Estas estrategias para callar, ignorar o amedrentar a la oposición pacífica mandan mensajes ambivalentes y poco conformes al espíritu democrático del que tanto se vanaglorian las élites. Pues al parecer, no es posible lograr cambios por la vía del diálogo, de la protesta pacífica, o de procesos de consulta constitucionalmente vigentes (consulta previa, por ejemplo).
Julie Massal
A raíz de los recientes acontecimientos, relativos a la captura de varios líderes sociales acusados de estar involucrados en los atentados de Bogotá del pasado 2 de julio, y la denuncia sobre la debilidad de la acusación y la ausencia de garantías en el proceso judicial, hemos visto cómo nuevamente se evidencia una criminalización de la protesta y del pensamiento crítico, tal como lo han señalado de forma contundente varios columnistas. Por ende, es importante reflexionar sobre la relación estrecha que existe entre la protesta social y la democracia.
La represión de la protesta social en Colombia, tanto por parte del Estado como de actores armados ilegales, ha recurrido a una diversidad de herramientas, desde el silenciamiento y la invalidación de sus reclamos, entre las más “benignas”, hasta el encarcelamiento, la detención ilegal o arbitraria, el asesinato, las amenazas de muerte a los principales líderes de las organizaciones o la estigmatización social, en particular. Esto ha ocurrido en repetidas oportunidades, sobre todo durante la llamada “guerra sucia” a inicios de los años ochenta.
Pero lo notorio, y esto se sabe poco por fuera del país, al menos en escenarios diplomáticos o empresariales donde se pregona mucho sobre la democracia y la paz en Colombia para atraer la libre inversión, es que este proceso de represión estatal y judicial se ha intensificado desde el principio de las negociaciones de Paz en La Habana (2012), como han demostrado varios informes . A esto conviene sumar las amenazas paramilitares contra varios líderes estudiantiles de las universidades públicas del país, así como a periodistas o docentes de estas entidades académicas, y el asesinato del líder social Carlos Pedraza a inicios de 2015, entre otros. La represión se ejerce en particular contra los actores del Paro Agrario, acusados por el entonces ministro de defensa J.C. Pinzón de ser infiltrados por la guerrilla, dándose lugar a 816 detenciones, de las cuales solamente 180 personas fueron enviadas a procesos penales . De manera general, se observa un amplio proceso de acallamiento e intimidación contra las organizaciones que han surgido y se han fortalecido en los últimos años, como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, que reflejan procesos de organización unitaria de los actores sociales.
Esto conlleva una serie de impactos preocupantes para la protesta social en Colombia, en un contexto en el que, al menos oficialmente y en la escena internacional, el gobierno Santos quiere fomentar la democracia y la paz en el país. No obstante, la política de lucha contra-insurgente está poniendo en tela de juicio el carácter democrático de muchas prácticas de las instancias políticas y judiciales.
Los actores sociales movilizados y los actores institucionales, pese a sus profundas divergencias, tienen algo en común: suelen reivindicar, al nivel discursivo, un proyecto democrático, aunque no entiendan lo mismo por este término de democracia. De hecho el concepto, en los discursos, se vuelve a menudo una palabra que incluye una diversidad de valores, visiones del mundo y concepciones de lo que entendemos por democracia como proyecto político. Esto obliga a pensar la democracia como una aspiración de una multitud de actores con trayectorias de lucha, perspectivas y formas de pensar las políticas muy diversas o incluso antagónicas, más aun en contextos de álgida fragmentación social, económica y cultural. Por tanto, contrario a lo que se suele aducir, valorar o experimentar, la democracia no es sinónimo de promover un consenso absoluto, de lograr la ausencia de conflictos sociales o la “armonía” absoluta, menos aún la carencia de oposición al gobierno de turno. Al contrario, es una condición intrínseca de cualquier sociedad enfrentar desacuerdos más o menos profundos en torno a las distintas visiones sobre su pasado, presente y futuro, como lo ejemplifica el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Colombia (febrero de 2015), sobre las causas del conflicto armado. Debe buscarse la manera de resolver, ojalá de manera pacífica, estos conflictos entre visiones y perspectivas.
No todos los intereses prevalecerán ni todos los desacuerdos podrán ser solucionados, pero no pueden pasarse por alto, pues la ausencia de respuesta institucional o la represión de los denunciantes suele derivar en una radicalización de la denuncia, tarde o temprano. El silencio oficial ante una denuncia resulta contraproducente a mediano o largo plazo, así como también los acuerdos incumplidos, que suelen ser la constante en las negociaciones estatales con los actores de la protesta en Colombia, como es notorio luego del Paro Agrario. Tampoco es oportuna la minimización de los problemas denunciados o la invisibilización de los actores movilizados, peor aún la instrumentalización; estrategias poco hábiles en las que ha caído el gobierno Santos sucesivamente.
