| Por: Alexander Martínez Rivillas* |
Fuimos la última generación que en la Universidad Nacional de Colombia no debía pagar un solo peso de matrícula. Desde principios de los años de 1990 se empezó a desmantelar todo el régimen de exenciones que tenían las universidades públicas, y que venía de los años de 1970.
La mayoría de estas reivindicaciones se conquistaron en el fragor de las luchas sindicales y estudiantiles que se habían fijado la meta, en su momento, de conquistar la gratuidad educativa en todos los niveles de escolarización. Desde mediados de los años de 1990, la meta fue prácticamente olvidada por todas las agendas de las organizaciones profesorales y estudiantiles, hasta que, el movimiento social chileno del año pasado, nos recordó que ese objetivo era completamente realista.
Sobre los que se apegaron a la agenda de la gratuidad educativa en todo el sistema universitario, entre otras reivindicaciones, sufrieron la violencia estatal y paramilitar. Asesinaron a muchos líderes estudiantes y profesorales desde 1970 hasta principios de la década de 2010. Pocos ya recuerdan los nombres del profesor Alberto Alava (1982), o del estudiante Oscar Salas (2006), para referir dos épocas distintas. Además del miedo y los asesinatos que se cebaron sobre los movimientos estudiantiles y los líderes profesorales, que terminaron produciendo la inacción de sus organizaciones, también se presentó una suerte de cooptación de sus cuadros políticos. La idea, bien desarrollada en la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional, o en la Universidad del Tolima, consistía en domesticar toda esa “furia revolucionaria” con cargos administrativos de planta, temporales, u OPS. En varios momentos de esta historia, antes de los años de 1990 era casi inmoral recibir estos nombramientos.
El régimen de méritos siempre fue una reivindicación del movimiento estudiantil y profesoral de los años de 1960 y 1970, tanto en la escala estatal como al interior de las universidades. Pero, después de la gran domesticación de estos “sediciosos de la palabra”, vinieron con toda “legitimidad” los nombramientos a dedo, los contraticos temporales, las ayudas esporádicas, etcétera. Prácticas que se convirtieron en el pan de cada día del sistema universitario estatal. Ahora, a casi todas las organizaciones profesorales y estudiantiles les parece casi un “ritual de apaciguamiento” pasar de la marcha callejera al cargo administrativo o, incluso, a la cátedra, sin ninguna mediación de concursos objetivos. De hecho, las asociaciones sindicales olvidaron por completo la vieja reivindicación de los concursos de méritos y de la carrera (docente o administrativa), como los elementos sustanciales de la mejorar del servicio público.
La matrícula cero no solo es necesaria para el semestre B de 2020. Se debe exigir su perpetuidad en todo el sistema estatal. La vieja estrategia de ampliar las brechas educativas entre “ricos” y “pobres”, mediante coberturas mediocres, la destrucción del mérito y la cooptación de líderes, no puede ser aceptada. Las luchas estudiantiles y profesorales se caracterizaron por igualar la calidad y la financiación total de los costes educativos, y no para profundizar sus brechas, tal como hoy sucede. Y lamento mucho que casi todas las organizaciones sindicales y estudiantiles de las universidades públicas hayan renunciado a materializar de fondo estas agendas realmente revolucionarias.
(*) Profesor Asociado de la Universidad del Tolima.
