| Por: Oscar Amaury Ardila G. |
Este, tal vez sea uno de los momentos recientes de la historia política del país más degradado e indecente, no solo por la corrupción pública y privada, la violencia letal contra sectores populares, el secuestro de los “poderes” judicial y legislativo por el poder ejecutivo, los escabrosos índices de desigualdad económica, sino también por lo que significan los procesos electorales.
El ejercicio participativo de elegir y ser elegido ligado a los gajes del concepto de democracia, se vuelve cada día más despreciable por cuenta del burdo y clientelista uso de las personerías jurídicas de los partidos políticos para alcanzar posiciones de poder. Nada novedoso el hecho en sí en la macondiana realidad nacional, pero ahora con el agravante de que los actores políticos en su mayoría no representan, no les interesa representar, ni a los directivos les importa si se cumplen o no, los básicos normativos de los principios que deberían defender; en la mayoría de sus veces, ni siquiera los candidatos a esas representaciones públicas conocen los estatutos de sus avaladores. Sin el menor escrúpulo o sonrojo, los arteros “militantes” cambian de bando como de vestimenta, según el sol($) que más alumbre y de acuerdo a circunstancias coyunturales locales, a la negociación, valor y comercio de los dominios privados de votantes, a los favorecimientos personales, familiares o de grupo. En el mercado de los habituales caudales electorales del país, se integra convenientemente una maligna legión de sujetos que obstruyen el avance de la cultura política de la población: partidos y movimientos políticos de papel, candidatos sin ética, ni escrúpulos, líderes de masas alcahuetes con las maneras torcidas y típicas de nuestra sociedad, y millones de ciudadanos sumidos en el enajenamiento ideológico e ignorancia política.
La historia de esta siniestra desventura de hacer política desde el diestro sistema, se remonta a mediados del siglo XIX cuando se constituyeron los dos partidos políticos tradicionales, herederos de las ideas europeas y dirigidos ambos (Liberal y Conservador) por acaudalados ciudadanos criollos; unos que defendían la costumbre política instaurada asidos por imperantes intereses económicos, y los otros, esbozando la idea de hacer transformaciones al Estado. Luego de años de ejercicio intelectual por avezados poblanos para conocer en esas décadas conceptos modernos de política, durante el siglo XX afloraron expresiones orgánicas alternativas a las propuestas de las camarillas tradicionales que con el tiempo esas emancipaciones de la bi-oligarquía, fueron decantándose en nuevas corrientes partidarias: Unión Republicana, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria – UNIR (Jorge Eliecer Gaitán), Alianza Popular Nacional - Anapo (Gustavo Rojas Pinilla), Partido Comunista de Colombia, Movimiento Unitario Metapolítico, Movimiento de Salvación Nacional, Nueva Fuerza Democrática, Alianza Democrática M-19, Unión Patriótica. Algunas de ellas desvanecidas con los años, otras victimizadas y puestas al borde del exterminio por la organización paramilitar creada por el régimen, y otras pocas, resucitadas cada tanto por nostálgicos militantes que intentan no dejar morir sus quimeras. Hoy en día, producto de iniciativas legislativas y modificaciones constitucionales desde los años 80s y 90s, la Constitución Nacional flexibilizó los requisitos para fundar partidos y movimientos políticos, dejando muy pocos controles respecto de su funcionamiento.
La presencia de nuevos actores, la minimización de exigencias y laxos criterios institucionales produjeron la multiplicación indiscriminada de personerías jurídicas, que en su afán de protagonismo nacieron y desaparecieron al vaivén de intereses individuales o de grupos de poder; otros más estratégicos, en ese proceso de reacomodamiento social, perfilaban sus estructuras para el posicionamiento de una marca electoral en la feria de los discursos demagógicos, los votos fáciles y las componendas.
La libertad que se tiene de prestar o negociar los rótulos jurídicos para avalar candidatos a corporaciones de elección popular, deja en evidencia el caos ideológico del sistema político en la enlodada construcción de sociedad. Las posiciones más antagónicas y contradictorias alardeando límites a la hora de colocar representantes dentro de los gobiernos, buscan concretar sus doctrinas a como dé lugar, lográndolo algunas veces; otras, mostrando indefectiblemente sus debilidades corporativas. La derecha, fiel a los postulados constitucionales del sistema, promueve personajes pura sangre que defiendan a ultranza la realeza criolla, pero de acuerdo a las circunstancias particulares captan y ofrecen sus aparatos a emergentes individuos del común para su proyecto. La izquierda, ondeando la bandera de la oposición y la transformación institucional, procura el cobijo de renovados cuadros, pero en ocasiones apertura sus personerías partidarias a ciudadanos sin mayores filtros o consideraciones programáticas. El centro sin compromisos ideológicos, se mueve entre las aguas de todos los colores y aprovecha las oportunidades electorales para realzar su presencia pública, bajo el manto de la participación democrática. En las tres orientaciones se puede encontrar la anarquía del pensamiento político y social, reflejado en el actuar público de sagaces ciudadanos dentro de las variopintas franjas de opinión: conservadores neo-liberales, liberales preservadores del sistema, centro-democráticos ultraderechistas, unidades nacionales desagregadas del todo, cambios radicales de 360 grados, verdes sin conciencia ambiental o con ambientalistas oportunistas, polo-democráticos centristas en coyunturas determinantes, progresistas demarcados del internacionalismo anti-imperialista, MIRAs dependientes sin absoluta renovación, modernas y lujosas atribuciones indigenistas, afro-descendencias blancas o amarillas. Hombres y mujeres que apartados del deber ser, hacen de los movimientos y partidos políticos (17 entes según información de la MOE), la realidad política de Colombia.
La coyuntura electoral que al final del siglo pasado se caracterizaba por bajos índices de participación ciudadana, en los últimos años ha ido tomando una dinámica de intervención distinta, hasta llegar a tener registros históricos de votantes, como lo fueron los resultados para la elección de candidatos a la presidencia de la Republica en 2018. Temas como el dialogo político entre clases, la bandera de la paz dialogada por actores armados, la defensa de los DD HH, la reivindicación de lo social, ha hecho que el país salga a encontrarse con el deber y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido dentro del marco jurídico, democrático y participativo, según lo anunciado por el preámbulo constitucional; el ejercicio ciudadano en los procesos electorales debería convertirse en un activo preponderante hacia el logro de una sociedad que asegure la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Ello, solo será posible en la medida que se avance en la construcción de un sujeto político cualificado, que se distinga de un montón de candidatos que gestionan avales a diestra y siniestra por los posibles réditos en una eventual nominación; que le interese la política más allá de un afán individual por ser la figura pública acomodada en ascensión a altos niveles de estrato, prebendas y riqueza.
