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En el extremo del
suroccidente de Nariño, al otro lado de la cordillera Occidental se encuentra
el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, que forma parte del municipio de
Ipiales. Su cabecera, la ciudad de Ipiales está a 17 horas en carro del
corregimiento. Sólo esto ya da idea del abandono absoluto en que vive inmerso
el corregimiento.
Pero no ha sido la
distancia el factor responsable de una historia de pobreza y de violencia sobre
sus comunidades, sino estar ubicadas, literalmente, sobre un mar de petróleo.
Actualmente en
Jardines de Sucumbíos están funcionando tres pozos de extracción de petróleo
propiedad de Ecopetrol. El territorio del corregimiento da continuidad a toda
la zona petrolífera del Putumayo con 109 pozos petrolíferos en explotación y
una producción de más de 10.500 barriles diarios. Por el corregimiento también
pasa el oleoducto trasandino que recoge el crudo del Putumayo para
transportarlo, atravesando el macizo colombiano, desde los pozos de
Villagarzón, Orito o Churuyaco hasta el puerto de Tumaco en el océano Pacífico.
Ecopetrol lleva 32
años en lo que ahora es el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, con cinco
pozos de extracción de crudo, de los que tres están en funcionamiento. Los
camiones cisterna diariamente recorren la única trocha de acceso al
corregimiento que sólo se arregla para permitir salir o entrar las tractomulas
cargadas de crudo. Cuando se recorre la trocha o se entra a las veredas no se
ve, por parte alguna, cuál ha sido el progreso que, en todos estos años, haya
podido llevar la extracción de crudo al corregimiento. Pero sí que es palpable
la evidencia de la violencia sufrida y la sangre vertida de sus pobladores,
violencia que en esta tierra de grandes recursos naturales está al orden del
día.
El último episodio
destacado de violencia vivido por la comunidad, fue el pasado 17 de mayo,
cuando cuatro jóvenes de la vereda de El Alto Amarradero - DEIVI LOPEZ ORTEGA,
BRAYAN YATACUÉ SECUÉ, JOSE ANTONIO ACANEMOY y JOSÉ YINER ESTERILLA- eran
asesinados por efectivos del Batallón Especial Energético Vial 9 General José
Maria Gaitán, actualmente al mando del Teniente Coronel Andrés Felipe Arcos
Muñoz, integrado en la Brigada de Selva 27. Los partes del ejército los
presentaron a los medios de comunicación como pertenecientes a la guerrilla de
las FARC-EP muertos en un enfrentamiento armado. La comunidad rechaza
enérgicamente esta versión, ya que son campesinos e indígenas, personas activas
de la comunidad, afiliadas a FENSUAGRO, igualmente son notoriamente conocidos
todos los pasos que en ese día dieron y los disparos escuchados por la
comunidad no se corresponden con un enfrentamiento sino con una ejecución
extrajudicial. Desafortunadamente, las gentes de esas veredas sufren con tal
frecuencia los tiroteos y bombardeos que ya saben distinguir los sonidos de las
armas. Los habitantes dicen “si eran guerrilleros, porque no los cogieron vivos
y los entregaron a la justicia”. Afirman que el ejército sabía quiénes eran,
pero las ejecuciones extrajudiciales vienen cumpliendo con la estrategia de
amedrentamiento de la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente para que
abandonen el territorio.
Una historia de
violencia
Y es que la historia
de violencia, desplazamiento forzoso y asesinatos el larga y dolorosa. Viven en
un territorio de frontera, con una presencia fuerte en la zona del Frente 48 de
las FARC-EP y de los batallones antiguerrilla del ejército. A primeros de los
años 2000 sufrieron la plaga del paramilitarismo, responsable del
desplazamiento de gran parte de los habitantes de la zona, hasta que un
encarnizado combate entre las FARC-EP y los paramilitares de las AUC, que
contaron con el apoyo de la fuerza aérea del ejército para poder huir, acabó
con su presencia en la zona. Explican sus habitantes que pocos paramilitares sobrevivieron
al enfrentamiento. Son duras las historias de asesinatos y todo tipo de
violaciones de derechos humanos llevadas a cabo desde 1998 por los
paramilitares y el ejército nacional sobre las veredas.
