ELSALMON - Revista

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URGENTE CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA PELIGRA VIDA DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN NORTE DE CAUCA COLOMBIA




NOTA DE PRENSA 001

URGENTE CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA
PELIGRA VIDA DE COMUNIDADES INDÍGENAS
EN NORTE DE CAUCA COLOMBIA
  
Lugar: Auditorio Kimy Pernía Domicó  ONIC - Calle 12B No. 4- 38
Día: sábado 28 de febrero 2015
Hora: 10:00 a.m.

Las autoridades de ONIC, CRIC, ACIN, en compañía de voceros nacionales del Frente Amplio para la Paz, convocamos a todos los medios de comunicación, organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y políticos a la rueda de prensa extraordinaria que tendremos mañana a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Organización Nacional Indígena de Colombia.

Es muy grave la situación que viven nuestros pueblos indígenas al norte del Cauca y las represiones y abusos de la fuerza pública en los puntos de concentración en Corinto y en La Agustina. Las fuerzas del ESMAD y el ejército nacional hacen uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, gases pimienta, balas de goma, balines, armas no convencionales y otros elementos de represión de manera desproporcionada, lo que significa un abuso de autoridad y un uso excesivo de la fuerza armada infringiendo todos los protocolos y normas de derechos humanos y violando el derecho internacional humanitario, sumando a la hora 43 heridos 5 de gravedad.

La Ley natural mandata a los Pueblos Indígenas el cuidado y la protección de la Madre Tierra, para el bien de la humanidad; de ahí que cuando asumimos la defensa del territorio es en ejercicio de ese legado ancestral de sanearla, de restituir la misión de cada piedra, de cada cerro, porque cada ser es vivo.

Ver convocatoria por youtube  http://youtu.be/DHoesByn434   
Transmisión por Dachi Bedea, emisora virtual de la ONIC www.onic.org.co  y enlace con emisoras indígenas, como Payumat Stereo.

 Bogotá, 27 de febrero de 2015.

¡Con el bastón de la paz en alto en defensa de la Vida y la Madre Tierra,
Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra!

[Diariodeurgencia] Entrevista exclusiva en Cuba de Resumen Latinoamericano al Comandante de las FARC-EP, Iván Márquez “Que nadie tenga dudas: nuestro propósito es el socialismo”



por Carlos Aznárez
(desde La Habana, Cuba)
(fotos: Héctor Planes)
25 de febrero 2015

Resumen Latinoamericano dialogó, a fines de febrero, en La Habana con el Comandante de las FARC-EP, Iván Márquez, quien a su vez preside la Delegación guerrillera en la Mesa de Negociaciones con el gobierno colombiano.

El jefe insurgente dio un amplio panorama sobre el momento por el que pasan las conversaciones de paz e insistió en la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente.

-A más de un año y medio de haber comenzado las negociaciones de paz, cuál es su balance sobre cuánto se ha avanzado y cuánto falta de concretar en la estrategia que ustedes se plantearon en este ámbito?

-Creo que hemos avanzado de manera suficiente. Ya tenemos en nuestro poder las partes, tres acuerdos parciales: uno, sobre tierras, otro sobre participación política, y un tema muy complejo referido al uso de drogas ilícitas. Sobre todo esto han quedado para un abordaje posterior, 28 salvedades, todas ellas de mucha importancia.

-Una de esa salvedades abarca a los latifundios?

-Está el problema del latifundio, que el gobierno colombiano no ha querido tocar, porque según su argumentación, piensa que una medida de esta naturaleza podría despertar de nuevo los demonios del paramilitarismo. Y también una resistencia del gobierno a aceptar una propuesta nuestra de ponerle un límite a la extranjerización de la tierra. Otro aspecto nodal es el que tiene que ver con la explotación minero-energética y su impacto socio-ambiental.

Insistimos también en que es necesario que el Estado deje definitivamente atrás la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y resuelva de una vez por todas el fenómeno del paramilitarismo. Que nadie en Colombia sea perseguido por sus ideas, y mucho menos asesinado. Además es necesario adelantar reformas estructurales como la política del sistema electoral y una que reclama todo el país: la reforma del sistema judicial, corrupto, totalmente dependiente. Nosotros pensamos que todo esto es posible a través de una Constituyente.

-Es totalmente cierto que los avances que usted detalla se han producido, pero también es verdad que en el territorio colombiano no se traslada gran parte de lo que en la Mesa se acuerda. ¿Cuál es la opinión de las FARC-EP frente a esta realidad?

-Lo vemos como una gran incoherencia entre la retórica del gobierno y lo que ocurre en la realidad. Para sumar un poco en torno a las dificultades, el gobierno está paralelamente legislando para reversar cosas que ya han sido aprobadas en la Mesa.

-Por ejemplo?

-Hay un proyecto de ley sobre baldíos, que en lugar de proteger a los campesinos sin tierra busca proteger al capital financiero. A la vez, estamos presentando una protesta enérgica en la Mesa, porque cómo es posible que se siga asesinando a defensores de los derechos humanos, o que se siga revictimizando a las víctimas. Ha ocurrido que muchas ce estas personas que llegaron a La Habana para plantearnos que debemos hacer todo lo posible por asegurar la paz, luego, al volver a Colombia han sido reprimidas, perseguidas, amenazadas.

-Recientemente el gobierno norteamericano confirmó que uno de sus hombres, Bernard Aronson, actuará como su representante en el proceso de paz en Colombia. ¿Qué opinan de esta incorporación?

