|Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez|
En el día 12 de respuesta popular en lo que se ha conocido como el paro agrario nacional, el gobierno multiplica la incertidumbre con hechos que pueden sintetizarse así:
1. De tratamiento civil a tratamiento militar. El gobierno cambia el enfoque para tratar las movilizaciones sociales, que crecen y resisten en respuesta al gran movimiento que ha puesto a girar todos los temas alrededor de los alimentos, de la tierra y de la soberanía para defender lo propio y que han volcado la mirada hacia la inconveniencia de los TLC, aprobados en medio de protestas y anuncios de destrucción de la débil economía nacional. El gobierno anuncia que cambia el marco de enfrentamiento entre gobierno y manifestantes, con escenario en una mesa de dialogo, a una confrontación entre enemigos, para buscar resolver la situación ya no por vía de una negociación, si no por la desmovilización de la protesta social. Con esta estrategia, privilegia el tratamiento militar, de guerra, a lo que hasta ahora era un asunto de orden público. Ordena la disposición de 50.000 efectivos militares para ocupar las calles y campos del país, llama a la fiscalía a endurecer sus acciones y estigmatiza y minimiza la independencia de los análisis, demandas y capacidad de los campesinos. (Insinúa para la confusión, que el tal paro si existe, pero que es conducido por marionetas de otros intereses vinculados a vándalos y criminales). Deja un limbo de incertidumbre al señalar que el gobierno central controla las órdenes de guerra, pero que los gobernantes locales se responsabilicen de sus ciudades.
2. El gobierno se levanta de la mesa de negociación. Esta es una salida coherente con el propósito de desgastar al movimiento en general, restar legitimidad a sus voceros en la mesa e intimidar a quienes resisten y mantienen la protesta. La idea parece ser la de convertir al movimiento social en un enemigo al cual tratara de desprestigiar, de deslegitimar, de ridiculizar, de aniquilar e incluso tratar de sacar del camino a los voceros de la contraparte en la mesa de conversaciones y crear confusión sobre lo que ocurre. Abandonar la mesa de conversaciones constituye un acto de intolerancia, de arrogancia y de incapacidad del gobierno, que tuvo una salida similar hace una semana en la habana. Al pararse de la mesa o siquiera insinuarlo, rompe la lógica de toda conversación entre pares que dialogan. Así mismo provoca la ruptura de los débiles hilos de confianza entre partes y deja un mal ejemplo para los propósitos superiores de concretar acuerdos de paz con la insurgencia y de iniciar la búsqueda de respuesta a otros asuntos en curso como la educación superior, básica y media, salud y minería artesanal.
3. El gobierno señala al opositor político, que no está en la mesa, como enemigo de la democracia y agenciador de la violencia. Esta situación es contraria a todo propósito de construcción democrática y de participación política en un eventual acuerdo de paz con la insurgencia, sobre la base de inclusiones, consensos y disensos. En la noche del 29 se presentó ante los medios el ministro de defensa anunciando que las agrupaciones políticas de las FARC (¿?) presionaban a la mesa de conversaciones para no alcanzar acuerdos y al despertar del día 30 lo hizo explicito el presidente señalando directamente a la Marcha Patriótica, de tener agenda propia en las conversaciones, lo que resulta altamente peligroso para la democracia y anuncia la continuidad de la política de terror contra todos los opositores sociales y políticos y en especial sus miembros, militantes y luchadores sociales tanto de este como del conjunto del movimiento social sobre quienes no ha cesado la persecución, el acoso, la desaparición forzada, la falsa judicialización y el asesinato.
4. El gobierno sigue indiferente y displicente porque no tiene respuestas. Esta situación tenderá a mantener la tensión entre Estado y Pueblo, porque se necesitan transformaciones en estructuras, instituciones, marcos legales, modos de acción. Las movilizaciones del día 29 de sacaron a miles y miles de personas a las calles en una clara demostración de la inconformidad nacional, del descontento y del rechazo no solo a las políticas de estado, si no de rechazo al modelo, al neoliberalismo. El gobierno ha dejado ver claramente que en Colombia las decisiones políticas están bajo la tenaza de los sectores económicos y los sectores de la guerra. Ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, y otras ciudades intermedias le mostraron al gobierno a través de las multitudinarias movilizaciones que campo y ciudad son un circuito conectado y que el conflicto está relacionado con causas estructurales económicas y políticas que es necesario empezar a remover con urgencia.
5. El gobierno hace una equivocada caracterización de actores en la protesta. No solo resulta equivocada si no malintencionada la definición de actores. Es notorio el apresurado afán de estigmatizar, fracturar y negar el conflicto social y económico, que por supuesto tiene repercusiones políticas. La idea de que había tres grupos: Campesinos, Estudiantes y Vándalos y Terroristas de las FARC, es poco seria e inconveniente. De esta convocatoria nacional participaron los sindicatos asociados a la CUT que agrupa a la mayoría de trabajadores sindicalizados del país, también lo hicieron sectores como salud, poder judicial, transportadores, indígenas y pequeños comerciantes entre otros.
6. El gobierno pone la violencia del lado de la protesta para negarla. Ningún sector tenía como propósito organizarse, movilizarse, marchar y protestar para destruir o chocar y menos aún para impedirse a sí mismo. El propósito era justamente terminar las masivas concentraciones en las plazas principales, ya que era justamente del seno de tales concentraciones habrían de salir los acuerdos de continuidad de las luchas populares y a definir agendas colectivas a seguir. Debajo de las acciones de violencia que muestran los medios para opacar lo ocurrido hubo miles y más miles de gentes con su voz y sus banderas reclamando soluciones. Cabe anotar que a lo largo de la historia no han sido las mismas movilizaciones las que provocan la violencia, si no más bien, que hay factores de violencia que cuentan con el concurso de agentes del estado y del gobierno para desvirtuar y destruir, con el propósito de minar la capacidad de respuesta popular organizada. ¿Quién controla en estas épocas a paramilitares y grupos de extrema derecha?
7. El gobierno está llamado por la movilización social a crear una Mesa Única Nacional, para tratar el conflicto social y aportar herramientas para la paz sostenible y duradera y avanzar en la discusión que encuentre salidas de fondo a la reestructuración del Estado mismo y eso está más allá de tratar aranceles o comprar tardíamente la leche que le ha faltado por décadas a los niños de Colombia, la paz pasa por la comida, por las minas, por la distribución de la tierra. La paz pasa por el campo para que sea posible replicarla en las ciudades. Hay no solo sobre la mesa si no sobre las calles y los campos una indignación nacional de las mayorías de población que no termina con el desbloqueo de las vías ni con la calma inducida por fusiles.
Fuente: mrestrepouptc.blogspot.com
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