En exclusiva las noticias de Ondas de Ibagué, tuvo acceso al informe del Ministerio de Educación Nacional, sobre la situación de la Universidad del Tolima. Fuentes del MEN indicaron que efectivamente la División de Vigilancia e Inspección del Ministerio, en la visita realizada en febrero de este año a las instalaciones de la Universidad, encontraron lo que podrían ser las causas de la crisis por la que atraviesa el alma mater.
En un extenso informe que nos fue remitido a esta redacción desde la capital del país, se establece que la Política Laboral implementada en el año 2012, sería uno de los factores determinantes de la escases de recursos hoy, lo mismo que el desgreño financiero y la información contable poco fiable que tiene la institución.
El documento da cuenta que la consultora ‘Sistemas 2000’ en el año 2005 fue contratada para hacer un estudio de reorganización administrativa y luego de sus labores, recomendó una planta de personal de 222 cargos. Pero en la universidad, existían 560 puestos de trabajo, es decir, 338 más de los recomendables. Con dicha política laboral en el año 2012 y según el acuerdo 0006 aprobado por el Consejo Superior de la época, se pasó entonces de tener 295 a 639 cargos en planta, distribuidos de la siguiente manera.
Quedaron en el nivel directivo: 78 – antes de la política laboral existían: 2
Quedaron en el Nivel asesor: 4 – antes de la política laboral: 0
Quedaron en el Nivel profesional: 165 –antes de la política laboral: 57
Quedaron en el Nivel técnico: 163 –antes de la política laboral: 42
Quedaron en el Nivel asistencial: 299- antes de la política laboral: 93
Total cargos creados: 639; distribuidos así: cargos de carrera: 519, de estos en provisionalidad: 437 y en propiedad: 84.
Establece el informe que fue bajo la rectoría de Héctor Villarrraga Sarmiento, cuando se dio la política laboral y para aplicarla, él comparó las plantas de personal de la Universidad de Antioquia y la Universidad Sur colombiana.
En el mismo acuerdo de mayo de 2012, se reclasifican los cargos, es decir, se les aumentó el sueldo a quienes quedaron o venían. En pocas palabras, esposos, tíos, sobrinos, ahijados y hermanos de los beneficiados de la reforma, estrecharon su vínculo laboral con la universidad.
Allí mismo, se estableció un proyecto de carrera para los funcionarios y se solicitó definir la entidad que adelantaría dicho concurso de carrera para la UT, lo cual, hasta la fecha, no se ha cumplido.
Otra perla que encontró el MEN es que en el acuerdo 034 del 6 de noviembre de 2012, se estableció una planta global de 800 profesores, todos de tiempo completo, es decir, a tan sólo 6 días de haberle entregado Héctor Villarraga, la rectoría a José Herman Muñoz Ñungo, quien inició labores el 1 de noviembre de dicho año, se conoció que Consejo Superior decidió crear dichos cargos profesorales.
El Grupo de Vigilancia y Control encontró que los contratos de prestación de servicios pasaron de 144 en el año 2012 a 440 en el año 2015.
Frente a la Política Laboral el informe del MEN señala que la Contraloría General de la República en mayo de 2013, es decir, pocos meses después de haberla implementado la administración Villarraga, le advirtió a la nueva administración de Muñoz Ñungo, sobre la necesidad de tomar correctivos de las deficiencias encontradas en dicha política, a fin de prevenir el riesgo financiero para la universidad y evitar un posible detrimento patrimonial.
El documento dice textualmente así: “las que puedan llevar a la constitución de un detrimento patrimonial, en relación a la Política Laboral implementada por la Universidad en el mes de agosto de 2012, producto de su desarrollo de los años 2011 a 2012, lo cual comprometió recursos por $16.491.029.849 de los cuales 4.404.307.460 equivalían al incremento salarial que conllevaba la implementación del proyecto, como quiera que la nómina tenía un costo de $12.086.722.389.”
Asimismo, el informe de los expertos del MEN recuerda que la Procuraduría General de la Nación solicitó el listado de las personas que fueron vinculadas en el año 201,2 por parte del Consejo Superior en la nueva planta que aprobada. Adicionalmente, que la Procuraduría Regional Tolima, inició indagación preliminar por presuntas irregularidades en el proyecto de política laboral, que comprometen a algunos funcionarios, quienes no incluyeron en el presupuesto, las apropiaciones necesarias sobre el particular.
“Esta comisión también encuentra que el estudio que precedió la definición e implementación de la Política Laboral, conforme la documentación entregada, carece de un estudio técnico y de viabilidad financiera estructurado, que incluyera todas las variables y apropiaciones que evidenciaran la sostenibilidad en el tiempo para la ampliación de la planta aprobada.
Tampoco se ha evidenciado un estudio de impacto sobre la implementación de dicho plan que analice y dé cuenta sobre la incidencia administrativa, académica y financiera del mismo”.
En este punto, la comisión del Ministerio recomienda que la Administración actual se articule con Contraloría y Procuraduría para que se establezcan los eventuales responsables del descalabro a la U y se implementen acciones y correctivos de manera inmediata.
El caos financiero y contable
Si por los lados de la Política Laboral implementada por la Universidad, se encontraron tal cantidad de situaciones irregulares, en el área financiera, contable y de tesorería la situación es peor.