-Lo vemos satisfactoriamente porque como ya es sabido, los Estados Unidos tienen un peso muy fuerte en lo político, en lo social, lo económico y lo militar de la realidad colombiana. Ellos tienen una participación muy grande en el financiamiento de la guerra, en el suministro de equipos bélicos y tecnología de punta a las Fuerzas Armadas oficiales.

A nosotros nos parece bien que los EEUU se aparten un poco de esta situación que los ha colocado en impulsores de la guerra y la discordia, y que más bien pongan toda su esfuerzo en ayudarnos a los colombianos a encontrar la reconciliación.

-Sobre el tema del alto el fuego: ¿cuáles son a su entender las razones por la que el presidente Juan Manuel Santos no cede a la propuesta hecha por las FARC de instalar un cese del fuego bilateral?

-Francamente no es entendible ese argumento de que una tregua sería aprovechada política y militarmente por la guerrilla para fortalecerse. No tiene ningún asidero. Además, el cese el fuego, por ahora unilateral, cumplido por nosotros, tiene un sentido humanitario. Decimos que aquí el gobierno se está comportando de una manera equivocada y que debiera hacer prevalecer el principio de favorabilidad hacia la población civil, que signifique una suspensión de las acciones militares. De todas maneras, creo que Santos está entrando en razones ya que le ha dado instrucciones a sus generales y oficiales que van a hacer parte de la subcomisión técnica que se ocupará del asunto del cese del fuego, que busquen la manera de llegar rápidamente a ese objetivo.

-Según ustedes, ¿el Presidente Santos tiene total control sobre las fuerzas militares oficiales, o hay diferencias en ese terreno?

-Hay que reconocer que en general se observa subordinación de las FFAA hacia el Presidente, pero al mismo tiempo una fuerte influencia negativa por parte de la derecha extrema que lidera Álvaro Uribe Vélez. Nos imaginamos que ese asunto debería estar resolviéndose.

-¿Cuál es su versión de lo ocurrido con el general Alzate, que fuera retenido y luego liberado por las FARC?

-Lo que el general Alzate contó es lo que realmente ocurrió. Nosotros creemos en su palabra, no es que estuviera realizado cosas “non sanctas” en el río Atrato. Hay un grupo de nuevos oficiales que quieren actuar un poco más favoreciendo a las comunidades con acciones cívico-militares para tratar de recuperar la confianza perdida. Es lógico que la población desconfía, como el mismo Alzate reconoció, y por ello se involucran en este tipo de acciones sociales en una región tan olvidada como es el Chocó, que no tiene energía, ni servicio de agua ni de alcantarillado, y mucho menos carreteras.

En una de esas salidas que hizo de Quibdó, de su fuerte militar, es posible que el general haya descuidado un poco su seguridad y llegó a un sitio donde estaban las FARC. Como él es el jefe de una fuerza de tareas que se ha dedicado a perseguir y bombardear a la guerrilla, entonces fue que se lo retuvo y tuvo que marchar en condición de prisionero.

-Por ser quien era y el cargo que ostentaba Alzate, la guerrilla no dudó en ningún momento en negociar su liberación, por ejemplo a cambio de presos políticos?

-El gobierno se movió rápidamente para abogar por él, y recurrió a los países garantes del proceso (Cuba y Noruega). Desde luego nosotros estamos en una total disposición a generar condiciones favorables al proceso, y por eso tomamos la decisión de liberar a este general, haciéndole notar al gobierno que hay una situación bastante reprochable al interior de las cárceles colombianas con los presos políticos y los prisioneros de guerra. Se los mantiene en condiciones infrahumanas de hacinamiento y violación de sus derechos, y nosotros quisiéramos que esos casos se visibilizaran.

-Volviendo al Presidente Santos, él ha dicho reiteradamente que es necesario apurar las negociaciones de paz. ¿Cuáles son los tiempos de las FARC para ese cometido?

-Efectivamente se le nota un poco apurado, pero no se puede decir que el proceso no avanza por nuestro quehacer. Hemos colocado sobre la Mesa toda una constelación de propuestas sobre los temas agrario, drogas, participación política y víctimas. Estas son propuestas mínimas y están concebidas para lograr la aproximación de las partes, pero al gobierno le parecen revolucionarias y radicales. Sin embargo, muchas de ellas son mandatos constitucionales y es un deber del gobierno aplicarlas.

-Hay otro tema álgido que es el de la Justicia, que en opinión del gobierno se refiere a que la guerrilla “pague por los hechos delictivos cometidos”

-El gobierno no debe confundir el proceso de paz en La Habana con un proceso jurídico. Al conflicto colombiano hay que buscarle soluciones políticas. Nosotros desconocemos el marco jurídico y la justicia transicional que el gobierno ha tratado de sacar adelante ante las Cortes y ante el mismo Congreso de la República. De esta manera se está violando el acuerdo general de La Habana, que ha colocado a las dos partes en un mismo plano de igualdad, por lo tanto embarcarse en aventuras de sacar adelante un marco jurídico no convenido no tiene posibilidades de supervivencia. El gobierno lo que hace es sembrar maleza jurídica para concluir en que los comandantes guerrilleros terminen tras las rejas. Nosotros decimos que no hemos venido a La Habana para que nos pongan presos. Sí hemos venido a buscar soluciones políticas, diplomáticas, al conflicto colombiano.

-Sin embargo, el gobierno insiste en que los responsables de situaciones violentas deberán responder por sus hechos.

