado toxicidad y neurotoxicidad en ratones.

Desde 2015 Oxitec pasó a ser propiedad de Intrexon, empresa de biología sintética estadunidense, por lo que podría estar considerando el uso de tecnologías de biología sintética con mosquitos, más riesgosas, como el uso de conductores genéticos (gene drives) que podrían modificar toda una población de mosquitos en una o dos generaciones. Las consecuencias de modificar toda una especie tendría implicaciones imprevisibles, incluyendo impactos potenciales serios en el ecosistema y mutaciones en los agentes de las enfermedades. Ya existen experimentos confinados de modificación de insectos con esta técnica en universidades de Estados Unidos, lo que motivó una alerta de científicos sobre los altos riesgos de esta tecnología, incluso su potencial uso como arma biológica. (The Independent, 2/8/15) Sin embargo, en aguas de la emergencia por el zika, aumentan la propaganda y presiones para usar esta tecnología.

Son remiendos técnicos estrechos, concebidos más como negocio que para enfrentar realmente los problemas. Además de los impactos que conllevan, desvían la consideración de las causas y atrasan su atención real.

Según datos oficiales al 2/2/16, se han confirmado 404 casos de microcefalia en Brasil. Solamente 17 tenían el virus zika. Es apenas 4.2 por ciento de los casos confirmados y sólo muestra que el virus estaba presente, no que fuera causante de microcefalia, anomalía que tiene un amplio espectro de causas posibles, como exposición durante el embarazo a tóxicos, desnutrición y otras infecciones, todos factores de alta incidencia entre la población pobre del noreste, donde están 98 por ciento de los casos referidos.
La Asociación Brasileña de Salud Colectiva publicó una excelente nota técnica y carta abierta al pueblo, notando que el aumento de microcefalia se puede deber al uso de insecticidas y larvicidas que se colocan en el agua potable (¡!), cuya concentración aumentó en el noreste en el periodo en cuestión, debido al racionamiento de agua por sequías inesperadamente más intensas que lo normal. Exigen una consideración amplia de las causas de microcefalia, en una estrategia decidida con la gente, desde sus condiciones, que al contrario de esos enfoques técnicos de alto riesgo, es la única forma efectiva de enfrentar las epidemias.

*Investigadora del Grupo ETC

“Más solución, menos represión”: vendedores Ambulantes Informales de Facatativá



Vendedores informales pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinaltrainal Seccional Facatativá y el Comité Único de Vendedores Informales de Facatativá, se reunieron el pasado 03-FEB-16 en la CASA DE MAÍZ con el fin de tratar las políticas municipales respecto a persecución a vendedores informales del municipio, las cuales no han permito que este sector ingrese al parque principal del municipio para realizar su actividad comercial, sin dar una alternativa económica a estos Facatativeños en su gran mayoría personas de la tercera edad y discapacitados quienes viven de la venta de productos de refrigeración y dulces; Así mismo se habló de la falta de una solución seria, de fondo y digna que ha caracterizado las dos últimas administraciones en cabeza de los ex alcaldes OSCAR SACHEZ y ORLANDO BUITRAGO, lo que origina que se haga públicamente un respetuoso llamado al señor PABLO MALO GARCIA Alcalde actual de nuestro municipio para que atienda la necesidad y llamado al dialogo tal cual como se solicita desde el 01-FEB-2016 y recibido por  administración bajo el radicado 2016-PQR1049, con el fin de llevar a cabo una reunión de carácter urgente, bajo parámetros respetuosos para tratar el tema y buscar una solución que no vulnere los derechos Humanos, fundamentales tales como el derecho al trabajo y otros de este sector informal.

Por lo anterior estaremos a la espera de su digna respuesta a fin de presentar las propuestas que llevamos realizando más de 8 años ante las últimas administraciones, confiando que bajo su mandato se darán los pasos necesarios y serios para la solución a esta problemática social que simplemente como ya se ha dicho, es el resultado de la falta de oportunidades, esperando no sean implantadas en nuestro municipio políticas  y actuares que pequeños burgueses acompañado de conductas inhumanas como lo ha realizado el alcalde de Bogotá ENRIQUE PEÑALOSA, lo que originaría movilización social en nuestras calles y frente a la Alcaldía municipal, derecho a la protesta que concede nuestra constitución y del cual haremos uso si este sector no es escuchado.

