· Durante los 4 primeros meses del año, la Fecolper ha registrado un total de 70 hechos de violencia y/o agresiones contra periodistas, con un total 76 víctimas. Estas afectaciones representan el 80% del total registrado en 2015, donde en el mismo periodo se registraron (5 casos).
· Bogotá se consolida como la ciudad con mayor número de afectaciones a la prensa con (24%), seguida por Antioquia (9%) La Guajira (9%), Tolima (7%) y Casanare (6%).
· Los medios comerciales (especialmente los pequeños locales), así como los medios comunitarios alternativos, son los de mayor afectación, con 53% y 26% respectivamente, según los registros nacionales.
· La tendencia de estas cifras, con corte a 30 de abril de 2016, alerta sobre el aumento de casos en los que las agresiones al parecer provienen directamente de funcionarios / servidores públicos (sin inclusión de la Fuerza Pública).
Como se había alertado en el Informe Anual sobre Afectaciones a la Libertad de Prensa de 2015, publicado por FECOLPER el 8 de febrero, la violencia contra los y las periodistas en el país ha sufrido una serie de cambios significativos en cuanto a tipo de agresiones, lugares de ocurrencia y agresores, que parecen configurar un nuevo escenario de censura para quienes ejercen actividad periodística.
La situación actual se caracteriza por un predominio de formas de violencia contra los y las periodistas en las que particulares/desconocidos, funcionarios/servidores públicos y grupos paramilitares/BACRIM se constituyen en los principales agresores contra la libertad de prensa.
En los cuatro (4) primeros meses de 2016, la FECOLPER ha registrado un total de 70 hechos de violencia y/o agresiones contra periodistas, que representan a su vez un total 76 víctimas. La amenaza, se consolida como la forma de agresión más recurrente (26 casos), seguida por la obstrucciones al trabajo periodístico (12 casos) y por las campañas de desprestigio y/o estigmatización (10 casos).
Con relación a las campañas de desprestigio y/o estigmatización, es de resaltar que en los primeros cuatro (4) meses del año ya se ha registrado el 66% del total de casos reportados en 2015 (15 casos), y que en su mayoría éste tipo de agresiones son promovidas por particulares, en lo referente al cubrimiento de temas del proceso de paz y el conflicto, y por funcionarios/servidores públicos, cuando al parecer se pretende evitar o impedir el cubrimiento de temas de corrupción o de la gestión pública.
En este periodo, también se registraron casos de censura directa e indirecta (3 casos), así como el cierre de medios (2 casos), presuntamente para silenciar periodistas y medios; situación que resulta alarmante en un contexto sociopolítico que anuncia la necesidad de que la diversidad de voces del país se vea reflejada en los medios de comunicación.
Bogotá se consolida como la ciudad con mayor número de agresiones (17 casos), en sólo cuatro meses los hechos reportados representan el 74% del total de agresiones registradas en la ciudad capital durante 2015. La ciudad es seguida por Antioquia (6 casos) La Guajira (6 casos), el Tolima (5 casos) y Casanare (4 casos reportados), cuyo número de agresiones reportadas representa el 80% del total registrado en 2015 (5 casos).
Con relación a los presuntos responsables de las agresiones a los y las periodistas, se consolida el patrón identificado en el 2015: la primera posición sigue siendo ocupada por los particulares (22 casos), seguido de autores desconocidos (17 casos), funcionarios / servidores públicos (15 casos), la Fuerza Pública (8 casos) – en su mayoría integrantes de la Policía Nacional – y en quinta posición se ubican las BACRIM o grupos paramilitares (5 casos).
El auge represivo de los grupos paramilitares/BACRIM en algunas regiones del país, preocupa de forma especial a los y las periodistas, en la medida en que el cubrimiento de temáticas relacionadas con los proceso de paz entre gobierno nacional e insurgencias, parece constituirse en un factor de riesgo, lo que va en contravía del ambiente de pluralidad informativa y de contenidos que debería primar en este momento de ensanchamiento de la democracia.
Es urgente que el Estado colombiano actúe en garantía de la libertad de prensa, logrando generar un ambiente propicio para un ejercicio periodístico acorde a la realidad política del país, que no es otro que la búsqueda de una paz estable y duradera en la que la voz de todos y todas sea escuchada, y las diferencias de todo orden puedan ser superadas a través del diálogo.
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