Derechos Constitucionales - Negocio de unos cuantos
Martes, 17 de noviembre de 2015
En los últimos días, en cumplimiento de la sentencia T-388/13 de la corte, Constitucional, el INPEC ha convocado casi que de manera urgente, lo que podría ser la mesa de concertación solicitada por los presos, para discutir la política criminal y penitenciaria, cuyas opiniones, ojalá sean tenidas en cuenta para buscarle soluciones a las graves deficiencias estructurales que enfrenta el sistema judicial en su conjunto, fruto y resultado de las políticas económica y sociales que arrojan cada día un porcentaje creciente de hombres y mujeres a las entrañas de los centros de descomposición humana que siempre han sido las cárceles colombianas.
Es de anotar que esta vez hay muy escepticismo en los presos, entorno a la participación, debido que en anteriores discusiones y aportes para reformar la ley 65/93 (Código penitenciario) Que se convirtió en el nuevo código penitenciario ley 1709/14 de lo que aportamos los presos tanto en las videos conferencias nacionales y por escrito, literalmente no fue tenido en cuenta ni una coma.
Uno de los derechos contemplados en la constitución nacional, pero convertido en negocio por obra y gracia de la mayoría de parlamentarios, representantes, dueños o accionistas de los grupos económicos, del que deberíamos gozar todos los colombianos, es uno de los más vulnerados al interior de las cárceles y penitenciarías. Nos estamos refiriendo al derecho a la salud.
Es totalmente inadmisible y por demás contradictorio, que para que se garantice la mínima atención médica de un grupo de prisioneros en grave estado de salud, otro buen número tenga que arriesgar la suya, mediante huelgas de hambre y jornadas de desobediencia exigiendo que sus compañeros sean tratados como elementalmente lo necesitan, dado lo delicado de sus enfermedades o de sus heridas sufridas en enfrentamientos con la fuerza pública, protectora de los intereses mezquinos del establecimiento.
El caso más escandaloso se sigue viviendo en la cárcel de Valledupar, donde la vida de todos los internos de este antro de descomposición humana, se ve amenazada de manera permanente, dadas las inhumanas condiciones en las que tiene que vivir, incluso el cuerpo de custodia y vigilancia.
El solo hecho de la falta de agua, ya es un atentado contra la vida, por lo que la corte suprema de justicia se vio precisada, mediante acción de tutela interpuesta por internos de este nefasto centro penitenciario, a ordenar el cierre del mismo en un plazo de un año contado a partir de mayo de 2014, si las condiciones denunciadas y demandas mediante el amparo solicitado, no habían cambiado. Ya se ha cumplido el plazo establecido, y aquel adefesio sigue en pie y su modelo replicado ya en otras penitenciarias como las de Jamundí, Plicaleña, Popayán, Yopal, entre otras.
Obligados por estas circunstancias, los presos políticos de casi todas las penitenciarías, especialmente los integrantes de las FARC-EP, se encuentran desarrollando una jornada de protesta y de denuncia, mediante desobediencias y huelgas de hambre, para exigir del gobierno, la atención médica inmediata que requieren muchos de los compañeros prisioneros y que se encuentran varios de ellos en gravísimo estado de salud, por lo que se hace incluso necesario el cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico para estos casos, como es la excarcelación.
El movimiento de presos políticos CAMILO TORRES RESTREPO, manifiesta su apoyo y solidaridad con los compañeros que adelantan esta jornada y se suma a los pedidos que se le hacen al gobierno nacional para que cumpla con las normas establecidas en sus códigos y de muestras de voluntad de paz en concordancia con las ya dadas por las insurgencias, Más exactamente en el caso de las FARC.EP, en el desarrollo de los diálogos adelantados con esa organización hermana.
Noviembre de 2015.
MOVIMIENTO DE PRESOS POLÍTICOS
CAMILO TORRES RESTREPO
Gracias
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
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