—Conclusiones de la Asamblea pasan ahora a la mesa de La Habana—
—La USO propuso proyecto de ley orgánica de hidrocarburos—
¿Cuál es el papel del sector minero-energético en la construcción de paz? Fue una de las preguntas que nuclearon el debate de la 2ª Asamblea Nacional por la Paz que sesionó el pasado fin de semana (19 y 20 de noviembre) en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá; debate en el que el sindicalismo minero-energético (USO, Sintracarbón, Sintraelecol, Sintracerromatoso, Sintraisa y Sintraisagen) estuvo presente, hizo un análisis de contexto de la situación del sector y aportó propuestas para la mesa de La Habana.
La 2ª Segunda Asamblea Nacional por la Paz, convocada esta vez por la USO, el Ministerio de Trabajo y las Universidades Nacional y Javeriana, contó con la participación de unas 1.200 personas, representantes del que podríamos llamar el país social: organizaciones cívicas, campesinas, indígenas, sindicales, étnicas afros, ONG y comu-
Los asistentes en su generalidad fueron personas provenientes de las zonas donde se extrae gas y petróleo; muchos de ellos voceros de comunidades desplazadas por efecto de proyectos minero-energéticos o por la acción de grupos armados ilegales. Es decir, representantes de la Colombia más afectada por el conflicto armado, la que se siente excluida del proceso y el debate que le espera al país tras la firma de los acuerdos de La Habana.
Esta asamblea fue la culminación de un proceso previo constituido por 53 asambleas subregionales realizadas en los últimos meses a lo largo y ancho de la nación, y de 11 asambleas regionales que recogieron las conclusiones de todos estos ejercicios. Se desarrolló en tres mesas, cada una con un eje temático: política minero-energética, desarrollo regional y construcción de paz, y la cultura de paz y los posacuerdos.
Presencia del sindicalismo minero-energético
“El gas y el petróleo deben sacarse de la guerra y ponerse en consonancia con el desarrollo de las regiones con paz y democracia”, dijo en su discurso de presentación Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, principal convocante de la Asamblea, toda vez que su realización y financiación por parte de Ecopetrol, fue un acuerdo incluido en la última convención colectiva.
En ese sentido, la principal propuesta que dejó sobre la mesa la USO es la constitución e impulso de un proyecto de ley orgánica sobre hidrocarburos.
Castaño calificó como positivo el apoyo político, e incluso financiero, del cuerpo diplomático de las embajadas de Noruega, Suecia y Venezuela, presentes en el evento. Como también la presencia y el activismo que tuvo el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón.
“Creemos que es un guiño del Gobierno Nacional, sobre todo de frente a la refrendación de los acuerdos de La Habana mediante un plebiscito, que por las últimas noticias parece que se abre paso en la mesa de La Habana”, agregó.
Dijo que van a hacer una valoración del nuevo hecho del plebiscito, bajo el entendido de que el pueblo será el que decidirá, y una parte importante de este pueblo fue el que deliberó en la asamblea. “Si estamos todos en sintonía y de acuerdo, vamos a ser en las regiones los impulsores de la paz como una realidad posible en este país”, indicó Castaño, quien calificó como exitoso el desarrollo de la 2ª Asamblea Nacional por la Paz.
En su discurso inaugural, el presidente de la USO envió un mensaje directo al gobierno nacional en sentido de que hay que desmantelar el paramilitarismo trasmutado en las Bacrim. “No habrá una paz social si todos los grupos alzados en armas, inclusive este paramilitarismo, están incluidos en un proceso de paz. Si no, habrá una arremetida contra el movimiento sindical y el movimiento social”, advirtió.
Por su parte, en la mesa en la que se discutió la política para el sector minero-energético del país, voceros de los 6 sindicatos del sector expusieron en contexto su situación laboral con base en datos de una investigación que sobre la materia viene adelantando la ENS, e hicieron propuestas para el posconflicto desde la perspectiva de los trabajadores y el movimiento sindical.
