|Por Álvaro Villarraga Sarmiento| Fundación Cultura Democrática|
El asesinato en 1985 de Oscar William Calvo constituye un caso altamente representativo de violación a los derechos humanos, al derecho humanitario y de crimen contra la paz de responsabilidad estatal. Aunque quedó en la impunidad los testimonios y las circunstancias existentes revelaron el compromiso del Ejército en los hechos, la ausencia de garantías desde el Gobierno para los voceros de las guerrillas en tregua, ataques con responsabilidad oficial contra personas que participaban o apoyaban las gestiones de paz. Además, no fue un caso aislado, pues en violación al pacto de cese al fuego bilateral con el EPL fueron atacados por las Fuerzas Militares los campamentos guerrilleros en tregua y también asesinados otros voceros del EPL y dirigentes políticos y sociales en distintas regiones, en represalia a su participación o apoyo a este proceso de paz.
Es de recordar que el gobierno del presidente Belisario Betancur tras sostener conversaciones de paz firmó en 1984 pactos de tregua bilateral con las guerrillas de las FARC, el M19 y el EPL. Entonces, se dio a conocer en la opinión pública Oscar William Calvo, en calidad de vocero político nacional de esta última guerrilla, quien a la vez era integrante de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Nacional, emprendido en cumplimiento de estos acuerdos con amplios y diversos sectores de la sociedad y la institucionalidad en los ámbitos nacional y regionales.
En tal situación, Oscar William Calvo con inteligencia, especial locuacidad y carisma difundió la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que introdujera una reforma democrática en el régimen político y definiera reformas sociales, como base para que se consiguieran acuerdos de paz definitivos. Para ello argumentó con apoyo en lo definido por el Partido Comunista (ML), del cual era uno de sus dirigentes nacionales, que era necesario recurrir a un plebiscito o un referendo, puesto que se estimaba que el Congreso no estaba en capacidad de hacerlo, y que se debía precisamente recuperar las formas de expresión de la soberanía popular. Este fue el discurso que también asumió el EPL en tregua, bajo la comandancia de Ernesto Rojas –su hermano- y con respaldo en su vocería política, de forma que este movimiento insurgente emprendió una campaña nacional, entre 1984 y 1985, en demanda de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Oscar William Calvo había sido un destacado dirigente político que desde la clandestinidad se proyectó a la actividad política pública y legal. Fue director del periódico Unión, dirigente de la agrupación política Unión Democrática Revolucionaria y fundador de la JRC, proyectos en los que consiguió durante el primer lustro de los años ochenta un amplio despliegue nacional e incursiones internacionales. Sin embargo, precisamente cuando realizaba la actuación política más relevante de su vida a instancias de este proceso de paz, fue asesinado junto con dos jóvenes líderes de la JRC, Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, en Bogotá, el 20 de noviembre de 1985. A ello se agregaba la desaparición forzada y homicidio de Fernando Lalinde en Antioquia por parte del Ejército, otro joven dirigente de la JRC, y la tortura y asesinato de Bernardo Franco por parte del Ejército en Urabá, vocero regional del EPL. Estos, entre otros hechos de persecución y ataque contra personas y organizaciones sociales que participaban en acciones a favor del logro de la paz.
El crimen de Oscar William Calvo y las demás violaciones a los derechos humanos referidas quedaron en la impunidad. Investigaciones realizadas luego por el abogado Eduardo Umaña Mendoza, también asesinado, y por varias organizaciones de derechos humanos, señalaron la presunta responsabilidad del Ejército en los hechos. Además, sobrevino la persecución contra la familia Calvo Ocampo: su hermano Héctor -ajeno a la actividad política- fue asesinado; su hermana Fabiola quien se desempeñaba como periodista y se había destacado en el periódico Unión y en actividades políticas fue amenazada y tuvo que exiliarse un largo periodo en España con su esposo y cuatro hijos; e igualmente otros miembros de esta familia fueron perseguidos y atacados en los años siguientes.