Cabe recordar que compañeros y compañeras quienes laboran en la calle bajo el agua y el sol con el fin de buscar el sustento diario para sus familias, no lo hacen por voluntad propia, sino por políticas estatales de desigualdad implantadas  en nuestra nación, aspectos que los obligan a buscar el sustento diario para sus familias  de manera informal.

Porque el sector de comercio informal y ambulante merece respeto y oportunidades!

Movimiento Popular Regional – Sinaltrainal Seccional Facatativá - Comité Único de Vendedores Informales de Facatativá C.U.V.I.F.

COMUNICADO DE ASAMBLEA 03-FEB-2016

Colombia: Del imponente río Magdalena a un lago sin vida



El río Magdalena es el más caudaloso del país, en sus partes altas maneja un caudal de entre 300 y 500 metros cúbicos por segundo, especialmente en la parte donde la hidroeléctrica se encuentra en funcionamiento. La construcción de esta hidroeléctrica hizo que el río se convirtiera en un embalse y por ende que su ecosistema se transformase, y hoy es en efecto, un simple lago en el que no hay vida ni un ecosistema sustentable.

Por Xiomara Taborda

Muy pocas veces nos hemos realmente preguntado qué es lo que pasa con la hidroeléctrica El Quimbo, más por falta de información veraz y efectiva que por la ausencia de un interés sobre el tema. ¿Y es que quién no ha visto el río Magdalena?

El río Magdalena es el río más caudaloso del país, en sus partes altas tiene un caudal de entre 300 y 500 metros cúbicos por segundo, especialmente en la parte donde la hidroeléctrica se encuentra en funcionamiento. La construcción de esta hidroeléctrica hizo que el río se convirtiera en un embalse y por ende que su ecosistema se transformase, y hoy es, en efecto, un simple lago en el que no hay vida ni un ecosistema sustentable.

Esta transformación y encierro de las aguas del río más importante del país se le debe agradece al gobierno de Juan Manuel Santos, la corporación trasnacional ENEL Endesa y a los accionistas privados (en ningún caso a los bogotanos como afirmó Enrique Peñalosa, saliendo al paso en defensa de los ’bogotanos’ que representa. En: 
Peñalosa advierte que bogotanos perderían recursos por orden de apagar El Quimbo) que en nombre de Empresas de Energía de Bogotá adquirieron el 14.07% de las acciones del Quimbo [1].

La resistencia por parte de la comunidad en contra del desvío del río para la construcción de la hidroeléctrica no se hizo esperar y se manifestaron legal y cívicamente, recibiendo como respuesta del gobierno una represión sin precedentes y por parte de los medios de comunicación masiva el silencio y la estigmatización que desde las altas esferas gubernamentales se ordenaba.

Siendo el río un ecosistema, su desvío y la construcción de la hidroeléctrica provocó la extinción de varias especies, de igual manera cambios en el clima de la región del sur occidente del Huila que afectó la vida de las poblaciones y comunidades que vivían cerca del mismo. A pesar de la resistencia por parte de las comunidades, en 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos defendió su construcción y EMGESA la empresa constructora se encargó de hacer ver a los colombianos el encierro del río para la construcción de la hidroeléctrica como un hecho poco devastador [2].

Lo cierto es que las autoridades colombianas se han quedado resagadas en el seguimiento y control a las acciones emprendidas por la corporación extranjera en territorio nacional. Si bien en 2012 la Contraloría General de la Nación ordenó ’la apertura de un proceso por responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió durante la expedición de la misma’ [3], no se ha encontrado avance sobre la orden que la ex contralora Sandra Morellí realizó.

