No se puede hablar de una crisis en materia de derechos humanos en Colombia con el objetivo de apaciguar a la opinión pública y a la comunidad internacional, pues desde hace décadas no han variado los actores que perpetúan las violaciones a la vida, la integridad y la libertad de los colombianos. Durante 2016 se ha cometido un asesinato político por semana.
El uso (o abuso) de la palabra “crisis” debería estar supeditado a los aspectos históricos del problema para no desinformar y en consecuencia, llamar a las cosas por su nombre. Desde que se anunciaron los diálogos entre insurgencia y Gobierno, y en la medida que se desescala el conflicto armado en los últimos meses, son profundas, súbitas y violentas las consecuencias humanitarias para otros sectores de la sociedad.
Algunos casos recientes: sin garantías al derecho de asociación y la libre expresión
El 22 de abril en la ciudad de Cali hombres armados ingresaron a la vivienda de Flor Silva, dirigente sindical del movimiento Congreso de los Pueblos. Al no encontrarse en su vivienda y debido a la alarma de la comunidad, huyeron del lugar en motocicletas y camionetas de vidrios polarizados. Semanas atrás, en las oficinas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia dejó un comunicado donde afirma que el Congreso de los Pueblos es un objetivo militar.
Un día antes a lo ocurrido con Silva, Javier Henao fue detenido por tropas del batallón Bombona del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. Actualmente le imputan el delito de rebelión, aun cuando su actividad política ha sido reconocida públicamente dentro de la vocería campesina de la Cumbre Agraria y por el trabajo comunitario que desarrolla desde el Coordinador Nacional Agrario -CNA- y el Congreso de los Pueblos.
En el mes de marzo, mujeres del movimiento Marcha Patriótica iniciaron vigilia en iglesia de Bogotá, denunciando los 112 asesinatos de los que han sido víctimas militantes de la organización. Además de recalcar el silencio de la iglesia católica frente a los actos de terrorismo de Estado, se hizo homenaje a Klaus Zapata, integrante de la Juventud Comunista asesinado el 6 de marzo en el municipio de Soacha. Exigieron además la libertad de 300 prisioneros políticos de su movimiento. Además, esta semana, asesinaron al docente Diego López mientras dictaba clase. López participó activamente de la última movilización sindical y de docentes en el departamento del Cauca.
La semana pasada fue encontrado sin vida Nelson Junca, un egresado de la Universidad Pedagógica que habían reportado desaparecido desde el 5 de abril. Otro estudiante, Miguel Barbosa de la Universidad Distrital, se encuentra en coma luego de ser agredido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, según sus compañeros de clase. Aunque la Policía lo niegue, recordemos que también negaron el asesinato de Nicolás Niera y Óscar Salas. Hace unos días un policía pidió perdón por haber modificado la escena del crimen de la muerte de Diego Felipe Becerra, el grafitero asesinado por un patrullero de la Policía por pintar una pared en 2011.
Según un documental presentado en la Feria del Libro de Bogotá, la mal llamada “limpieza social” existe hace más de 35 años y van 4.928 personas asesinadas. La juventud popular es asesinada permanentemente, no existen políticas públicas para enfrentar el “fenómeno” y las estadísticas se esconden. Los líderes comunitarios del barrio Potosí en Ciudad Bolívar (Bogotá) afirman que van 40 jóvenes asesinados, pero no tienen como levantar información completa porque es un problema invisible, tanto para los políticos sordos como para los programas de seguridad que no quieren entender que esta generación no ha vivido ni un solo día de paz . La Policía dice que esas operaciones no existen, otros dicen que “si los mataron, fue por algo”. Lo cierto es que este tipo de exterminio social no cuenta con un delito penal, no hay responsables, aunque se sabe quiénes son. El Estado brilla por su silencio y complicidad.
2016: un asesinato político por semana
El partido político Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista han denunciado que “hay un plan para asesinar a sus jóvenes militantes”, haciendo referencia a los 12 homicidios del año en curso contra integrantes del movimiento social. El ministro del Interior responsabiliza a las Bacrim, grupo paramilitar que en los últimos meses recrudeció la violencia para mostrar su desacuerdo con los diálogos de paz. “Me siento en el exterminio de los 80’s”, manifestó Aida Avella, dirigente de la UP.
Según la unidad investigativa de Indepaz, fueron 14 los grupos narcoparamilitares que hicieron presencia en 149 municipios de 22 departamentos en los primeros tres meses de este año. Sus objetivos militares siguen siendo los reclamantes de tierras, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Con los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- durante el gobierno de Álvaro Uribe, se le hizo creer al país que el paramilitarismo terminaba. El lenguaje cambió y desde entonces se llaman Bandas Criminales, neoparamilitares o grupos post-desmovilización.