-Claro, nosotros sabemos que hay responsables pero de allí hacer creer a la opinión pública que la guerrilla es la máxima responsable, es desconocer que estamos haciendo uso de un derecho universal al alzamiento armado contra regímenes injustos y oprobiosos, que somos una respuesta a una violencia que viene desde el poder, y eso está perfectamente demostrado. Este asunto de los máximos responsables también lo hemos venido tratando en la Mesa de negociaciones. A los militares que están frente a nosotros, el general Mora Rangel y el general Naranjo le hemos dicho que para las FARC, este tema trasciende a las comandancias de las distintas fuerzas, toca el Palacio de Nariño que es donde están los determinadores, autores detrás del autor. También son responsables los presidentes, los ministros, los partidos políticos, los terratenientes que se apropian de tierras a sangre y fuego, a través del paramilitarismo. O los señores empresarios, por ejemplo los bananeros como la Chiquita Brands o la Drummond que están financiando a grupos de paramilitares. Responsables son los grandes medios de comunicación, la Iglesia, el sector financiero, involucrado en el lavado de activos del dinero proveniente del narcotráfico. Nosotros le hemos dicho al gobierno: persigan a estos que son los que promueven la actividad del narcotráfico. No concentren la acción punitiva en el eslabón más débil de la cadena que son los campesinos pobres y los consumidores.

Nuestra responsabilidad no es la misma de quienes causaron esta confrontación de tantos años. Nosotros nos colocamos siempre en la orilla de los perseguidos. Lo nuestro es un delito político, lo que ocurre es que en Colombia ese delito fue deformado. Ahora decimos que si realmente quieren que haya una solución, a través del beneficio del indulto o la amnistía, se tiene que reversar el delito político a su estado natural. ¿De qué manera?. Incluyendo las actuaciones de la guerrilla como las que se producen en función de la rebelión.

Insistimos: para los guerrilleros, cero cárcel.

-Hay otro tema muy controvertido y que tiene que ver con la dejación de las armas. ¿En que momento se discute concretamente ese punto?

-Nosotros hemos hecho un planteamiento que esperamos sea respondido de manera positiva por la contraparte. Entendemos como dejación de las armas, su no utilización en política, y esto no sólo vale para la insurgencia sino también para el Estado, sus Fuerzas Armadas y policiales. Nos preocupa mucho que la utilización de las armas por parte del Estado ha producido victimizaciones colectivas, que ha provocado el aniquilamiento de alternativas políticas, ha descabezado a toda una generación de revolucionarios como sucedió con los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, que sufrió 5000 muertos. Después de un acuerdo de paz, las armas deben hacer silencio. y agregamos un complemento: el Ejército debe regresar a su función constitucional de defender las fronteras.

-No es fácil imaginarse el paso de una organización armada a un movimiento político abierto. ¿Cómo lo están pensando?

-Muchos nos preguntan si nos vemos haciendo política en el futuro. Y respondemos que siempre hemos hecho política. Con armas o sin armas, siempre estamos en función de la política porque tenemos una visión de país, tenemos unas banderas y una plataforma de 12 puntos que presentamos cuando cumplimos 50 años de existencia, y estas son las del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.

Por otro lado, sabemos que la sola firma de un Acuerdo no nos va a cambiar la situación en Colombia, lo que sí necesitamos es generar una situación distinta, de tolerancia y de democracia verdadera.

-Paradójicamente EEUU habla de flexibilizar las relaciones con Cuba, y por otro lado, castiga a Venezuela duramente, jaquea de mil maneras el proceso revolucionario que encabeza Nicolás Maduro. ¿Cómo analizan este panorama de conflicto en América Latina?

-Se ha dicho repetidamente que la paz de Colombia es la paz del continente. Nosotros creemos también que esta paz a alcanzar, tiene que proyectarse hacia el resto de los países. Ojalá estos problemas que acontecen entre Venezuela y EEUU puedan resolverse por vía diplomática y con respeto, abandonando por parte de EEUU la concepción del“patio trasero”. Hay que permitir que los gobiernos decidan el rumbo que deben darle a su destino.

-Recuerdo que en una entrevista que se le hizo hace varios años a Manuel Marulanda, él afirmaba que la lucha de las FARC era por la toma del poder y la construcción del socialismo. Le pregunto: ¿Las FARC de hoy, las que ustedes representan, siguen pensando de la misma manera?

-Por supuesto, seguimos pensando de igual forma. Estamos tratando de avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando esa lucha en condiciones mejores, pero nuestro propósito es el socialismo. Que nadie tenga dudas de ello. Ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, una paz estable y duradera, y sobre todo, dignidad. Porque el socialismo es Humanidad.

-¿Quisiera agregar algo más, de cara a nuestros lectores del continente?

-Me parece importante saludar a los lectores de este importante periódico, Resumen Latinoamericano, que llega a muchas partes del continente con un mensaje de la resistencia que debe ser tenido en cuenta y que nos pertrecha con argumentos para seguir dando esta lucha necesaria por un mundo mejor.