Por el contrario, la negligencia por parte de las autoridades colombianas para defender el patrimonio nacional en favor de grandes corporaciones como EMGESA se hace evidente en el último mes. Resulta que a mediados del año pasado y sin previo aviso a las autoridades locales, la corporación extranjera comenzó el llenado de la represa, con autorización de la ANLA, aun cuando no cumplía con los requisitos expuestos en la licencia. Lo que sucedió básicamente fue que para llenar el embalse, EMGESA debía retirar del mismo toda la biomasa (material vivo o vegetación) que se encontrara allí para evitar daños al medio ambiente, las comunidades que en las partes altas del río viven junto y de sus aguas. La corporación trasnacional no lo hizo y comenzó el llenado. Así lo registró Noticias Uno:

Por ese nefasto hecho, marcado por la irresponsabilidad de la corporación trasnacional y la complacencia de varias instituciones del Estado, fue apagada la hidroeléctrica el 18 de diciembre de 2015 gracias a las medidas cautelares interpuestas por el magistrado, Ramiro Aponte Pino, con el propósito de prevenir mayores daños ambientales y sociales en la región y a la medida cautelar que el Tribunal Administrativo del Huila interpuso contra la multinacional, en la que advierte que la represa no puede generar energía hasta que no se haya retirado la totalidad de desechos forestales y la biomasa que dejó la tala en más de mil hectáreas inundadas.

No pasó ni siquiera un mes para que el descaro y la doble moral del gobierno de Juan Manuel Santos hiciera su reaparición en defensa de los grandes intereses trasnacionales, en detrimento de lo público, de lo que pertenece a todos los colombianos. El presidente colombiano haciendo gala de un cinismo característico ya, alegó su preocupación e interés por "evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo", interponiendo una tutela ante un juez de Neiva para el reinicio de operaciones, olvidando que cuando la Controlaría en 2012 alegaba con razón los daños ambientales, sociales y económicos, el presidente se dedicó a guardar silencio y en nombre de los colombianos y en especial de los habitantes del Huila no hizo nada por defender lo que ahora si sale a capa y espada a resguardar por intereses foráneos. Hoy acudió a todos esos argumentos para que la hidroeléctrica volviera a funcionar y así no más comenzó su operación nuevamente y de manera irresponsable.

¿Cuáles son las verdades afectaciones?

Tras consecuencias como las que sufre el municipio de Hobo en el Huila, que se quedó con la ’Prosperidad Para Todos’, representada en la destrucción del 100 por ciento de la pesca artesanal y las órdenes de desalojo para la comunidad de su hábitat, emitidas desde arriba para la construcción de la represa [4]. Hoy por el cierre de la represa y el incumplimiento de la licencia ambiental por parte de EMGESA las aguas del antiguo río Magdalena y hoy embalse de El Quimbo son de muy mala calidad.

Es importante tener claro que en la actualidad la cuenca alta del río Magdalena está regulada por dos embalses Betania y, a partir del 2015, El Quimbo. Quiere decir que el río es transformado y modificado dependiendo del funcionamiento de estos dos nuevos cuerpos de agua que fueron construidos inicialmente para la generación eléctrica. En el caso de Betania, años después fue considerado multipropósito con el fin de desarrollar actividad piscícola; entonces, hay nuevas condiciones ambientales que generan transformación en todo el ecosistema del Magdalena, en la parte alta dentro del Huila [5].

Según el investigador Santiago Duque "Es un hecho que las aguas que el día de hoy está liberando por descarga de fondo, es agua de mala calidad, eso implica que aguas abajo se está generando una problemática social y ambiental muy fuerte sobre pobladores y pescadores, que viven en ese tramo de 14 kilómetros. También es cierto que los volúmenes de agua y las concentraciones de oxígeno que deberían estar llegando al embalse de Betania están disminuidas, pero también hicimos un estudio en Betania antes del cierre de compuertas y llenado del embalse de El Quimbo, y ya el embalse de Betania mostraba condiciones significativamente con mal manejo, es decir, deterioro significativo de las aguas." [6]

Lo anterior es el preámbulo según el investigador de un panorama nada favorable aguas abajo, en especial para los siete municipios que colindan con el embalse, puesto no se sabe a ciencia cierta como se encuentran sus plantas de tratamiento para el agua potable, que francamente viendo la situación en materia de servicios públicos en el país no debe ser muy buena, degeneraría en una crisis humanitaria aun más fuerte que terminaría sumándose a otra crisis ambiental, reforzada por los gases efecto invernadero que generan tanto la represa de Betanía como la del Quimbo, en especial la segunda con la biomasa que por negligencia de la trasnacional no se retiró oportunamente. Y luego nos estamos preguntando el porqué del fenómeno del niño y seguramente después el gobierno estará echándole la culpa también al fenómeno de la niña por sus constantes incompetencias en el manejo ambiental del país.