Mientras existe un recalcado afán (y la estrategia anti-izquierda lo ha demostrado) de judicializar a muchos líderes sociales en poco tiempo, no existe una política de Estado en contra de las Bacrim. Más allá de capturarlos, que es en lo que se basan las excusas mediáticas, lo que debería existir es garantía de seguridad para los territorios. La Fiscalía tiene como función constitucional garantizar investigación y sanción por las masacres, amenazas, desapariciones y otros delitos de lesa humanidad, lo curioso es que más de 150 integrantes de la Fuerza Pública e, incluso, fiscales, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- y jueces han resultado detenidos en el último año por colaborar con Los Urabeños y otros grupos paramilitares.
“Que la paz no nos quite la vida”
De acuerdo al último informe del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep- sobre situación de derechos humanos en Colombia, los métodos de victimización más utilizados son las amenazas, los heridos, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, sin olvidar la importancia de los atentados, la desaparición y la violencia sexual. En ese sentido hay que señalar quiénes fueron los presuntos responsables durante el año 2015 en el marco de la persecución política, el abuso de autoridad e intolerancia social: paramilitares (1065 víctimas), Policía Nacional (572), Ejército Nacional (292), Fuerza Pública (24), Fiscalía (28). En menor medida los delitos fueron ocasionados por el Gaula, la Fuerza Aérea y el Inpec para el caso de la tortura en las cárceles.
Las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH- fueron relacionadas de la siguiente manera según la presunción de responsabilidad: paramilitares con el 69%, Ejército Nacional 14%, Policía Nacional 13%, FARC 4%. Se presentaron igualmente seis “falsos positivos” en la primera parte de 2015, con responsabilidad directa de Ejército y Policía. Las restantes ejecuciones extrajudiciales denunciadas fueron inscritas a años anteriores. Cabe señalar que desde octubre de 1984 hasta diciembre de 2015, el periodo en el que se presentaron la mayor cantidad de denuncias fue entre 2002 y 2010, mientras Álvaro Uribe fungía como presidente y Juan Manuel Santos como ministro de Defensa.
Quienes se dedican a defender los derechos humanos, actividad directamente vinculada con el apoyo a los procesos de paz y la búsqueda de justicia social, enfrentaron en 2015 amenazas realizadas en 78% por paramilitares, 18% sin información y 3% por el Estado colombiano.
Se van a cumplir cuatro años de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Santos; esto se traduce en una importante reducción de las hostilidades entre combatientes, pues se redujeron los militares muertos en 23.7%, así como en 61% para las FARC y 58.3% para la guerrilla ELN. La muerte de policías disminuyó en 68.8%. No obstante, no es esa la realidad para los líderes cívicos, ambientales y sociales. De 421 amenazas recibidas en 2012 se pasó a 873 en 2015, equivalente a un aumento del 107.3%. Entre 2014 y 2015, periodo en el que se avanzó considerablemente en los puntos de acuerdo de La Habana, las amenazas aumentaron el 53.7% por parte de la Policía Nacional y en 27.8% desde los paramilitares. Las del Ejército se redujeron, ‘solo’ se documentaron 74 amenazas para 2015 (-25,3).
Tampoco es alentador el panorama en cuanto a detenciones arbitrarias se refiere; como victimario la Policía ejecutó 160 detenciones arbitrarias y el Ejército 115, un aumento de 175,9% y 130% respectivamente en comparación con 2014.
En su informe anual, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta celeridad para la revisión disciplinaria de estas actuaciones, así como solicita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para los pueblos indígenas, afro y campesinos que fueron despojados de sus territorios. También anota que el 36.5% de la población privada de la libertad no tiene sentencia, así como recalca la falta de seriedad para dar resultados en torno a los “falsos positivos”.
Algunas conclusiones
Aunque se intenta desde el Estado fortalecer la institucionalidad ad portas de la firma de los acuerdos de paz, es pobre en contemplar la garantía de derechos para las mayorías, ignorando que es la falta de voluntad política y la ausencia de vida digna la que originó el alzamiento armado revolucionario hace 50 años.
La protesta es una forma de exigir respeto por las demandas sociales. El Estado tiene el deber de dialogar con quienes protestan, no de continuar reprimiendo y criminalizando a través de las mismas instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos.
Es claro que la ‘guerra’ contra el paramilitarismo, si es que puede llamarse así, no va a ser exitosa, es inganable, pues siguen funcionando oficinas de sicarios como si fueran empresas de vigilancia privada. Se hacen los locos (con el respeto que los locos se merecen) con los reales intereses de estos grupos que aún son mantenidos a través del poder político y narco-empresarial.
Finalmente, el Estado colombiano no es un Estado democrático, pues incumple sus obligaciones internacionales al no actuar en materia penal, disciplinaria y operacional para controlar la no repetición de todo lo anteriormente mencionado.
En este camino, los grandes medios de comunicación no están preparados para la paz. Mientras se justifican disfrazando lo picante y escabroso como algo aceptable para la cotidianidad nacional, los medios alternativos y populares ponen la dignidad por encima del miedo y la vida por encima de la injusticia. Eso es pedagogía para la paz.
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