Pero hay un punto de
inflexión muy importante que la población remarca, el año 2006. Es cuando
Ecopetrol decide reactivar la producción de los pozos petrolíferos de Jardines
Sucumbíos, abandonada a comienzos de la década del 2000 debido a la presión de
constantes atentados y hostigamiento de la guerrilla. Para ello instala un
destacamento del Batallón Especial Energético y Vial nº 9 “José Maria Gaitán”
(BAEEV 9) en la vereda de El Empalme. Los Batallones Especiales Energético y
Vial se crearon a partir del año 2001, como parte del Plan Colombia, para proteger
la infraestructura minero energética, atraer la inversión extranjera de las
empresas multinacionales del sector e implementar la política neoliberal
extractivista. Actualmente Colombia dispone de 21 batallones minero
energéticos, diez de ellos creados en los dos últimos años, y encuadran a
80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del ejército de tierra.
El BAEEV 9 se creó
en 2001 operando en el alto Putumayo, en los municipios de Orito, Valle del
Guamuéz y San Miguel, pero no fue hasta 2006 que llegó al corregimiento. En ese
año Ecopetrol compró unos terrenos con engaños a un campesino, diciendo que
eran para construir una nueva batería de extracción, pero en realidad eran para
ubicar una base militar. La Base Militar del BAEEV 9 en la vereda de El
Empalme, de Jardines de Sucumbíos, se instaló junto a la Batería Sucumbíos de
Ecopetrol lindando, pared por pared, con la escuela primaria y las casas de la
vereda de El Empalme. Fue Ecopetrol quién instaló la base militar en los
terrenos que compró la empresa, terrenos que siguen siendo de su propiedad. Fue
Ecopetrol quien decidió que había que instalar ese batallón y dónde tenía que
estar ubicado.
Poco importaba que
la presencia de la base militar pudiera afectar a la población civil, no hubo
consulta de ningún tipo, su objetivo no era brindar seguridad a la población
sino proteger las instalaciones y la extracción de crudo de Ecopetrol. La base
militar y Ecopetrol, desoyendo las obligaciones que el Derecho Internacional
Humanitario plantea en los conflictos armados, aprovecharon la presencia de la
escuela de primaria y de la población civil para protegerse de los ataques
insurgentes, poniéndola así en riesgo permanente.
Con la base Militar
llegan nuevos asesinatos. En la tarde del 8 de septiembre de 2007 son detenidos
arbitrariamente los campesinos de las veredas de El Amarradero y de Ranchería,
SIMON CORENA, GENTIL YASCUARÁN y FELICIANO OBANDO por efectivos de la Brigada
Móvil 13. Al día siguiente el ejército informa a la comunidad de la muerte en combate
de tres guerrilleros que se corresponden con estas personas, todo ello a pesar
de que habían sido detenidos previamente y que no fue hasta el día siguiente de
la detención cuando pudieron escucharse en la vereda de El Amarradero los
disparos del supuesto combate.
