| Por Europa Press y Afp / Desde Abajo |
La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia contabilizó 297 ataques contra antiguos guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2018.
Un informe del secretario general de la ONU, António Gutiérrez, notificó 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. La Unidad Nacional de Protección puso en marcha hasta ahora 94 medidas urgentes de protección. Al menos 19 ex combatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a su solicitud.
El organismo denunció 42 matanzas y el asesinato de 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, incluidos nueve de comunidades indígenas y cinco mujeres, en 2020, en Colombia, y advirtió del riesgo de muerte que corren más de dos tercios de los 11 mil guerrilleros desmovilizados.
El escrito, basado en un reporte trimestral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en el país sudamericano, señala que, aunque han disminuido las tasas nacionales de homicidio durante el primer semestre de 2020, "la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto aún continúa", y añadió que 13 presuntas masacres siguen en proceso de verificación, que se sumarían a las 42 confirmadas.
Guerrilla reconoce crímenes cometidos
Por otra parte, la ex guerrilla de las FARC reconoció ayer ante la justicia de paz su responsabilidad en varios crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el del ex candidato presidencial conservador Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.
El tribunal, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano, informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen "aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad" en seis sonados casos.
Entre ellos los asesinatos de Gómez, del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.
También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las FARC.
El anuncio de la ex guerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa, pues por muchos años se creyó que detrás del ataque contra el histórico líder conservador estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
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