En un gobierno que poco o nada ha tomado en cuenta las decisiones y opiniones de las comunidades poco se puede esperar que tome en cuenta la de las autoridades competentes y no hablamos precisamente de la ANLA. Las decisiones alrededor de El Quimbo, han sido tomadas en escritorios, tribunales y juzgados que si bien tienen poder adjudicado o inherente, no necesariamente son fuente de legitimidad y razón para la toma de buenas decisiones. Así lo deja entre ver Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra, quién al ser consultada por El Espectador, argumenta lo siguiente: “En la apertura, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momento, como la de retirar por completo la biomasa. Y en el cierre el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam, que tiene entre su equipo a excelentes profesionales cuyo trabajo está entre los mejores del mundo, ni siquiera fue consultado” [7].

En Colombia están dañando nuestros ecosistemas, se está mal administrando el recurso natural y al final los que terminan pagando las consecuencias son los seres vivos que habitan las regiones del país, que hoy por hoy se debaten entre la soberanía ambiental y el olvido del Estado que se enmarca en pocas fuentes del recurso más preciado para la humanidad, el agua.

Notas

[1] Desmantelar el Quimbo. En; ver aquí.

[2] "tener una licencia ambiental, diseñar las medidas de contingencia ecológica, actividades de arqueología preventiva, estudios previos que consideran la zona como “segura” para la realización de la obra, compatibilidad del megaproyecto con actividades como la piscicultura y el turismo y, además, inversiones por 143 millones de dólares para la compensación socioambiental, el reasentamiento y la restitución de la actividad productiva y económica de los pobladores, con base en un censo que tomó dos años realizar" Las protestas en el Quimbo. En: ver aquí.

[3] Desmantelar el Quimbo. En; ver aquí.

[4] Ibíd.

[5] El agua de El Quimbo es muy mala. Carlos J. Murcia. En: http://www.lanacion.com.co/index.ph...

[6] Ibíd.

[7] Las preguntas detrás del Quimbo. Sergio Silva Numa. En: http://www.elespectador.com/noticia...

Fuente: Prensa Rural

Colombia es un caso agudo de extractivismo en América Latina



|UNIMEDIOS|

La gran extracción de minerales e hidrocarburos en Colombia anuncia una crisis ecológica de la que poco se tiene conciencia y que afectaría las aguas y demás recursos naturales necesarios para la supervivencia de muchas comunidades. 

Catalina Toro Pérez, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, advirtió que “el caso de Colombia es emblemático porque es el más agudo; es donde más conflictos sociambientales por extractivismo se dan en América Latina”. 

La académica afirmó que son muchos los procesos extractivos a gran escala los que se realizan en el país, entre los que se podría enumerar la agroindustria y la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, destaca que “bajo las políticas de confianza inversionista y seguridad democrática durante el Gobierno Uribe, aumentaron de manera considerable los niveles de inversión y ganancia de capitales extranjeros”.

Precisamente, en una de sus publicaciones titulada Geopolítica energética: minería, territorio y resistencia sociales, la inversión extranjera directa dirigida a la actividad minera y de los hidrocarburos en Colombia aumentó su participación al pasar del 21 % al 82 % entre los años 2000 y 2009, pero en 2010 alcanzó el 85 %”.

Esto ha significado que en más del 75% del territorio nacional, el Gobierno ofreciera títulos mineros que se han hecho efectivos para adelantar proyectos de exploración. Sin embargo, la experta Toro Pérez señaló que este proyecto extractivista lo han mantenido todos los gobiernos, “porque una vez terminaron los dos períodos de Uribe, la locomotora energética inició en el de Santos, y ahora estamos en fase de ampliación de lo que en el gobierno Uribe se llamó la confianza inversionista”.

Aunque es necesaria la extracción de ciertos recursos para el funcionamiento de las sociedades, la docente aclaró que “cuando hablamos de extractivismo estamos refiriéndonos a una escala gigantesca de extracción de materiales que devora poblaciones, ecosistemas y que es absolutamente destructora. Esto no se puede justificar porque la población latinoamericana no es la que usa estos recursos, sino que van para el consumo externo”.