La comisión del MEN elaboró una caracterización financiera de la Universidad de los años 2012, 2013, 2014 y 2015; así mismo, un análisis de los indicadores. Es decir, de un año del periodo de Héctor Villarraga y los tres años del actual Rector Muñoz Ñungo. El informe puso en evidencia las siguientes situaciones que mostrarían el desorden, desgreño y falta de planeación financiera y de recursos, que padece desde hace varios años la Universidad y que ha sido fuente constante de críticas desde muchos sectores.
En primer lugar, y lo más básico, que de los años 2012, 2013 y 2014 no se encontró en las actas del Consejo Superior la aprobación de los estados financieros de cada periodo, lo cual podría constituir una falta disciplinaria, pues se está violando el propio Estatuto General de la Universidad.
Del mismo modo, El MEN detectó situaciones poco claras en el manejo de la información financiera y contable de la universidad, pues pese a existir varias notas contables sobre el particular, poco se ha hecho para atenderlas como es debido y corregir las falencias.
El informe también señala que la Universidad del Tolima no cuenta con mecanismos de control que garanticen la integralidad de la información financiera de la institución. Por ejemplo, no hay un software u otro mecanismo que integre la información de Contabilidad, Tesorería, Almacén, Nómina, Compras, Presupuesto y Matrículas, violando con ello, las normas sobre información contable pública que rigen en el país.
En ese mismo sentido, hay deficiencias en la adecuada conservación de las rentas por parte de la UT, hay cuentas en bancos que superaban los 100 millones de pesos que no tienen firmas registradas o mecanismos de control sobre las mismas, con lo cual se incumple el propio Manual de Funciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Incumpliendo igualmente la Ley 30 de 1992 sobre conservación de rentas y aplicación de las mismas correctamente en las universidades.
“Se evidenció que los reportes de saldos en bancos que fueron suministrados por la Institución a través de los siguientes reportes: Boletín de Tesorería, Conciliación Bancaria, Balance de Prueba a 12 dígitos, no manejan la misma información entre ellos como son: Saldos de cuentas y total de cuentas registradas en los informes. Lo anterior, incumple lo indicado en el Manual de Funciones del Vicerrector Administrativo”, indica textualmente uno de sus apartes del documento. Eso quiere decir que la universidad no sabía a ciencia cierta cuánto tenía en bancos, ni cuánto gastaba, a esto se le suma que cada dependencia entregaba cifras e información completamente distinta.
De otra parte, el saldo de la cuenta a los deudores se incrementó en un 240 por ciento entre los años 2012 y 2015 y no se observó proceso de depuración de los saldos registrados en dicha cuenta por parte de la Institución.
El Ministerio también encontró que la UT aún registra los inventarios en hojas excel, lo cual presume que la información sobre los mismos no es confiable, veraz y efectiva. La bodega del almacén presenta desorden con los elementos que registran los inventarios y tampoco existe un control detallado de los inmuebles.
Las cuentas por pagar de la institución registraron un incremento del 418 por ciento del año 2012 al año 2015.
Con respecto a la infraestructura de la Universidad, el MEN encontró que: No existe un plan de compras ni adquisiciones, no se evidencia un plan de mantenimiento para equipos e infraestructura, la universidad no entregó inventario de la infraestructura física y en general todos los elementos incluidos pupitres y demás, está en mal estado.
En cuanto a los consejos superior y académico, estableció que en el caso del Consejo Superior, la universidad incumple su propia normativa interna, pues en los años 2014 y 2015 no fue la Secretaría General quien convocó a los consejos superiores, ni tiene una agenda semestral de funcionamiento, como también lo establecen los propios acuerdos promulgados al interior del centro de estudios superiores.
Igualmente, no hay un reglamento para el Consejo Académico, tal cual como lo establece el propio estatuto interno.
Con relación a la disminución de estudiantes, la población estudiantil pasó del semestre A del 2012 de 36 mil 523 estudiantes a 21 mil 995 en el semestre A de 2015, por lo tanto, se hace necesario establecer la real necesidad de docentes y administrativos vs la población estudiantil que se tiene, y analizar con calma dicha situación, para incrementar los ingresos en la Institución. (Vea aquí el informe completo del Ministerio de Educación Nacional)
A propósito, este medio conoció que la disminución en la cantidad de estudiantes a partir del año 2012 se debe entre otras a tres razones: la primera: En ese mismo año se dejaron perder por lo menos cinco registros calificados de programas ofertados por el IDEAD (Instituto de Educación a Distancia), al parecer por negligencia; la segunda: El Consejo Superior decidió no abrir la oferta de algunos programas para el año 2013; y la tercera tiene que ver con la decisión tomada por la actual administración en el año 2014 de exigir Icfes mínimo como requisito, para poder ingresar a estudiar al IDEAD, lo cual generó tal disminución en el número de matrículas a distancia y que varios aspirantes se fueran a otras instituciones.
Un dato para cerrar, se conoció que al parecer, el entonces director financiero de los años 2011 y 2012 -cuando se puso en marcha la famosa política laboral-, es hoy el vicerrector administrativo y financiero de la Universidad del Tolima, Henry Rengifo.
La pregunta que muchos se hacen es: A pesar de este desastre económico y financiero a la que fue tristemente llevaba el alma mater ¿Debería continuar el equipo administrativo y financiero de la Universidad del Tolima?
Fuente: Ondas de Ibagué
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