Hay que decirlo: la Unidad Nacional de Protección (UNP) no está funcionando como debería, ni cumpliendo a cabalidad con sus funciones. Las altas cifras de asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país lo demuestran, enmarcados en las solicitudes que la UNP recibe y no atiende, o atiende pero no brinda medidas suficientes de protección.
El principal argumento para el mal funcionamiento, por parte de Pablo Elías González, director de esta entidad, es que no tienen suficientes recursos: se calcula en el momento un déficit de por lo menos 270 mil millones de pesos en la entidad. No obstante, los problemas de funcionamiento van mucho más allá que solo una falta de recursos.
Aquí les presentamos cinco razones por las que la UNP, en sus condiciones actuales, no es una entidad que pueda asegurar seguridad y defensa para quienes están en condiciones de riesgo en Colombia.
Trámites engorrosos
Una de las principales denuncias que se hace contra la UNP es su demora para atender las solicitudes de protección. Cualquier colombiano que, en su juicio, vea que su vida está amenazada y requiere protección por parte del gobierno, puede elevar a la UNP una solicitud para que se le asigne un esquema de seguridad.
El tiempo que la UNP estima que toma para responder las solicitudes es de tres meses. Este tiempo para una persona amenazada puede llegar a ser demasiado largo, y representar ataques en su contra o incluso la muerte.
Pero los tres meses son solo un estimado propio de la institución, y en la realidad puede ser mucho más el tiempo: en Antioquia, por ejemplo, supimos de un caso en el que unos líderes solicitaron protección a la UNP y la entidad se demoró 10 meses para dar respuesta a las solicitudes. Para rematar se les consideró su riesgo como “ordinario”, lo que significa que no se les asignó medidas de protección ni se les proporcionaron condiciones para reubicarse, que era lo que estaban buscando por el peligro que hay en sus territorios.
Si tres meses es demasiado tiempo para que la UNP responda a una solicitud de protección, tiempos como 10 meses pueden ser ya suficientes para que las condiciones de seguridad de la persona hayan cambiado, incluso empeorado.
Tercerización de contratos
Una de las maneras de la UNP de prestar protección a los colombianos es mediante esquemas de seguridad compuestos por escoltas. Se supone que a mayor riesgo, mayor es la cantidad de escoltas que la UNP asigna, acompañados por vehículos blindados.
Se podría pensar, entonces, que la UNP tiene bajo su mando cientos o quizás miles de escoltas a su disposición para conformar los esquemas de los protegidos, pero la realidad es que no es así. Según los registros de la misma UNP, la institución solo cuenta con 339 escoltas vinculados de manera directa.
Los demás, que son 5059, corresponden a escoltas que están subcontratados o contratados a través de terceros. Las beneficiadas aquí son diferentes empresas de seguridad y de vigilancia que prestan sus servicios a la UNP. Estas empresas pertenecen en muchos casos a militares en retiro, y cuentan con sus propias políticas y lineamientos.
Lo anterior significa que solo el 6 por ciento de los escoltas con los que la UNP cuenta trabajan de manera directa para la entidad. También que gran parte de los recursos de esta institución terminan en cuentas privadas y de terceros.
Operación ya desbordada
Las tres clasificaciones que usa la UNP para las personas en situación de peligro son “riesgo ordinario”, “riesgo extraordinario” y “riesgo extremo”. El riesgo ordinario corresponde a aquel al que están sometidas todas las personas “por pertenecer a una sociedad”, y por lo tanto no requiere medidas de protección.
Por su parte, las clasificaciones de riesgo extraordinario y extremo se les dan a personas que por sus actividades, trabajos u oficios están en peligro, siendo el extremo para quienes están en peligro inminente. Estas personas, por Ley y procedimientos internos de la UNP, sí tienen derecho a las medidas de protección que ofrece la UNP.
Los registros de la institución dan cuenta de que en la actualidad tienen contempladas a 9087 personas. De este total, quienes están en riesgo extraordinario y extremo son 6754, es decir más de las dos terceras partes del total.
Si se tiene en cuenta el número de escoltas que están a disposición de la UNP (5398), no habría ni siquiera un escolta para cada persona que cuya situación denota riesgo extraordinario o extremo, a pesar de que la Ley indica que estas personas tienen que recibir medidas de protección.
Es por esto que la Unidad Nacional de Protección usa otros métodos que, al final, no son efectivos. Estos son proporcionar chalecos y botones de pánico a quienes están en riesgo, pero hemos recibido muchas denuncias de que estos objetos antes terminan acrecentando el riesgo y no disminuyéndolo.
Todo esto nos hace pensar que la UNP está desbordada, y que como institución no tiene suficientes recursos materiales ni humanos para atender a la gran cantidad de personas que están en riesgo en Colombia.
Protección que no sirve en el campo
Algunas denuncias de líderes y protegidos de la UNP tienen que ver con el funcionamiento de los esquemas de seguridad en zonas apartadas de las grandes urbes. Según estas denuncias, las medidas de la UNP no sirven en el campo.
Un líder social del Atlántico y además precandidato al Concejo de su municipio nos contó que prefiere no utilizar las medidas de protección que le asignó la UNP porque cree que estas lo ponen más en riesgo cuando se encuentra en su trabajo rural.
Las medidas de protección que este líder tiene son un teléfono celular, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Esta persona cuenta que en sus desplazamientos por zonas rurales, tener un chaleco antibalas puesto lo único que hace es “llamar la atención” y poner en peligro su vida.
En cuanto al teléfono, el líder dice que en zonas rurales no tiene señal y que por lo tanto no es un insumo que le pueda ayudar a protegerse. Lo mismo opina del botón de pánico, cuya llamada de emergencia puede tardar horas en ser respondida cuando se encuentra en zonas rurales.
Estas, entonces, no son medidas de protección que lo protejan de verdad.
En cuanto a los escoltas, dice que hay mucha dificultad para que estos puedan desplazarse en zonas rurales, y que también pueden llamar mucho la atención para alguien que esté en el campo. Además, por la manera en la que los grupos criminales atacan a líderes en zonas rurales, uno o dos escoltas no harían la diferencia.
Malas prácticas
Los procedimientos internos no son los únicos que han demostrado estar fallando en la UNP. En el campo de acción, en el terreno, también existen denuncias de malas prácticas que ha tenido el personal de la UNP, y que ponen en riesgo a quienes se encuentran en condiciones ya difíciles de seguridad.
La más reciente de estas denuncias corresponde a un líder social en Antioquia que se quedó sin la protección de su escolta porque este alegó que “no tenía el pasaje” para desplazarse hacia el lugar en el que se encontraba el líder.
Luego, después de presentar la denuncia ante la UNP, el líder se dio cuenta de que el escolta habría estado entregando información personal suya a la entidad, con lo que entendió que este escolta estaba haciendo una labor de inteligencia en su contra. Esta denuncia aún no ha sido atendida por las autoridades de la UNP, que según el líder desviaron la atención sobre este caso.
Otros ejemplos de malas prácticas de los que tenemos registro son de escoltas que al parecer sufren ludopatía, y como consecuencia estarían subastando sus armas de dotación en casas de empeño. Estas denuncias, una vez más, fueron desestimadas por completo por las autoridades de la UNP, y no se siguió en ninguna investigación posterior a los hechos.
Si los encargados de la protección de los colombianos incurren en estas prácticas, ¿qué seguridad podemos esperar?
