¡ETB no se vende!



Con 131 años de historia, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es una de las empresas públicas más antiguas y reconocidas de Colombia. El Distrito es el mayor accionista de ETB, con el 86,6% de las acciones. La Universidad Distrital tiene el 1,8% de la participación accionaria, a lo que se suman las acciones de otras entidades públicas como la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta. El 11% de las acciones está en manos de accionistas privados, luego de que Enrique Peñalosa las enajenara en su primera administración.

La ETB tiene un carácter estratégico. Además de ser una fuente de ingresos permanentes para el Distrito, es de las pocas empresas públicas que queda en el sector de las telecomunicaciones, por lo que es fundamental para evitar la consolidación de un oligopolio privado conformado por las trasnacionales Claro, Telefónica y Millicom. Sin embargo, el alcalde Peñalosa anunció su intención de privatizarla, lo que constituiría otro despropósito en su ya largo historial de agresiones contra el patrimonio público.

Desde su posesión, el Alcalde no ha perdido la oportunidad para denigrar de la empresa, hecho de suma gravedad que beneficia a las multinacionales que esperan quedarse con ETB a menosprecio. Peñalosa nombró como Presidente de ETB a Jorge Castellanos, quien no tiene experiencia en el sector de las telecomunicaciones, pero es reconocido por su experticia en enajenaciones empresariales. Castellanos en 1999 estuvo al frente de Fogafín, desde donde dirigió la operación de rescate con la que los bancos se quedaron con cerca de $12 billones de pesos de los impuestos de los contribuyentes. En sus primeras declaraciones, el Presidente-Liquidador reconoció su incapacidad para fortalecer la empresa y afirmó que la única opción es la privatización.

Por las equivocadas decisiones de las últimas administraciones, los ingresos de ETB se han estancado en cerca de 1,4 billones de pesos anuales. Sin embargo, esto no justifica la privatización, porque la empresa mantiene una importante presencia en el sector –controla el 33% del mercado de internet de Bogotá- y puede fortalecerse. Lo que necesita es una buena gerencia que corrija los errores del pasado, aproveche las ventajas que tiene frente a sus competidores y con una política comercial adecuada, incremente el número de suscriptores y, con ello, obtenga mayores ingresos.

ETB es la empresa de telecomunicaciones con el mejor servicio de internet del país. Su proyecto de fibra óptica al hogar (FTTH por sus siglas en inglés) le permite ofrecer velocidades que van desde las 25 megas hasta las 150 megas, lo que le valió el reconocimiento de ser el mejor proveedor de internet en Colombia según el ranking de Netflix. Su oferta de televisión tiene un buen reconocimiento, a lo que se suma los servicios de telefonía e internet móvil que presta mediante la tecnología 4G. Además, sus tarifas son competitivas. Su plan básico tiene más del doble de velocidad de internet que el de sus competidores y un mayor número de canales, a un costo casi igual que los de Claro y Telefónica.

Que ETB no haya podido aumentar el número de suscriptores no se debe a que la empresa no sea competitiva sino a los errores de las últimas administraciones. Una de estas equivocaciones fue la subcontratación con empresas privadas que, además de violar los derechos de los miles de trabajadores tercerizados, han incumplido las obligaciones relacionadas con la instalación de servicios a nuevos usuarios. La Contraloría encontró que en el año 2014 ETB tuvo 43.714 solicitudes de instalación de servicios, de las cuales solo se instalaron 18.450, lo que quiere decir que la empresa perdió el 58% de posibles suscriptores.

El servicio de atención a los usuarios también se subcontrata y los resultados han sido muy malos. En 2014 los reclamos por mala atención aumentaron en un 70% y la empresa tuvo que pagar $2.150 millones en multas por no responder de manera adecuada las peticiones, quejas y reclamos de los suscriptores. A esto deben sumarse los sobrecostos que la Contraloría ha denunciado en los contratos con empresas privadas y la venta de las acciones de ETB en Tigo a un precio inferior en $40 millones de dólares a su valor real.

 En lugar de privatizar o de buscar socios estratégicos el Alcalde debería mejorar la administración y emprender una campaña de mercadeo que le permita a la empresa aprovechar el despliegue tecnológico que hoy tiene. Como lo señala la Contraloría Distrital, “la ETB tiene un buen producto, una red que tiene ventajas competitivas frente a otros operadores para posicionar en el mercado sus servicios, pero por falta de una estrategia comercial adecuada no ha logrado atraer nuevos usuarios que le permitan cumplir con sus metas propuestas y lograr el retorno de la inversión”.

La importancia de ETB en las finanzas distritales es otra razón para oponerse a su privatización. Entre 2000 y 2005 el Distrito recibió cerca de $1 billón de pesos en dividendos, cifra que fue de $500 mil millones entre 2013 y 2015 y que se espera que aumente una vez las nuevas inversiones comiencen a ser rentables. La propuesta del Alcalde de enajenación llevaría a que la ciudad pierda una fuente de ingresos permanentes, que quedarían en manos de una trasnacional.

La privatización no solo perjudicaría a Bogotá, también afectaría al país pues se consolidaría el oligopolio privado de las telecomunicaciones que tanto daño les ha causado a los colombianos. Los estudios de la ONU y de la OCDE señalan que los servicios en Colombia, además de caros, son de baja calidad. En Europa, la mitad de las conexiones a internet tienen una velocidad superior a 10 megas, mientras que en Colombia solo el 1,7% de las conexiones cumplen con esta característica. Según Fedesarrollo, los Colombianos han perdido cerca de 2 billones de pesos de bienestar por las costosas tarifas y el servicio de mala calidad de la telefonía móvil. Este es el resultado de entregarles a personajes como Carlos Slim un sector que es estratégico para el desarrollo del país.

Impedir la privatización de ETB es un asunto que debe interesar a la inmensa mayoría de ciudadanos. Durante 25 años los gobiernos nacionales y locales se han dedicado a feriar el patrimonio público, y los nefastos resultados saltan a la vista. Servicios caros y malos, que les impiden a las personas acceder a derechos básicos y que le imponen una barrera al desarrollo del país. Por todas estas razones, es urgente construir la más amplia unidad para evitar que el alcalde Peñalosa venda a ETB.


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