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1era parte

El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional



El conflicto armado, que duraba ya 50 años, siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las mujeres y niñas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas comunitarios y los sindicalistas. Entre los abusos sufridos por estas personas se incluían desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El gobierno promovió legislación que amenazaba con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos.
El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
República de Colombia
Jefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos Calderón
Continuaron los avances en las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que a finales de año las negociaciones se suspendieron durante tres semanas. Ambas partes alcanzaron acuerdos parciales en varias cuestiones claves.
El proceso de paz fue un tema dominante en las elecciones presidenciales de mayo, en las que el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, obtuvo la victoria tras una segunda vuelta en junio.1 La campaña electoral se vio enturbiada por un escándalo de escuchas telefónicas a los negociadores del gobierno y las FARC, efectuadas por un sector de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia en un intento de frustrar el proceso de paz. Pese a las negociaciones de paz en curso, ambas partes seguían cometiendo violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), al igual que lo hacían los grupos paramilitares, ya fuera actuando solos o con la connivencia o aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad.
El conflicto armado, que duraba ya 50 años, siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las mujeres y niñas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas comunitarios y los sindicalistas. Entre los abusos sufridos por estas personas se incluían desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El gobierno promovió legislación que amenazaba con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos.
Conflicto armado interno
La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguió siendo la más afectada por el conflicto armado. Según las cifras más recientes proporcionadas por la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), casi 220.000 personas fueron objeto de desplazamiento forzado en 2013.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 10 indígenas fueron víctimas de homicidio por razones relacionadas con el conflicto, y al menos 2.819 fueron víctimas de desplazamiento forzado durante los primeros nueve meses del año.2 En 2013 se tuvo noticia de 30 homicidios y 3.185 víctimas de desplazamiento forzado.
El 12 de septiembre, dos líderes indígenas embera dovida murieron en el municipio de Alto Baudó, departamento del Chocó, presuntamente a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, ciudad portuaria del suroeste del país, fueron víctimas de una creciente ola de violencia, que incluía homicidios y desapariciones forzadas, cometidas mayoritariamente por paramilitares y bandas delictivas. Algunas de las víctimas fueron desmembradas. La violencia se concentraba en áreas pobres de la ciudad destinadas al desarrollo de infraestructuras portuarias y otros proyectos económicos.3
Un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de carácter estatal, destacaba la magnitud de los abusos contra los derechos humanos. El informe concluía que, entre 1985 y 2012, murieron de forma violenta casi 220.000 personas, el 80 por ciento civiles. Al menos 25.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, cometidas mayoritariamente por paramilitares y fuerzas de seguridad. Alrededor de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010, sobre todo por grupos guerrilleros, y más de 5 millones fueron objeto de desplazamientos forzados entre 1985 y 2012. Hasta noviembre, el gobierno había registrado más de 7 millones de víctimas.
Proceso de paz
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que se estaban llevando a cabo en La Habana, Cuba, seguían representado la mejor oportunidad de poner fin a las hostilidades en más de una década. Sin embargo, el 17 de noviembre, el gobierno suspendió las conversaciones como protesta por la captura de un general del ejército a manos de las FARC en el departamento del Chocó. El general fue liberado el 30 de noviembre, y las conversaciones se reanudaron el 10 de diciembre. El 17 de diciembre, las FARC declararon una tregua unilateral que comenzó el 20 de diciembre.
Al finalizar el año, ambas partes habían alcanzado acuerdos parciales en tres de los seis puntos de la agenda. Un acuerdo marco sobre un cuarto punto, los derechos de las víctimas, se hizo público en junio.
El acuerdo marco supuso un importante paso adelante, ya que ambas partes asumieron su responsabilidad por los abusos contra los derechos humanos y admitieron que los derechos de las víctimas eran esenciales para el proceso de paz y que no eran negociables. No obstante, en el acuerdo marco no figuraba un compromiso explícito de garantizar la justicia para todas las víctimas. Se temía que esto pudiera minar la viabilidad a largo plazo de un posible acuerdo de paz.4
Protesta social
Algunos altos cargos gubernamentales afirmaron que el paro nacional agrario llevado a cabo en abril estaba infiltrado por grupos guerrilleros. Esto expuso a los manifestantes al riesgo de sufrir represalias por parte de los paramilitares. En mayo, unos paramilitares enviaron una amenaza de muerte a varios defensores de los derechos humanos, a los que acusaban de organizar el paro; afirmaban además que el paro estaba respaldado por grupos guerrilleros.5
Las autoridades vertieron acusaciones similares durante las protestas de las comunidades indígenas de octubre de 2013, el paro nacional agrario de agosto de 2013 y las protestas campesinas de Catatumbo de junio de 2013. Hubo denuncias de que las fuerzas de seguridad habían hecho uso de fuerza excesiva y desproporcionada durante las protestas. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que nueve manifestantes, cinco transeúntes y un agente de policía habían muerto por arma de fuego durante las manifestaciones de 2013.
Fuerzas de seguridad
Se siguió recibiendo información sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, aunque en menor número que durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no realizó avances para llevar ante la justicia a la mayoría de los responsables de estos delitos, sobre todo a los altos cargos. Muchos casos seguían siendo remitidos a tribunales militares. Estos tribunales, que no eran independientes ni imparciales, no impartieron justicia. Según el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia publicado en enero por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, 48 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de seguridad fueron trasladados al sistema de justicia militar y “muchos otros casos fueron trasladados directamente por fiscales civiles” en los primeros ocho meses de 2013.
Paramilitares
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en virtud de la cual miles de paramilitares que depusieron las armas en un proceso promovido por el gobierno cumplirían un máximo de ocho años de prisión si confesaban haber cometido violaciones de derechos humanos, no respetaba el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El proceso se inició en 2005 pero, hasta septiembre de 2014, sólo 63 paramilitares habían sido condenados por violaciones de derechos humanos de conformidad con la Ley 975. La mayoría de los 30.000 paramilitares que presuntamente habían depuesto las armas no se sometieron al limitado escrutinio de dicha ley.
Estos grupos, a los que el gobierno denominaba bandas criminales (Bacrim), permanecían activos, y seguían cometiendo graves violaciones de derechos humanos, solos o con la connivencia o la aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad. Sus víctimas fueron principalmente defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas, y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.6
Unos 160 paramilitares que se habían sometido a la Ley 975 cumplían los requisitos para poder ser puestos en libertad durante 2014. Algunos eran líderes de alto rango que habían estado en prisión preventiva pero ya habían cumplido la pena máxima de ocho años estipulada en la Ley de Justicia y Paz. Previsiblemente, muchos iban a regresar a las zonas en las que habían actuado, lo que suscitaba preocupación por el impacto en la seguridad de las víctimas y de los defensores y defensoras de los derechos humanos en esas zonas.
Grupos guerrilleros
Los grupos guerrilleros cometieron graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente contra comunidades de zonas rurales. A pesar de que las FARC se habían comprometido públicamente a poner fin a los secuestros, se siguieron registrando casos. La ONG País Libre informó de 233 secuestros en los nueve primeros meses de 2014, frente a los 299 en 2013. La mayoría de los secuestros se atribuían a delincuentes comunes, mientras que los grupos guerrilleros eran responsables del 21 por ciento y los paramilitares del 3 por ciento del total.
Las minas terrestres, colocadas en su mayoría por las FARC, continuaron matando y mutilando a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Los grupos guerrilleros, así como los grupos paramilitares, siguieron reclutando niños, sobre todo en las zonas rurales, lo que obligaba a muchas familias a abandonar sus hogares para proteger a sus hijos. Las FARC también llevaron a cabo ataques indiscriminados que pusieron en riesgo a civiles.
Impunidad
El conflicto se seguía caracterizando por la impunidad: muy pocos de los autores de abusos contra los derechos humanos rendían cuentas. El apoyo del gobierno a legislación que amenazaba con incrementar la impunidad ponía en entredicho su compromiso con respecto al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
En octubre, el gobierno presentó dos proyectos de ley en el Congreso. El primero intentaba ampliar los delitos que se podían considerar actos de servicio sometidos a jurisdicción militar. El segundo podría garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no se investigarían como actos delictivos, sino más bien para determinar si constituían o no infracciones del derecho internacional humanitario. Esto podría dar lugar a que los responsables eludieran el procesamiento penal al presentar el delito como una actuación proporcionada llevada a cabo en el transcurso del conflicto armado.
En septiembre, 12 expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que el Proyecto de Ley Nº 85 del Senado, que se debatía en el Congreso en el momento de redactar el presente informe, supondría un retroceso en materia de derechos humanos: “el Proyecto de Ley No. 85 podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial [...] Su adopción también […] representaría un grave retroceso en la prolongada lucha del Estado Colombiano contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos”. El proyecto de ley recogía una serie de delitos, entre ellos el de homicidio y las infracciones del derecho internacional humanitario, que pasarían a ser de la competencia exclusiva del sistema de justicia militar. Dado que las ejecuciones extrajudiciales no estaban específicamente tipificadas como delito en el Código Penal, podrían considerarse homicidios y, por tanto, ser investigadas por fiscales militares.
En agosto de 2013, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012. Esto podría permitir a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos eludir la justicia, al otorgar al Congreso la facultad de limitar los juicios penales a “los máximos responsables” de abusos contra los derechos humanos, y suspender las penas de prisión dictadas contra paramilitares, guerrilleros y miembros de las fuerzas de seguridad condenados por dichos delitos. La Corte falló que las condenas de esos "máximos responsables" no podrían ser suspendidas cuando se tratara de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. No obstante, no se definió claramente la figura de "máximo responsable" ni se establecieron criterios para determinar a quién se le podía aplicar.
Restitución de tierras
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, intentaba proporcionar a algunas de las víctimas del conflicto una reparación integral, que incluía la restitución de tierras. Esta legislación supuso un importante paso adelante en los esfuerzos para reconocer el derecho a la reparación de algunas de las víctimas, pero seguía siendo deficiente y su aplicación avanzó lentamente. Hasta agosto de 2014, sólo unas 30.000 hectáreas se habían adjudicado a campesinos, y sólo un territorio de 50.000 hectáreas se había adjudicado a comunidades indígenas. Las cifras oficiales sugieren que, en el transcurso del conflicto, unos 8 millones de hectáreas fueron objeto de abandono o despojo.
Los reclamantes de tierras y sus representantes, entre los que había defensores de los derechos humanos y funcionarios del Estado, fueron objeto de amenazas o víctimas de homicidios, principalmente a manos de grupos paramilitares.7 En agosto de 2014, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando los homicidios de al menos 35 personas presuntamente vinculadas con la restitución de tierras. El 8 de julio, Robinson Álvarez Quemba, topógrafo que trabajaba para la Unidad de Restitución de Tierras (entidad gubernamental), fue tiroteado por un agresor no identificado mientras trabajaba en el municipio de San Roque, departamento de Antioquia. Murió tres días más tarde a causa de las heridas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaban a graves peligros. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró 40 homicidios de defensores de los derechos humanos entre enero y septiembre. Además, según la ONG Somos Defensores, en 2013 había habido más de 70 homicidios de defensores de los derechos humanos. Entre las víctimas figuraban líderes indígenas y afrodescendientes, activistas sobre el derecho a la tierra y líderes comunitarios. Según la ONG Escuela Nacional Sindical, 20 miembros de sindicatos murieron violentamente hasta el 11 de diciembre; en 2013 murieron al menos 27.
Estos ataques, así como el robo de información comprometida, las persistentes amenazas de muerte y el uso indebido del sistema judicial para presentar cargos falsos contra defensores de los derechos humanos, socavaron el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y fomentaron un clima de temor. Hacia el final del año hubo un aumento del número de amenazas de muerte. En septiembre y octubre, más de un centenar de defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, activistas por la paz, líderes del movimiento de restitución de tierras, políticos y periodistas, recibieron una serie de correos electrónicos con amenazas colectivas de muerte realizadas por varios grupos paramilitares.8 Sólo unos pocos de los responsables de amenazas y homicidios de defensores de los derechos humanos fueron identificados, no digamos ya llevados ante la justicia.
Los programas estatales de protección, coordinados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), continuaron proporcionando seguridad a miles de personas en situación de riesgo, incluidos defensores de los derechos humanos. Con todo, estos programas presentaban serias deficiencias, como por ejemplo graves demoras en la aplicación de las medidas de seguridad.
En septiembre, la UNP se vio sacudida por un escándalo de corrupción en el que altos cargos de la unidad, entre ellos el jefe administrativo y el secretario general, fueron acusados de recibir sobornos de los contratistas privados a los que subcontrataban la mayoría de las labores de protección. Asimismo, la UNP reconoció en septiembre que, a consecuencia del déficit presupuestario, la unidad se vería obligada a retirar la protección a algunos de los beneficiarios.