Como era de esperar,
la base militar atrajo los hostigamientos de la insurgencia, con
enfrentamientos y bombardeos. Los hostigamientos no han cesado, sólo en el año
2013 ha habido cinco episodios de hostigamiento y bombardeos con proyectiles y
cilindros bomba. Muchos de ellos han afectado a las viviendas y a la misma
escuela y han creado un clima de terror y zozobra entre la vecindad del Bajo y
Alto Empalme. La presencia de la base militar obligó a desubicar la escuela de
primaria y la escuela de capacitación agraria. La comunidad tuvo que luchar
para lograr cambiar su emplazamiento, para alejar a los niños y niñas de la
primera línea de los enfrentamientos bélicos, del objetivo de los
hostigamientos. Finalmente tuvo que reubicarse en la Institución Educativa
Rural El Empalme, a unos centenares de metros de la vieja escuela, apiñándose
en sus instalaciones los niños y niñas de primaria y de secundaria. Hoy, las
instalaciones de la escuela primaria del Bajo Empalme están vacías, con las
múltiples heridas que en sus paredes van dejando los hostigamientos armados. No
hay ruido, risas o juegos de niños, sólo se percibe el horror de las cicatrices
de la guerra. Pero el alejamiento de la escuela no ha sido suficiente, el
efecto de la guerra permanece en la mente de los niños, “Los niños pequeños se
orinan cuando oyen balacera”, “Acá no se pueden celebrar fiestas con cohetes,
ya que ese ruido asusta a los niños y las niñas”.
Las viviendas
adyacentes a la base militar también se han visto afectadas. Todas las
viviendas de las cercanías presentan agujeros en los tejados, grietas en las
paredes, boquetes causados por el impacto inevitable de proyectiles y bombas.
Muchos de los vecinos y vecinas del Empalme han abandonado sus domicilios para
huir de los imprevisibles hostigamientos, otros pasan las noches en el Alto
Empalme, alejados unos centenares de metros más de la Base Militar. No sólo las
viviendas han sufrido los efectos de los hostigamientos. Vecinas del Empalme
han resultado heridas por los bombardeos, otras siguen necesitando tratamiento
hospitalario por el traumatismo psíquico de los bombardeos y muchas más se han
desplazado a lugares alejados de la base.
La gente de las
veredas es consciente de que la llegada del Batallón Especial Energético y Vial
nº 9 al corregimiento ha supuesto una escalada en la violencia. Su función
radica en proteger las instalaciones y la extracción de crudo por Ecopetrol, si
hasta entonces las actividades y hostigamientos del ejército habían sido
puntuales la presencia del BAEEV 9 los ha convertido en habituales. Las
hostilidades bélicas se plasman ataques con explosivos y minados por las
fuerzas insurgentes y en bombardeos y ametrallamientos por la fuerza aérea del
ejército. En la vereda de Fronteras del Amarradero cuentan como después de
tantos ametrallamientos y bombardeos sufridos, que han dejado heridas en todas
las cubiertas por donde entra la lluvia de la que deberían resguardar, “hasta
los animales (domésticos) tienen psicosis y terror cuando oyen el aleteo de los
helicópteros”.
La necesidad del
BAEEV 9 de tener resultados los ha llevado a hostigar y estigmatizar a los
habitantes, en la lógica perversa, como en muchas ocasiones han tenido que
escuchar de los propios militares, de que “si se quedan en el territorio es
porque son guerrilleros”. Los señalamientos y las detenciones arbitrarias se
suceden continuamente. Detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales. Más
de 30 personas del corregimiento están con procesos judiciales en curso, muchas
de ellas encarceladas sin poder contar con una asistencia letrada de confianza
por carecer de los recursos necesarios, otras con condenas firmes. Muchos de
los señalados lo han sido por la falsa denuncia, como pago por los beneficios
de la “desmovilización”, de supuestos miembros de la guerrilla.
Los habitantes del
corregimiento también sufren detenciones arbitrarias cuando van a sus fincas o
regresan a la vereda por parte de las patrullas militares, a menudo bajo los
efectos de las drogas. Han de sufrir malos tratos, humillaciones o amenazas por
efectivos del Batallón Energético y Vial 9 para intentar obtener información,
siendo posteriormente liberados bajo la” advertencia” de que no revelen el
trato recibido.
