Ley antimonopolio de las licoreras



|Por Alberto Ramos Garbiras (1)|

El proyecto de Ley 152 (en la Cámara de Representantes) busca reformar el monopolio de los Departamentos sobre la producción de licores y abrirle espacio a los particulares para la producción de estas bebidas, asimismo disminuye los gravámenes a los licores extranjeros dejándolos al nivel de los nacionales. La Federación de departamentos anunció para el 9 de febrero 2016 una defensa férrea del monopolio departamental.

El monopolio sobre la producción de bebidas alcohólicas es una gran renta para los departamentos siempre y cuando no existiera el contrabando, la adulteración, la competencia desleal y clandestina de destilerías y sobre todo, siempre y cuando las industrias departamentales de licores puedan ejercer la distribución y las ventas directas como ha sido la costumbre comercial. Pero cuando el monopolio se transfiere a través de la distribución, a los particulares, de nada sirve una empresa industrial y comercial reducida a la impotencia y doblegada a unas cláusulas exorbitantes.

Es de aclarar que en la medida en que se ponga en riesgo la permanencia del monopolio rentístico en cabeza de los entes territoriales (los Departamentos), esto desestabilizaría las fábricas de licores que no están en condiciones de competir abiertamente con los licores importados; toda vez que existen Tratados de Libre Comercio (TLC). En la medida en que no se asegure la permanencia de esas licoreras se ponen el riesgo recursos sumamente importantes que son destinados para salud y educación, recreación y deporte, de los departamentos.

Si el Departamento del Valle regresara a la senda de la distribución directa, hay que defender el monopolio departamental de la producción. Pero si se retorna a la entrega de la distribución a un solo comercializador, daría lo mismo que el articulado de ese proyecto de Ley abra las puertas a la competencia con productores privados y permita la importación de licores extranjeros porque los impuestos y regalías que se obtengan y el cobro sobre la apertura de empresas privadas produciendo, sería igual a los escasos réditos que ha venido obteniendo. En el Valle desde hace 20 años (durante la Gobernación de Germán Villegas), comenzaron a permitir la distribución de particulares que diezmaron las ganancias del Departamento.

Teniendo en cuenta lo anterior, estas reflexiones tienen por objetivo analizar de una manera integral las diferentes acciones que el gobierno nacional quiere implementar para minimizar los ingresos de los entes departamentales y así poco a poco ir sacando del mercado a las licoreras que quedan en el país, para que con ello se logre este fin: abrirle a la empresa privada espacios para grandes negocios, darle juego a los importadores de licores extranjeros que tributaran al fisco nacional; cumplir con los contenidos de los TLC ; con esto lograr que la mayor tributación quede del orden nacional y solo por participación se tenga en cuenta a los entes departamentales.

Un monopolio de licores como arbitrio rentístico artículo 336 de la Constitución) sirve a las rentas departamentales y mejora sus finanzas, pero si no existiera el contrabando o estuviese controlado; si se lograra impedir la adulteración, también la duplicación clandestina de la producción; si la libertad de distribución le permitiera las ventas directas a los mayoristas, a su vez, manejar varios distribuidores dividiendo el mercado departamental y nacional para competir. Y si la capacidad instalada se utilizara para fabricar otros productos destinados a la distribución nacional y la exportación al mercado mundial. Es inconcebible que en medio del contexto de la globalización de la economía, una industria licorera no exporte lo suficiente, al menos para sostenerse y coadyuvar eficientemente con la atención de los derechos sociales, constitucional y legalmente asignados: salud, educación, recreación y deporte.

En un análisis reciente escrito por el Tesorero de la Industria de Licores del Valle, Moisés Banguera Pinillos, funcionario durante 18 años de la ILV, expone que: “El control de la producción, comercialización y venta de los licores como toda talanquera no ha servido para controlar la Comercialización, porque los Departamentos no controlan las fronteras, no controlan la oferta, no controlan los distribuidores debido a que carecen de las herramientas efectivas para que las autoridades hagan la tarea, aun peor no tienen mecanismos de verificación fiables para que los consumidores ayuden a realizar un auto control. Además la práctica de negar permisos de introducción y el cobro de tarifas diferenciales e inequitativas han alimentado mucho más el contrabando y la falsificación de licores”.

“También se han equivocado los gobiernos departamentales al no identificar claramente su fortaleza dentro de las categorías de licores. El fuerte de las regiones son los aguardientes, al crecer esta categoría la participación de cada licorera oficial es mayor y la riqueza nacional se beneficia, en razón a que el aguardiente no tiene competencia internacional, la debilidad de esta categoría o su competencia son los aguardientes falsificados y los artesanales, estos últimos no rentan a los departamentos pero fortalecen las economías familiares campesinas”2.

Los monopolios departamentales no han servido (con tres excepciones: Antioquia, Cundinamarca y Caldas, y el Valle cuando la distribución la hacia la misma industria), para tener rentas más eficaces. Prueba de ello es la desaparición de once licoreras departamentales dentro de los últimos veinte años transcurridos. La falta de freno al contrabando es la otra razón, llegan licores de otros departamentos en exceso de botellas a las pactadas en los convenios, y llegan licores extranjeros sin supervisión. La adulteración interna departamental en alambiques clandestinos sigue siendo superior a los decomisos de las Unidades de Rentas en varios departamentos. Esta competencia entre adulteradores origina también violencia entre bandas.

Existe la adulteración de los buenos productos que son imitables para obtener las ganancias que dan posicionamiento y prestigio de ese producto (en muchas mercancías, relojes, celulares, etc.). A nadie se le ocurrirá suplantar o copiar un producto que no tiene ventas notables. La gran calidad de los productos de la ILV hace que sean imitables. El que adultera o imita obtiene beneficios al no tener que incurrir en los altos costos de producción, ni cargas pensionales, ni impuestos, etc. En un misterio se torna el por qué si 23 departamentos no tienen industria licorera, los que sí la tienen, no cubren todos estos territorios, con distribución. Y cómo las Asambleas Departamentales no dinamizan o facilitan la búsqueda de esos mercados nacionales de entes territoriales sin fabricación de licores lícitos.

Si hacemos un ejercicio en prospectiva de lo que sería la cocaína cuando sea legalizada la producción y el consumo total, a nivel mundial avalada por la ONU para que ningún Estado sea tenido como paria (Ya está ocurriendo gradualmente con la marihuana), y como ocurrió con el tabaco, el whisky u otros licores, hasta volverse renta estatal; entonces podríamos visualizar que en un futuro otra renta estatal sería la cocaína que, se procese, produzca y distribuya desde industrias cocaleras departamentales, que dejaran grandes réditos también paradójicamente a la salud (debiendo tratar a los adictos, pero ganando en la disminución de la violencia: más morbilidad, menos mortalidad), pero que, no estarían exentos de competencia clandestina de cocinas y laboratorios; aunque en esa época futura el precio en el mercado sea menor al de hoy, dentro de la prohibición. Los alucinógenos, narcóticos y licores que provengan de las plantas atraerán mafias, así sean mini carteles, para suplantar y arrebatar el mercado, al ya legalizado.

(1) El autor de este artículo es abogado de la Universidad Santiago de Cali (USC); Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana, profesor de la Universidad Libre, ex Gerente de la Industria de Licores del Valle (ILV).

(2) Banguera Pinillo Moisés. “¿Monopolio de licores?” www.caliescribe.com, enero 30 del año 2016.

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