Violencia contra mujeres y niñas
Todas las partes en el conflicto cometían violaciones y otras formas de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas. Las autoridades siguieron sin aplicar el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, en el que se ordenaba a las autoridades poner fin a tales crímenes y procesar a los responsables.
En junio, el presidente Santos firmó la entrada en vigor de nueva legislación sobre violencia sexual relacionada con el conflicto (Ley 1719).9 Esta Ley tipificaba este tipo de violencia como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Además, abordaba diferentes prácticas específicas que se seguían cometiendo en el contexto del conflicto, como la esclavitud sexual, la explotación sexual, y la esterilización, la prostitución, el aborto, la desnudez y el embarazo forzados. En virtud de esta ley, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra eran imprescriptibles.
Ayuda estadounidense
Siguió disminuyendo la ayuda estadounidense a Colombia. En 2014, Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 214,5 millones de dólares en concepto de ayuda militar y cerca de 164,9 millones en ayuda no militar, frente a los aproximadamente 228,6 y 195,9 millones, respectivamente, de 2013. En septiembre de 2014 se desembolsó el 25 por ciento de la ayuda militar total para el año, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos considerara que el gobierno colombiano había realizado avances para mejorar la situación de los derechos humanos.
Escrutinio internacional
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado en enero, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos felicitó al gobierno colombiano por “su decidida búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno”, aunque señaló que todas las partes del conflicto seguían siendo responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos. El informe señalaba también que la falta de voluntad de las instituciones del Estado para “asumir la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos impide el logro de nuevos avances en materia de derechos humanos”.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. El informe acogía favorablemente los avances en las negociaciones de paz, aunque señalaba que el conflicto armado seguía teniendo graves efectos sobre los derechos humanos. Advertía que la situación en materia de derechos humanos no se resolvería sin abordar el problema de la impunidad.
En marzo, la CIDH instó al gobierno colombiano a adoptar medidas cautelares en favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y a suspender su destitución del cargo, ordenada por la Procuraduría General en enero, hasta que la CIDH se pronunciara sobre el caso. El gobierno se negó inicialmente a atender el requerimiento y sólo decidió acatarlo cuando, en abril, se lo ordenó la Corte Constitucional de Colombia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de septiembre de 2013 sobre Colombia. Amnistía Internacional acogió con satisfacción el apoyo de Colombia a las recomendaciones relativas a la lucha contra la impunidad, pero reiteró su preocupación por que la legislación para ampliar el ámbito de la jurisdicción militar y el Marco Jurídico para la Paz socavarían seriamente los esfuerzos para combatir la impunidad.