Colombia, además, vive una situación particular, pues “el modelo extractivo agudiza el conflicto y este empeora el extraccionismo. Lo que es claro es que seguimos en guerra y el modelo extractivista está profundizando el conflicto y las disputas en los territorios. Si no se aborda la discusión sobre este modelo extractivista, no será posible la paz para los territorios”, dijo Toro.

Panorama desalentador

El panorama en el resto de Latinoamérica y el Caribe tampoco es alentador. El fracking se ha posicionado como una de las prácticas más agresivas con el medioambiente. El argentino Enrique Viale, abogado ambientalista, explicó que “esta nueva técnica de fracturación hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales es altamente invasiva, contaminante y experimental”.

Son pocas las reservas minerales que quedan en el mundo, por lo que el fracking le apunta a explotar los no convencionales, “que son los que se encuentran en la roca madre y que son mucho más difíciles de extraer. Hay que fracturar hidráulicamente la roca y usar muchos químicos y agua para extraer una poca cantidad de producto”, amplió.

Más aún, toda esta actividad extraccionista afecta de manera directa el ambiente y el clima. “Las cuentas que planteaba la Cumbre de Cambio Climático en Kioto han cambiado. Se estaba proyectando que la temperatura iba a subir dos grados de aquí al 2020, pero ya se está pronosticando que va a subir ocho grados y que el mar puede llegar a subir hasta 10 metros, lo que significaría para una isla como San Andrés casi su desaparición”, dijo por su parte Toro.

Así, los investigadores, académicos, abogados y ambientalista que se reunieron en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso) realizada en Medellín, coincidieron en señalar que es necesaria una lucha conjunta mundial para hacerle frente a estas prácticas agresivas con el medioambiente.

El abogado Viale concluyó que “el mundo no puede depender de los combustibles fósiles, la locomotora energética debería enfocarse en empezar el camino hacia las energías renovables. El mundo tiene la tecnología necesaria pero el camino es transicional y esa transición tiene que incluir un cambio cultural”.

Unimedios, Bogotá.

Fuente: http://www.polodemocratico.net/noticias/nacionales/9356-colombia-es-un-caso-agudo-de-extractivismo-en-america-latina

“Google sabe todo de ti”: Ignacio Ramonet *



En nuestra vida cotidiana dejamos constantemente rastros que entregan nuestra identidad, dejan ver nuestras relaciones, reconstruyen nuestros desplazamientos, identifican nuestras ideas, desvelan nuestros gustos, nuestras elecciones y nuestras pasiones. Incluso, las más secretas. A lo largo del planeta múltiples redes de control masivo no paran de vigilarnos. En todas partes, alguien nos observa a través de nuevas cerraduras digitales. El desarrollo del Internet de las cosas (Internet of things) y la proliferación de aparatos conectados multiplican la cantidad de chivatos de todo tipo que nos cercan. En Estados Unidos, por ejemplo, la empresa de electrónica Vizio, instalada en Irvine, California, principal fabricante de televisores inteligentes conectados a Internet, ha revelado recientemente que sus televisores espiaban a los usuarios por medio de tecnologías incorporadas en el aparato.

Los televisores graban todo lo que los espectadores consumen en materia de programas audiovisuales, tanto los programas de las cadenas por cable como DVD, paquetes de acceso a Internet o consolas de videojuegos. Por tanto, Vizio puede saber todo sobre las selecciones que sus clientes prefieren en materia de ocio audiovisual. Y, consecuentemente, puede vender esa información a empresas publicitarias que, gracias al análisis de los datos acopiados, conocerán con precisión los gustos de los usuarios y estarán en mejor situación para tenerlos en el punto de mira.

Esta no es, en sí misma, una estrategia diferente de la que, por ejemplo, Facebook y Google utilizan habitualmente para conocer a los internautas y ofrecerles publicidad adaptada a sus supuestos gustos. Recordemos que en la novela de Orwell, 1984, los televisores –obligatorios en cada domicilio– ven a través de la pantalla lo que hace la gente (¡Ahora podemos veros!). Y la pregunta que plantea hoy la existencia de aparatos tipo Vizio es saber si estamos dispuestos a aceptar que nuestro televisor nos espíe.