Incluso cuando el conflicto armado se apodera de la sociedad, y la tolerancia o la capacidad de dialogo y de respeto del adversario se desvanecen, es aún posible una oposición pacífica, neutra frente al conflicto, rechazando ser involucrada en él y no vinculada a los actores armados, como lo evidencian las comunidades de paz. Aunque los actores armados y el Estado instrumentalicen o estigmaticen los actores movilizados de acuerdo a sus propios intereses, ignoren dicha proclamación de neutralidad y sigan reprimiendo . Pero el espacio para la protesta se reduce drásticamente, pese al acuerdo de paz en negociación, que de hecho hace caso omiso de algunas problemáticas socio-económicas de la sociedad civil. Esta casi anulación del espacio para la protesta, en términos de derechos y garantías para una oposición pacífica, tiene consecuencias preocupantes para la democracia. La falta de garantías para expresar la oposición, manifestar el desacuerdo o el pensamiento crítico, y la constante amenaza que enfrentan los líderes sociales de ser encarcelados o amenazados de muerte, cumplen un propósito funcional para los partidarios del statu quo, al intimidar, atemorizar o desorganizar las organizaciones sociales. Así mismo es de destacar el irrespeto a los procesos de consulta vigentes, por ejemplo los referendos locales en torno a la instalación de una empresa dedicada a la explotación minera en detrimento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando su resultado es adverso a lo que esperan los detentores del poder.
Estas estrategias para callar, ignorar o amedrentar a la oposición pacífica mandan mensajes ambivalentes y poco conformes al espíritu democrático del que tanto se vanaglorian las élites. Pues al parecer, no es posible lograr cambios por la vía del diálogo, de la protesta pacífica, o de procesos de consulta constitucionalmente vigentes (consulta previa, por ejemplo). Así, no es de extrañarse que la protesta llegara a desplazarse en espacios menos institucionalizados y a usar medios de expresión menos pacíficos. No obstante, pese a todos los obstáculos y la ambivalencia institucional, los actores sociales, conscientes del estrecho margen de maniobra que tienen, mantienen una oposición pacífica, respetuosa de las reglas del juego democrático. Aunque reciban a cambio desprecio, estigmatización o la represión más cruda.
Los recientes “falsos positivos judiciales” son una muestra preocupante de que gran parte de los detentores del poder, aun confunden oposición (incluso pacífica) con enemistad o subversión, como lo ha señalado oportunamente R. Bar en su columna del 13 de julio en este Portal, porque al parecer aún no han salido mentalmente de los esquemas heredados de la Guerra Fría. Tampoco han aprendido que la democracia no es sinónimo de silenciar el desacuerdo o el conflicto, y no es algo que se maneja a conveniencia de los intereses. La mejor “evidencia” que puede presentar el poder (ejecutivo, judicial, etc.) que anhela ser considerado como demócrata es aceptar la incertidumbre intrínseca del resultado electoral y fomentar las garantías judiciales para el debido proceso.
Tal vez se le olvidó ya a Juan Manuel Santos que fue reelecto, en las justas, gracias al apoyo de una gran parte de la izquierda colombiana que apoya la paz. Una paz justa y profundamente democrática. Acallar la oposición, que sin embargo le dio la oportunidad para mantenerse en el poder y llevar adelante la paz, es como mínimo una prueba de preocupante ceguera política. Aún recuerdo nítidamente un grafiti leído en una calle quiteña en épocas de álgida movilización social, que decía: “por mandarnos a callar, se nos aceleró la imaginación”.
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1. Informes reseñados en: Regis Bar: “Defender los derechos humanos en tiempo de proceso de paz: una tarea aún más difícil e importante”; Palabras al Margen, Marzo14 de 2015:http://palabrasalmargen.
2. Agencia Colombia Informa: “Vuelven los "Falsos Positivos" de Santos, ahora son "judiciales", Agencia Colombia Informa, Julio 9 de 2015:http://www.colombiainforma.
3. Ortega P. Pablo, “Aproximación teórica al impacto del conflicto armado en la movilización social, U. Javeriana; documentos de CERAC, Bogotá, Julio de 2013, n°20 (pdf, 23p.).
4. Andrea Paracchini, “Des ressources naturelles au coeur des conflits : Colombie” (entrevista a S. Moreno Rubio sobre el caso de La Colosa):http://www.altermondes.org/
5. Vuelven los "Falsos Positivos" de Santos, ahora son "judiciales", Agencia Colombia Informa, Jueves, 09 Julio 2015: http://www.colombiainforma.
Fuente: http://palabrasalmargen.com/
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