CRISIS FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ¿VERDAD O FANTASÍA?



|Por ASPU Tolima|

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Seccional Tolima, expresó desde noviembre de 2014 la urgencia de revisar los estados financieros de la Universidad del Tolima, esa vez alertados por las marrullas de la Gobernación del Tolima para no pagar el monto total de los aportes que, por Ley, le debe a la U.T. De igual manera, en vista de que era necesario conocer el real estado de cosas, se le solicitó al señor Rector, José Herman Muñoz Ñungo, que realizara una rendición de cuentas frente a la comunidad universitaria. Sin embargo, pasaron los meses y nunca se aclaró el tema de la deuda y, como ya es costumbre, el Rector tampoco le dio la cara a la comunidad.

No obstante el precedente, sorprende que ahora, iniciando el 2015, surjan de nuevo los fantasmas de la desfinanciación y de la crisis en la Universidad del Tolima. Consecuente con la dilación a las peticiones y el ocultamiento de la información oficial sobre el presupuesto, práctica que caracteriza a las sucesivas administraciones de la Universidad, incluyendo la actual, este semestre el profesorado se ha venido enterando a cuenta gotas y por los corrillos, de los severos recortes en los fondos para el desarrollo de la docencia, esto es, comisiones académicas, realización de eventos científicos y participaciones nacionales e internacionales en congresos, coloquios y demás escenarios relacionados con la investigación y la divulgación del conocimiento.

Paralela a esta zozobra, aparece una noticia en medios locales en donde el Rector, el Vicerrector Administrativo y el Director de la ODI afirman, muy irresponsablemente, que el déficit “histórico” de la Universidad del Tolima asciende a 154 mil millones de pesos.  Ante tal confusión y falta de información clara por parte de la Administración, cabe preguntarnos:

¿Qué pasó con la bonanza presupuestal de 2014? ¿En qué se invirtieron los dineros que por múltiples rubros ingresaron a las cuentas de la Universidad del Tolima? ¿Por qué se siguen contratando obras civiles, si la crisis financiera es de tal magnitud? ¿Las construcciones son prioridades de la academia? ¿Qué pasó con el eje de trabajo que prometió el Rector a los profesores, con la falsa promesa de la “excelencia académica? ¿Por qué la planta de supernumerarios se ha aumentado en más de 200 nuevos empleados en los últimos años? ¿Por qué se siguen abriendo oficinas de corte burocrático con altos presupuestos? ¿Por qué los profesores no han presentado sus análisis sobre estos asuntos en los espacios de representación? ¿Por qué el Consejo Superior Universitario guarda silencio absoluto?  ¿Por qué los directivos le hablan a los medios de comunicación y no a la comunidad universitaria? 