Si lo juzgamos por la denuncia interpuesta en agosto de 2015 por el diputado californiano Mike Gatto contra la empresa sudcoreana Samsung, parece que no. La compañía era acusada de equipar sus nuevos televisores con un micro oculto, capaz de grabar las conversaciones de los telespectadores sin que éstos lo supieran y transmitirlas a terceros… Mike Gatto, quien preside la Comisión de Protección del Consumidor y de la Vida Privada del Congreso de California, presentó incluso una iniciativa de ley para prohibir que los televisores pudieran espiar a la gente.

Por el contrario, Jim Dempsey, director del centro Derecho y Tecnologías, de la Universidad de California en Berkeley, piensa que los televisores chivatos van a proliferar: La tecnología permitirá analizar los comportamientos de la gente. Y esto no sólo interesará a los anunciantes. También podría permitir la realización de evaluaciones sicológicas o culturales que, por ejemplo, interesarán también a las compañías de seguros. Sobre todo teniendo en cuenta que las empresas de recursos humanos y de trabajo temporal ya utilizan sistemas de análisis de voz para establecer un diagnóstico sicológico inmediato de las personas que les llaman por teléfono en busca de empleo.

Repartidos un poco por todas partes, los detectores de nuestros actos y gestos abundan alrededor de nosotros; incluso, como acabamos de ver, en nuestro televisor: sensores que registran la velocidad de nuestros desplazamientos o itinerarios; tecnologías de reconocimiento facial que memorizan la impronta de nuestro rostro y crean, sin que lo sepamos, bases de datos biométricos de cada uno de nosotros. Por no hablar de los nuevos chips de identificación por radiofrecuencia (Rfid), que descubren automáticamente nuestro perfil de consumidor, como hacen ya las tarjetas de fidelidad que generosamente ofrecen la mayoría de los grandes supermercados (Carrefour, Alcampo, Erozki) y marcas (FNAC, Corte Inglés).

Ya no estamos solos frente a la pantalla de nuestro ordenador. ¿Quién ignora a estas alturas que son examinados y filtrados los mensajes electrónicos, las consultas en la red, los intercambios en las redes sociales? Cada clic, cada uso del teléfono, cada utilización de la tarjeta de crédito y cada navegación en Internet suministra excelentes informaciones sobre cada uno de nosotros, que se apresura a analizar un imperio en la sombra al servicio de corporaciones comerciales, empresas publicitarias, entidades financieras, partidos políticos y autoridades gubernamentales.

El necesario equilibrio entre libertad y seguridad corre, por tanto, el peligro de romperse. En la película de Michael Radford, 1984, basada en la novela de George Orwell, el presidente supremo, llamado Big Brother, define así su doctrina:La guerra no tiene por objetivo ser ganada, su objetivo es continuar, y la guerra la hacen los dirigentes contra sus propios ciudadanos y tiene por objeto mantener intacta la estructura misma de la sociedad. Dos principios que, extrañamente, hoy están a la orden del día en nuestras sociedades contemporáneas. Con el pretexto de tratar de proteger al conjunto de la sociedad, las autoridades ven en cada ciudadano un potencial delincuente. La guerra permanente (y necesaria) contra el terrorismo les proporciona una coartada moral impecable y favorece la acumulación de un impresionante arsenal de leyes para proceder al control social integral.

Y más teniendo en cuenta que la crisis económica aviva el descontento social que, aquí o allí, podría adoptar la forma de motines ciudadanos, levantamientos campesinos o revueltas en los suburbios. Más sofisticadas que las porras y las mangueras de las fuerzas del orden, las nuevas armas de vigilancia permiten identificar mejor a los líderes y ponerlos anticipadamente fuera de juego.

Habrá menos intimidad, menos respeto a la vida privada, pero más seguridad, nos dicen las autoridades. En nombre de ese imperativo se instala así, a hurtadillas, un régimen securitario al que podemos calificar de sociedad de control. En la actualidad el principio del panóptico·se aplica a toda la sociedad. En su libro Surveiller et punir, el filósofo Michel Foucault explica cómo el panopticon (el ojo que todo lo ve) es un dispositivo arquitectónico que crea una sensación de omnisciencia invisible y permite a los guardianes ver sin ser vistos dentro de una prisión. Los detenidos, expuestos permanentemente a la mirada oculta de los vigilantes, viven con el temor de ser pillados en falta, lo cual les lleva a autodisciplinarse… De ahí podemos deducir que el principio organizador de una sociedad disciplinaria es el siguiente: bajo la presión de una vigilancia ininterrumpida, la gente acaba por modificar su comportamiento. Como afirma Glenn Greenwald: Las experiencias históricas demuestran que la simple existencia de un sistema de vigilancia a gran escala, sea cual fuere la manera en que se utilice, es suficiente por sí misma para reprimir a los disidentes. Una sociedad consciente de estar permanentemente vigilada se vuelve enseguida dócil y timorata.