Previamente, y por iniciativa de la confederación global Industri-All, directivos de estos 6 sindicatos se habían reunido para trazar agendas y definir criterios y visiones sobre la problemática y las soluciones en el sector minero-energético. Al respecto Carlos Bustos, coordinador de Industri-All en Colombia, dijo a esta agencia:
“La idea es que los sindicatos del sector se unan para genera propuestas para el posconflicto. Los recursos naturales son muy importantes para este país y juegan un papel decisivo. Deben servir para beneficio del pueblo colombiano, porque claramente se ve que el sector eléctrico, el carbón, el petróleo y el ferroníquel están beneficiando a las multinacionales. Los acuerdos a los que se llegue en La Habana, o sea el silencio de los fusiles, no son la paz. La paz tenemos que empezar a construirla entre todos”.
Por su parte Igor Díaz, directivo de Sintracarbón, señaló:
“En la mesa que nos correspondió presentamos un panorama general de la situación laboral en el sector minero-energético en los temas de tercerización, negociaciones colectivas, actuación de las multinacionales, la forma como se está aplicando la política sindical, algunos criterios sobre derechos humanos, asesinatos de sindicalistas, desplazamientos y la criminalización de la actividad sindical, en la perspectiva de la reparación colectiva”.
Sensible ausencia del empresariado
Para Alejo Vargas, catedrático de la Universidad Nacional, convocante de la Asamblea, dijo que es importante que eventos como éstos se realicen, y calificó bien el papel activo que jugó el Ministro Garzón. Pero señaló como un “lunar” muy visible la absoluta ausencia el sector empresarial, que él hubiera querido ver representado en las mesas, empezando por Ecopetrol.
“Ecopetrol se abstuvo de convocar y asistir aduciendo que ya no es totalmente empresa estatal sino mixta, por lo que no que pudo esta vez tener el protagonismo que si tuvo en la primera asamblea hace 19 años, un argumento que puede que otros no compartan. Todo eso probablemente afectó, pero para mí el lunar grande de esta asamblea fue esa ausencia del sector empresarial”, anotó el profesor Vargas.
Sobre el evento mismo, dijo que es muy útil para el debate que se inicia en torno al posconflicto. Primero que todo por su gran diversidad, pues convocó a los sectores sociales populares, más no al país de las elites y tampoco a la clase media, un sector que, en su concepto, también tiene que hacer oír su voz y aportar. “Un país se hace incluyente teniendo en cuenta todas esas miradas”, puntualizó.
“Este tipo de eventos de alguna manera deben ayudar a crear ideas importantes para la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz en una democracia de mejor calidad; una sociedad más incluyente en los distintos campos, sin pretender que será el paraíso terrenal en los que todos los problemas se van a acabar, porque eso no es realista”, dijo el vocero dela Universidad Nacional, al tiempo que manifestó su esperanza de que la asamblea no quede como un evento más, una reunión de un grupo importante de personas que vienen a Bogotá, debaten dos días, luego se van y después no pasa nada.
Por su parte Roberto Moreno, presidente la federación sindical bancaria, Fenasibancol, también presente en la Asamblea, señaló que desde la perspectiva sindical del sector bancario y financiero se debate la función social que debe cumplir este sector en un escenario de posconflicto, una “banca para la paz”, como lo llamó, en la medida en que es el sector económico que más utilidades tiene en el contexto de la desaceleración económica que vive el país. “Es en este el momento en que se necesita más su concurso”, indicó.
Otras de las propuestas que planteó en su exposición, tienen que ver con alguna forma de reparación colectiva de la gente que perdió su vivienda tras la crisis del UPAC; una auditoría a la deuda externa del país y así establecer las deudas “odiosas” que el país no debe pagar. Mencionó casos de Argentina y Brasil, donde al hacer la auditoría a sus deudas externas se encontraron empréstitos internacionales utilizados en la reingeniería del ejércitos y en operaciones que implicaron asesinatos y desaparición de personas. “El sistema jurídico internacional ice que esas deudas odiosas no se deben pagar”, aclaró.
Publicado 23 de noviembre de 2015.
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