Estas y otras muchas preguntas nublan la mente de la comunidad y alertan al profesorado. Esperamos nos convoquemos a la discusión, porque no podemos guardar silencio ante estos hechos ya que somos responsables del patrimonio académico superior del departamento del Tolima.

Los invitamos a reflexionar y actuar.

Próxima Asamblea General de Profesores, marzo 12.

DENUNCIA - COLOMBIA. Captura Compañero del Congreso de los Pueblos



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Con muerte y judicializaciones el Estado pretende acallar las voces del pueblo.

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia denunciamos y repudiamos de manera enérgica, la nueva agresión del Estado colombiano contra el histórico tejido social, con la captura del dirigente comunal ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, el día de hoy 23 de febrero, aproximadamente a las 2:00 p.m., en la ciudad de Bogotá, D.C.

En un acto propio de la criminalización de la protesta social, y como una respuesta del régimen frente a la movilización y la lucha de las comunidades en defensa del territorio y contra el saqueo y la expoliación de nuestros recursos naturales a costa de la destrucción del ambiente, en especial la devastación del santuario de flora y fauna de la Laguna del Lipa, miembros del CTI y la SIJIN, capturaron al connotado líder social cuando se encontraba en las dependencias de la Unidad Nacional de Protección UNP, donde había sido citado con la excusa de hablar sobre su esquema de seguridad.

ALEXANDER TIBACUY LAGUADO es el Presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Arauca, miembro del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, y del Congreso de los Pueblos; en esa calidad fue designado por el pueblo organizado como vocero de las comunidades en la mesa de interlocución con el Estado en el marco del decreto 0285 del 2013.

Además el compañero Alexander, encabeza el grupo de dirigentes comunales que en representación de la Federación de Juntas, formularon denuncia penal contra la Corporación Transnacional Oxy, Corporinoquia y demás instituciones del Estado por las gravísimas afectaciones al ecosistema estratégico de la Laguna del Lipa con la construcción de plataformas de perforación en una isla artificial dentro de la Laguna, conectadas a través de vías férreas con la orilla del espejo de agua, en ejecución del contrato Chipirón TB. Denuncia frente a la cual la Fiscalía General de la Nación no ha mostrado voluntad política para llevar adelante la investigación, a pesar de la hecatombe ambiental.

La orden de captura fue expedida por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de Concierto para Delinquir y Financiamiento del Terrorismo, relacionando al dirigente social con la investigación por presuntos pagos que habría hecho una empresa transnacional a las organizaciones rebeldes que operan en la región.

Esta estrategia criminal de agresión, se ha venido implementando de tiempo atrás contra líderes y liderezas del centro oriente y del país, a quienes no se judicializa individual o masivamente, entonces, se le asesina, desaparece o destierra, como lo hicieron con el compañero CARLOS ALBERTO PEDRAZA, con el propósito de eliminar a quien se atreva a proponer alternativas al modelo depredador que impulsa el Estado colombiano y los imperios.

La Unidad Nacional de Protección UNP, en teoría es un instrumento independiente de los órganos de inteligencia estatal y la información que recauda debe ser reservada. Contrario a ello, la UNP usa la información de los líderes sociales y defensores de derechos humanos para alimentar procesos judiciales. Ejemplo de ello el caso del dirigente campesinos CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLOREZ quien fue capturado días después que esa unidad le hiciera un estudio de riesgo, ahora pasa lo mismo con el compañero ALEXANDER TIBACUY.

Estas agresiones no lograran acallar el movimiento social del Centro Oriente de Colombia y por el contrario nos impulsa a arreciar las luchas por las necesarias transformaciones sociales hacia un mundo sin desigualdad e inequidad.

Al compañero ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, nuestro mensaje de solidaridad y acompañamiento, lo llamamos a que haga de éste un espacio de aprendizaje y fortalecimiento de sus convicciones y principios.

A la comunidad nacional e internacional, los invitamos a que continúen con el monitoreo de esta situación y su exigencia al Estado colombiano a que respete la lucha y movilización del pueblo, el pensamiento diferente y la oposición política.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!


MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA


Centro Oriente de Colombia, 23 de febrero de 2015.

“CONSTITUYENTE GAITANISTA” OPERATIVIDAD, SEMINARIO, CONCURSO, REUNIONES Y SESIÓN FINA




La Constituyente Gaitanista busca realizar, en pequeña escala, un acto con el mismo objetivo que tuvo la multitudinaria Constituyente Popular que organizó el Movimiento Gaitanista en 1947 para elaborar la plataforma ideológica del pueblo, lo que le abrió las puertas en las elecciones de ese mismo año el triunfo definitivo al movimiento de masas que lideró Jorge Eliécer Gaitán, comicios electorales en los que se demostró que el pueblo organizado se había constituido en la mayoría del país, convirtiéndose en el protagonista principal de la vida política colombiana.

En esa ocasión dijo Gaitán refiriéndose a la constituyente de 1947: “Tendrá organización y método. Tendrán que existir discusiones previas para que las diversas corrientes se hagan representar en comisiones para llevar sus temas a la discusión pública, después de estudiar las ponencias”.