Hoy día el sistema panóptico se ha reforzado con una particularidad nueva en relación con las anteriores sociedades de control que confinaban a las personas consideradas antisociales, marginales, rebeldes o enemigas en lugares de privación de libertad cerrados: prisiones, reformatorios, manicomios, asilos, campos de concentración… Sin embargo, nuestras sociedades contemporáneas de control dejan en libertad aparente a los sospechosos (o sea, a todos los ciudadanos), aunque los mantienen bajo vigilancia electrónica permanente. La contención digital ha sucedido a la contención física.

A veces, esta vigilancia constante también se lleva a cabo con ayuda de chivatos tecnológicos que la gente adquiere libremente: ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, abonos de transporte, tarjetas bancarias inteligentes, tarjetas comerciales de fidelidad, localizadores GPS, etcétera. Por ejemplo, el portal Yahoo!, que consultan regular y voluntariamente unos 800 millones de personas, captura una media de 2 mil 500 rutinas al mes de cada uno de sus usuarios. En cuanto a Google, cuyo número de usuarios sobrepasa los mil millones, dispone de un impresionante número de sensores para espiar el comportamiento de cada usuario: el motor Google Search, por ejemplo, permite saber dónde se encuentra el internauta, lo que busca y en qué momento. El navegador Google Chrome, megachivato, envía directamente a Alphabet (empresa matriz de Google) todo lo que hace el usuario en materia de navegación. Google Analytics elabora estadísticas muy precisas de las consultas de los internautas en la red. Google Plus recoge información complementaria y la mezcla. Gmail analiza la correspondencia intercambiada, lo cual revela mucho sobre el emisor y sus contactos. El servicio DNS (Domain Name System, o Sistema de Nombres de Dominio), de Google, analiza los sitios visitados. YouTube, el servicio de videos más consultado del mundo, que pertenece también a Google y, por tanto, a Alphabet, registra todo lo que hacemos en él. Google Maps identifica el lugar en que nos encontramos, adónde vamos, cuándo y por qué itinerario… AdWords sabe lo que queremos vender o promocionar. Y desde el momento en que encendemos un smartphone con Android, Google sabe inmediatamente dónde estamos y qué estamos haciendo. Nadie nos obliga a recurrir a Google, pero cuando lo hacemos la empresa sabe todo de nosotros. Y, según Julian Assange, inmediatamente informa de ello a las autoridades estadunidenses…

En otras ocasiones, los que espían y rastrean nuestros movimientos son sistemas disimulados o camuflados, semejantes a los radares de carretera, los drones o las cámaras de vigilancia (llamadas también de videoprotección). Este tipo de cámaras ha proliferado tanto que, por ejemplo, en Reino Unido, donde hay más de 4 millones de ellas (una por cada 15 habitantes), un peatón puede ser filmado en Londres hasta 300 veces cada día. Y las cámaras de última generación, como la Gigapan, de altísima definición –más de mil millones de pixeles–, permiten obtener, con una sola fotografía y mediante un vertiginoso zoom dentro de la propia imagen, la ficha biométrica del rostro de cada una de las miles de personas presentes en un estadio, una manifestación o un mitin político.

A pesar de que hay estudios serios que han demostrado la débil eficacia de la videovigilancia en materia de seguridad, esta técnica sigue siendo refrendada por los grandes medios de comunicación. Incluso parte de la opinión pública ha terminado por aceptar la restricción de sus libertades: 63 por ciento de franceses se declaran dispuestos a una limitación de las libertades individuales en Internet en razón de la lucha contra el terrorismo.

Ello demuestra que el margen de progreso en materia de sumisión es todavía considerable...

* Ignacio Ramonet acaba de publicar El imperio de la vigilancia, editorial Clave Intelectual, Madrid, 2016.

Piedras en el Zapato - Documental Antiminero

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