Las tropas del BAEEV
9 implican a los niños y niñas en el conflicto, dando plata a los niños de las
veredas a cambio de información, preguntando en qué ocupan el tiempo sus
padres, por dónde andan o a qué se dedican. Hay miedo en la población de lo que
pueda pasar con sus hijas, ya que el ejército violó a una mujer nasa, como fue
denunciado en su momento, pero temen que en cualquier momento se produzcan
abusos sexuales o violaciones sobre las jóvenes y las mujeres, eso hace que su
libertad de vida se vea constreñida, y que por el miedo real al ejército
permanezcan en las casas y no se relacionen cotidianamente con vecinos o
vecinas, sobre todo cuando cae la noche. Han impuesto “de facto” un toque de
queda.
La presencia
permanente del BAEEV 9 ha conllevado dificultades para acceder a las veredas o
las fincas, horas restringidas, temor a desplazarse de noche. Los efectivos del
batallón que se apostan en las fincas ha obligado a campesinos y campesinas a
permanecer encerrados en sus ranchos sin poder salir de ellos durante 2, 3 días
y hasta 20 días en alguna ocasión. Los soldados toman bienes de las familias
como gallinas, cerdos o el fruto de lo que está sembrado sin dar nada a cambio,
inutilizan cercas o contaminan pesqueras. Se pierden cosechas cuando los militares
no dejan acceder a los campos de cultivo a las mujeres y hombres que tienen en
su tierrita su única fuente de alimento. Asimismo, las exploraciones sísmicas
de Ecopetrol en busca de nuevos pozos han secado pozos y fuentes de agua, lo
que está empobreciendo la tierra y las capacidades de cultivo, dificultando el
acceso a este elemento vital para el consumo humano y de los animales. Todo
ello de acuerdo con la estrategia del ejército y de la empresa de dejar a la
población sin medios de vida, de llevarla al hambre, para que abandonen el
territorio.
Tampoco se puede
caminar con tranquilidad hacia los campos de cultivo. Las fuerzas insurgentes
han continuado con la siembra de minas antipersonales en los posibles lugares
de paso del ejército, en muchos casos cerca de los campos de cultivo. Los
habitantes del corregimiento saben que “por dónde pasa el ejército ya no se
puede transitar con seguridad porque el ejército y los otros van a sembrarlo de
minas”, y han aprendido a caminar sin salirse del centro de la trocha, a entrar
en las casas por sitios dónde se tiene la seguridad de que no haya ningún
artefacto enterrado. A pesar de estas precauciones ha habido víctimas civiles
de las minas, un campesino murió por una de ellas, y un líder de la comunidad
nasa sufrió heridas en el rostro y perdió la vista en un ojo por la
deflagración de otra. El acoso y el temor de la población son constantes.
El ejército usa las
escuelas para protegerse, entrando sin permiso en sus instalaciones, tanto en
la escuela de Brisas del Rumiyaco o en la misma IER El Empalme, a pesar de que
está a 500 metros de la base militar. Recientemente se han hallado minas
antipersonales alrededor de la escuela IER El Empalme, y cerca de las viviendas
y de la zona que ocupa la Base Militar.
Como resultado de la
ofensiva paramilitar vivida, de las fumigaciones con glifosato y de la fuerte
militarización en que vive actualmente el corregimiento, el desplazamiento
forzado ha reducido el número de habitantes de 5.000 que eran en la primera
mitad de los años 2000 a poco menos de 2.800 en 2012.
Abandono y
Resistencia
La población de
Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria
y al olvido por las autoridades administrativas en que vive. En 2003 se crea la
Fundación El Progreso para afrontar la grave situación de los derechos humanos
en la zona por los hostigamientos a la población civil de la fuerza pública y
los paramilitares, la persecución de los líderes comunitarios, los continuos
combates bélicos; por la fumigación de los cultivos de coca sin ningún tipo de
programa de sustitución; por el abandono de las autoridades municipales y
departamentales. El mismo mapa del municipio de Ipiales, expuesto en su propia
web, deja en el olvido el corregimiento de Jardines de Sucumbíos terminando
abruptamente sin llegar a sus límites con el Putumayo.