En tal circunstancia al final de 1985 se rompió esta tregua, de manera que el EPL retomó las acciones guerrilleras en varias regiones hasta 1990, momento en el cual gracias a la facilitación hecha por organizaciones civiles como la Comisión de Convivencia Democrática y la Comisión de Notables conformadas por varios expresidentes, se reiniciaron contactos hacia la solución política del conflicto armado. A pesar, de que en 1987 el comandante general del EPL, había sido capturado fuera de combate y asesinado en estado de indefensión por la Policía Nacional, tras asistir a reuniones políticas de la Coordinadora Guerrillera en el exterior, ése movimiento insurgente mantuvo su propuesta de que se consiguiera el paso de las insurgencias a la vida política legal, a partir de convocar una Constituyente que introdujera una reforma democrática en el régimen político y se ofreciera por el Estado un marco de garantías efectivo.
De tal forma, al producirse ese mismo año la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias al movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta y al fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y se instaló en 1991, la cual introdujo un significativo cambio democrático en el régimen político. En tal situación, el EPL, junto con el M19, el PRT y el MAQL, consolidaron sus respectivos pactos de paz suscritos con los sucesivos gobiernos de Virgilio Barco y de Cesar Gaviria, con su directa participación en dicha Constituyente. Se agregarían luego nuevos pactos de paz con la CRS y las MP en 1994 y con el MIR COAR en 1998.
Pero a pesar del logro de estos procesos de paz, no puede haber olvido ni pueden cesar las demandas de esclarecimiento, justicia y reparación de las víctimas individuales y colectivas ocasionadas. Ahora que se demandan acciones de memoria las nuevas generaciones deben conocer que Colombia perdió en la segunda mitad de los años 80 parte importante del liderazgo de las principales organizaciones políticas de izquierda y de las organizaciones sociales del ámbito popular relacionadas con ellas. Sin exageración puede afirmarse que fue asesinada, desaparecida o desterrada parte sustancial de una generación decisiva para los destinos del rumbo político y social del país. A los nombres de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro y Oscar William Calvo, se sumaron los de miles de hombres y mujeres congresistas, diputados, concejales, alcaldes, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, de movimientos cívicos y comunitarios de reconocida y decisiva actuación en todas las regiones del país.
Al Estado, los gobiernos y la fuerza pública le caben responsabilidades directas en lo sucedido porque esta situación fue resultado de la aplicación de la estrategia de conformación, apoyo, connivencia o permisividad en la actuación de los grupos paramilitares que proliferaron en este período. Actuaciones de la fuerza pública se vieron comprometidas de forma directa, así mismo existieron actuaciones combinadas entre entes estatales y grupos paramilitares y actuaciones oficiales encubiertas bajo denominaciones que supuestas estructuras paramilitares. El informe del Procurador General de 1982 Carlos Jiménez Gómez que estableció la participación de más de 160 integrantes de la fuerza pública en grupos paramilitares fue desatendido y el propio informe del DAS de 1989 conocido como el Dossier sobre el paramilitarismo no llevó a medidas en consecuencia.
Más aún, los ataques selectivos contra estos liderazgos y sectores políticos y sociales se fueron conjugando con masacres contra pobladores rurales y en algunos casos urbanos, tras el señalamiento de supuesta colaboración o simpatía con las guerrillas, o simplemente por militar, simpatizar o hacer parte del entorno social, poblacional y comunitario de organizaciones políticas de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, de forma que se amplío el blanco de ataque contra sectores sociales y poblacionales bajo tal tipo de señalamiento. Se agregaron entonces entre las víctimas personas y organizaciones de derechos humanos, intelectuales y académicos progresistas, activistas estudiantiles, periodistas y voces críticas ante tal estado de cosas.
Por tanto, hoy, a treinta años de este caso emblemático de grave violación los familiares y amigos de Oscar William Calvo, personas y colectivos de ex militantes amnistiados en el proceso de paz del EPL y ex militantes amnistiados con otros pactos de paz realizados en los años 90, quienes por más de dos décadas han desarrollado proyectos políticos, sociales y de vida en la legalidad, en unión con varias organizaciones de derechos humanos, sociales y ONG que promueven la paz, convocan en Bogotá, Medellín y otras ciudades a realizar actos de recuperación de la memoria histórica de lo sucedido este caso y en otros asociados. Convocatoria que también es apoyada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá DC y el Museo Casa de la Memoria de Medellín.
Edición 473 – Semana del 20 de al 26 de noviembre de 2015
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