|Por REDHER2|
No sorprende el comportamiento y las respuestas de la institucionalidad de Norte de Santander ante las demandas y reclamos del campesinado de la Región del Catatumbo.
Los primeros meses del año 2016 han estado marcados por una ola de violencia desmedida en la que se resaltan asesinatos selectivos, feminicidios, masacres, desplazamientos, retenciones arbitrarias, falsos positivos judiciales, desapariciones, en su mayoría cometidos sobre población civil campesina. A la fecha no se ha escuchado un solo pronunciamiento de las instituciones departamentales al respecto, éste ha sido un dolor padecido en el silencio de la impunidad por los familiares de las víctimas. Contrasta con ello la respuesta en cabeza de primeros mandos militares y de policía ante el secuestro y la desaparición temporal de algunas personas, unas foráneas y otra extranjera.
Por años se lucha contra el modelo de contratación de la educación que humilla los docentes y Presidentes de Juntas de Acción Comunal, pisotea su dignidad, los convierte en mendigos de favores de políticos de todo rango y tendencia, para lograr casi llegando a la mitad del calendario escolar el nombramiento de algunos docentes, provocando así que la mayoría de los colegios rurales no cuenten con la planta que requieren, en consecuencia la calidad de la educación es pésima y las instituciones sin el menor asomo de vergüenza dicen: eso es para el campesinado, ellos no se dan cuenta que un licenciado en educación física también puede dictar matemáticas, ellos son muy ignorantes. Como si fuera poco, mientras la lógica indica que los salarios de los trabajadores, incluidos los docentes del sector rural, deben subir cada año, en el Catatumbo bajan. Y si bien el contrato de administración de la educación contempla dotación para cada estudiante desde transición hasta secundaria por año, se termina recibiendo como una donación solidaria del gobernador de turno que marca con su nombre cada morral y cada cuaderno, y demanda para la entrega protocolarios actos públicos en los que hay que rendir con venia el respectivo agradecimiento. Solo hasta que docentes y comunidades deciden parar actividades, se ofrece nivelación salarial, pero el modelo de contratación no cambiará, pues lo soportan en la existencia del conflicto armado.
En noviembre de 2012 con gran euforia se anuncia la firma de un convenio por más de 33 mil millones de pesos entre Ecopetrol, la Gobernación y varios municipios de la Región del Catatumbo, con el fin de mejorar las vías y construir puentes, entre ellos el de El Aserrío, el cual fue producto de un pliego tras la movilización de más de 1.200 campesinos y campesinas en el año 2007. La vía secundaria que atraviesa toda la Región, de responsabilidad del Departamento, se encuentra en excelente estado gracias a la instalación de peajes comunitarios que son administrados de manera transparente por las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal. El puente de El Aserrío, 8 años después aún no se construye y el contrato de los 33 mil millones ya no existe, argumentan funcionarios de Ecopetrol, porque el precio del petróleo cayó.
El manto de los cultivos de uso ilícito con el cual cubrieron la Región del Catatumbo, le ha permitido a la institucionalidad legitimar el abandono miles de campesinos y campesinas cultivadores de cebolla, tomate, cacao, café, caña, piña, fríjol, maíz, yuca, plátano, cuyos cultivos alcanzan las 62.000 hectáreas, frente a 6.944 hectáreas de coca reportadas para 2014. Mientras el debate se centra en el aumento o la disminución de los cultivos de coca, cientos de familias campesinas que por décadas han vivido de sus cultivos tradicionales, se ven obligadas a desplazarse a las ciudades por la sequía y la carencia de distritos de riego, los bajos precios de sus cosechas, el aumento desmedido y sin control de los precios de los insumos, los altos intereses de los créditos, la esterilización de los suelos y la indolencia de una institucionalidad que no los ve.
El Gobernador no entiende por qué el campesinado sale a paro y no encuentra las razones, y eso es comprensible, porque si el Gobernador entendiera al campesinado el modelo contratación de la educación ya hubiera cambiado, la violencia ya se hubiera atendido y la impunidad no recorrería la Región, el puente de El Aserrío ya estuviera construido, las carreteras las arreglarían con los recursos asignados para ese fin en el presupuesto departamental de cada año, y no con los $5.000 pesos que cada día pagan los que por allí transitan y la economía campesina sería apoyada por la política pública y cientos de familias no estarían conformando cinturones de miseria en Ocaña y Cúcuta.
Tampoco entiende la institucionalidad que cada paro en la Región del Catatumbo, desde la década del 80, ha sido una conquista para el campesinado, pues a través de ellos se ha conseguido cada escuela, cada puente, cada carretera, las inversiones no han sido el desarrollo de convenios o políticas, han sido producto de movilizaciones, paros, pliegos y extensas negociaciones que intentan generar desgaste al delegar funcionarios sin capacidad para decidir. Por tanto, para el campesinado el paro es la única vía para transformar la realidad de acuerdo a sus sueños y aspiraciones.
Y esta es otra cuestión que la institucionalidad no entiende. El campesinado tiene sus propios sueños, aspiraciones, sus planes de vida:
Cuando el campesinado dice comida, la institucionalidad dice palma,
Cuando el campesinado dice agua, la institucionalidad dice petróleo,
Cuando el campesinado dice territorio, la institucionalidad dice minería,
Cuando el campesinado dice: tengo que salir a paro para no desaparecer, la institucionalidad dice guerra y represión.
Ya sabemos que dirán que esta voz no es del campesinado, que esas palabras no son suyas, más sin embargo, es preciso aclarar que el campesinado es un pueblo ancestral, que por más de un siglo ha ocupado este territorio, ha construido una cultura propia y se ha organizado, ha desarrollado su autonomía, se ha esculpido en la lucha y el sufrimiento de cada día, desde mucho antes que otros llegaran a la Región, incluso, desde mucho antes que existiera esta moderna institucionalidad que hoy nos gobierna.
Así pues señor Gobernador, por todas estas razones y muchas más hay que salir a paro. Por los acuerdos incumplidos en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, por la derogatoria de la ley ZIDRES que atenta de manera directa la pervivencia del campesinado, por su reconocimiento en la Constitución Nacional como sujeto de derechos, por sus sueños y aspiraciones de un Catatumbo en paz con justicia social.
No le pedimos que lo entienda, sabemos que no podrá, ya su primer mandato lo demostró. Le exigimos que cumpla con su función, que actúe en el marco de la Constitución, que como primera autoridad del Departamento garantice las condiciones para quienes en uso del legítimo derecho a la protesta social, a la movilización hoy quieren participar en la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular, Sembrando Esperanzas, Cosechando País.
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