En este año de 2015, después de 68 años de la Primera Constituyente Gaitanista, las deliberaciones se adelantarán los cuatro (4) sábados de marzo (7, 14, 21 y 28) en Bogotá con conexión por Internet para quienes viven fuera de la capital o en el extranjero. Para Bogotá se utilizará el método de las “reuniones de fogón”  donde se reflexionará sobre los temas que quieren los participantes que conformen la propuesta programática que se leerá en la sesión del 9 de abril, en las horas de la mañana, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, igualmente retransmitido por Internet.

Como método de preparación de las deliberaciones se tendrán dos actividades:

1º. Un seminario intensivo sobre el cuerpo de doctrina científico que elaboró Jorge Eliécer Gaitán y que le sirvió de fundamento para su praxis política. Por ello dijo que “el procedimiento es doctrina”.

2º. Un concurso titulado “Diferencias de vida, obra y memoria entre dos líderes: Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán”, que permitirá diferenciar con claridad la militancia y objetivos del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en la UNIR y el Partido Liberal y las ideas y objetivos del dirigente liberal Luis Carlos Galán.


CONCURSO:

PREMIOS:   En libros que los ganadores pueden escoger en Amazon.com y les serán entregados en la dirección que indiquen.

1er Premio: Libros por valor de $ 500.000,oo
2º   Premio: Libros por valor de $ 300.000,oo
3º   Premio: Libros por valor de $ 200.000,oo

TEMA: Diferencias de vida, obra y memoria entre dos líderes: Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán

FUNDAMENTOS:  El día de los funerales de Luis Carlos Galán dijo su hijo “Galán no es un Gaitán”. Es cierto. Ambos líderes representan dos formas totalmente diferentes de actuar y pensar y por esa razón su memoria ha tenido un tratamiento completamente  diferente por parte del País Político.

Estamos convencidos que establecer esas diferencias es el mejor ejercicio de capacitación política, porque son una comprobación concreta de las distintas estructuras de pensamiento entre un revolucionario, como Gaitán y un burgués progresista como Luis Carlos Galán.

Establecer la diferencia entre ambos define metas ideológicas prácticamente antagónicas que, si se adelanta el ejercicio de precisarlas y establecerlas, se convierte en el mejor ejercicio de formación política para tener claridad frente a las diferencias entre lo que es y representa la Democracia Representativa o burguesa y la Democracia Directa o popular; entre la militancia en un partido burgués y el propósito de construir un partido de clase del País Nacional; entre la economía capitalista y la economía social; entre moralismo y moralidad; entre política empírica y política científica.

Es entonces este concurso un medio práctico de concientización política, ya que solo con esta claridad es posible adelantar una lucha política civilizada, alejada del dogmatismo y del sectarismo inconsciente que genera actos de violencia nugatorios del respeto al Estado de Derecho.


Los coordinadores de la Constituyente Gaitanista estaremos aportando informes, datos y artículos sobre Jorge Eliécer Gaitán como elementos que nutran el trabajo y le corresponderá a los concursantes precisar las diferencias que se presentan con Luis Carlos Galán y su legado.

BASES DEL CONCURSO:

-          Tener nacionalidad colombiana sin límite alguno de edad y contar con cédula o tarjeta de identidad colombianas, pudiéndose estar residenciado fuera de Colombia.
-          Estar  inscrito en la CONSTITUYENTE GAITANISTA. Si aún no se está inscrito, escribir al correo:constituyentegaitanista@yahoo.com a donde debe enviarse FOTOCOPIA DE LA CÉDULA de CIUDADANÍA o de la TARJETA DE IDENTIDAD.
-          A cada concursante se le otorgará un NÚMERO personal, que lo identificará como concursante, a fin de que su trabajo sea anónimo a ojos del jurado.
-          Los nombres del jurado estarán igualmente protegidos por el anonimato.
-          Hacer parte en Facebook del grupo de la Constituyente Gaitanista.
-          Haber asistido presencialmente o por Internet,  en forma activa y participativa,  en al menos una de las reuniones deliberativas de la Constituyente que tendrán lugar los cuatro (4)  sábados del mes de marzo en las horas de la mañana.
-          Haber participado, presencialmente o por Internet,  en la reunión plenaria del 9 de abril, que tendrá lugar en las horas de la mañana.
-          Presentar un trabajo a más tardar el 5 de mayo del presente año (2015) sobre el tema: “Las diferencias de vida, obra y memoria entre Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán”.
-          El escrito debe tener una extensión mínima de 15 (quince) páginas en espacio sencillo, con caracteres TIMES NEW ROMAN de tamaño 12 (doce) y márgenes arriba y abajo de 2,5 (dos y medio) y a la derecha y a la izquierda de 3 (tres).
-          Ser firmante del derecho de petición dirigido al País Político, que se elaborará en el transcurso de las reuniones deliberativas de la Constituyente Gaitanista durante los cuatro (4) sábados del mes de marzo y que se radicará el próximo 9 de abril en la Secretaría General del Congreso de la República. Nota: la firma de quienes no viven en Bogotá se tramitará vía correo electrónico.




NOTA IMPORTANTE: No se admiten en el escrito manifestaciones denigrantes u ofensivas dirigidas a ninguno de los dos personajes, ya que el concurso reconoce que ambos líderes políticos colombianos son dignos de respeto y que sus profundas diferencias y objetivos no implican condiciones infamantes, sino maneras disímiles de concebir la vida en sociedad, y modelos de estructuras sociales, políticas y económicas diferenciados, tanto en lo nacional como en lo internacional.

Piedras en el Zapato - Documental Antiminero

SANARTE EN CUERPO Y ALMA