La Fundación El
Progreso es una organización que agrupa a todos los habitantes del
corregimiento, sin diferencias étnicas o de condición, que a nivel nacional
está afiliada a FENSUAGRO. Actualmente agrupa las juntas comunales de las 13
veredas, de los 5 resguardos indígenas (Pastos, Nasa, Awá, Kofán) y a los 3
consejos comunitarios afrodescendientes. Y ha ido diseñando su propia agenda
política, que ha avanzado combinando la movilización con la negociación.
En octubre de 2009
los habitantes del corregimiento, para atraer la atención de las autoridades,
paralizaron durante más de 15 días la producción de las tres baterías de
Ecopetrol en funcionamiento, impidiendo el traslado del crudo extraído,
pidiendo inversión en educación, salud y vías y la anexión al departamento del
Putumayo. El bloqueo concluyó con la firma de los acuerdos de 2009 con el
municipio de Ipiales y la gobernación de Nariño, receptoras de las regalías que
produce Ecopetrol en la zona. En marzo de 2010, ante el incumplimiento de los
acuerdos, y con la amenaza de nuevos bloqueos, realizan una toma pacífica de la
Asamblea Departamental en Pasto que forzará la realización de más inversiones
en la zona y la designación de Jardines de Sucumbíos como corregimiento del
municipio de Ipiales. En junio de 2012 un paro de docentes y estudiantes por
falta de pago del transporte se transforma en un paro de la comunidad en
general que fuerza nuevos acuerdos. En octubre del mismo año la comunidad
bloquea durante 12 días la salida de crudo de los pozos petroleros hasta que se
firmó un acta de acuerdos con el alcalde de Ipiales y la empresa Ecopetrol
para, como dice el acuerdo, “continuar con las inversiones sociales”. Por su
parte la comunidad, a través de la Fundación el Progreso, elaboró en 2012 un
Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos.
Pero a pesar de los
acuerdos y las inversiones conseguidas por la comunidad por la vía de la
movilización, la amenaza y la violencia continúan en el corregimiento. Los
habitantes son conscientes, como ellos mismos dicen, de que “Quieren el sector
desocupado por los recursos”, de que “El gobierno no quiere acabar con la
guerrilla, no quiere acabar con la coca, lo que quiere es venir a perforar
pozos y por eso manda al ejército”. Nos dicen “para que hacer planes agrícolas
en el territorio, lo mejor que pueden hacer es negociar que les den una
vivienda en Orito o en Ipiales”. Los hechos confirman estas afirmaciones.
Ecopetrol puso en refuncionamiento tres de los pozos existentes en 2006, para
ello impulsó una fuerte militarización de la zona para proteger sus intereses
con la radicación de una Base Militar del Batallón Especial Energético y Vial
nº 9. Ecopetrol compró y cedió al ejército los terrenos para su ubicación. La
presencia militar no ha respondido al interés general no ha protegido a la
población civil, sino que la ha estigmatizado, la ha hostigado, la ha utilizado
como escudo humano e incluso ha asesinado a varios de sus miembros. Ha seguido
provocando desplazamiento forzado. Ha actuado en favor de la seguridad privada
y de los intereses privados de Ecopetrol. Los tres pozos actualmente en
funcionamiento tienen una producción cercana a los 230 barriles diarios, pero
los planes de la compañía pasan por la exploración de 62 puntos más, y de ellos
tienen la certeza de la existencia de petróleo en 36 de ellos, con lo que la
producción podría llegar a los 1.500 barriles al día. Pero visto el coste de
estos 230 barriles diarios que tiene para los habitantes del corregimiento de
Jardines de Sucumbíos la pregunta es cuánta sangre más será necesaria para que
Ecopetrol pueda llevarse los 1.500 barriles diarios de petróleo.
Este artículo forma parte de la Investigación en curso sobre los Batallones Energético Viales y sus connivencias con las empresas extractivas
Fuente:
http://prensarural.org/
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