La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la UNION SINDICAL OBRERA –USO- expresa su más enérgica condena por el asesinato del compañero NELSON MEDINA ORTEGA, presidente de la Asociación ARCA, aliada y fundada por la USO Meta hace 20 años, que se venía destacando en la reivindicación de los trabajadores de la región; el pasado viernes 17 de octubre a las 7 de la noche, por sicarios que llegaron hasta su residencia y le hicieron 4 disparos a su cabeza.
Hace tan solo 47 días también sicarios cegaron la vida de Edith Santos, quien era integrante de la Junta Directiva Nacional del Sindicato SINPROSEG, y Presidente de la Asociación comunitaria en Acacias, CJAID. Es conocido que la USO es una de las organizaciones que desarrolla su actividad y luchas de la mano de las comunidades circundantes en cada lugar y en varios ocasiones la represión estatal se ha volcada también sobre ellas.
Tanto ARCA como CJAID son formas organizativas que se han dado las comunidades en la región para blindarse de la corrupción reinante en las bolsas de empleo que vacunan y niegan las posibilidades de empleo a las comunidades en las regiones petroleras.
Contrastan estos hechos con el discurso del presidente Santos y sus ministros, quienes hacia el exterior aseguran que la crisis de derechos humanos en el país ha sido superada, ocultando deliberadamente otra realidad: la existencia de 50 grupos paramilitares que actúan en contubernio con las autoridades en 407 municipios del país, sembrando amenazas, atentados y asesinatos en una danza del terror contra comunidades indefensas.
El Presidente Santos, su Ministro de defensa y el sistema judicial deben decirle francamente al país si de verdad piensan que será posible la paz en medio de grupos paramilitares reactivados y una fuerza pública profundamente corrupta y criminal, que actúa contra la población según los vetustos manuales del “conflicto de baja intensidad”, ahora traspuestos en el “Estatuto de Seguridad Ciudadana” y la extensión del criminal Fuero militar, que otorga patente de corzo para que militares y policías vayan asesinando a ciudadanos en cualquier esquina a su libre albedrio.
Lo que ocurre en el país, en medio de un proceso de paz sin garantías para los ciudadanos, es un genocidio silencioso contra líderes sociales, reclamantes de tierras, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos. La UNP cancela esquemas de protección al mismo tiempo que la situación de riesgo aumenta sobre los luchadores populares.
Otra vez, repetimos lo que ya se volvió un rito en nuestra vida diaria: exigimos que este nuevo crimen se investigue. Después de miles de muertos ojala la adormecida justicia negada a diario para los pobre, actué.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL –USO-
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Bogotá, 20 de octubre 2014
CANDELARIA VERGARA
Secretaria
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