Renán Vega Cantor
En memoria de Cristina Guarín, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y quien fue secuestrada, torturada, asesinada y desaparecida durante largos 30 años por los “paladines” (nunca fue tan literal ese nombre, por los apodos de los militares que dirigieron la “operación Rastrillo” en 1985) del Terrorismo de Estado.
“La historia del Palacio de Justicia es una historia de encubrimiento oficial y de distorsión de la memoria histórica; un tenebroso montaje que intenta ocultar toda una cadena de irregularidades con las que se pretendía facilitar el crimen de Estado, la posterior impunidad con la absolución de los directos responsables del magnicidio y poner en marcha un perverso, pero no nuevo, plan de suplantación y falseamiento de la memoria histórica”. Maureén Maya, Informe del Palacio de Justicia: ni Comisión ni Verdad,disponible en http://www.
El 6 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la mañana, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, con la pretensión de efectuarle un juicio público al gobierno de Belisario Betancur por su incumplimiento de los acuerdos de paz, firmados un año antes. La reacción de las fuerzas represivas del Estado colombiano fue brutal y después de 28 horas retomaron el Palacio, tras haberle prendido fuego a la edificación, y dejar un centenar de muertos, luego de lo cual procedieron a secuestrar a doce personas, que inicialmente fueron trasladadas a la Casa del Florero, y de allí fueron conducidas a instalaciones militares, en donde se les sometió a torturas y luego se les desapareció, como en la noche de niebla del nazismo.
Cuando se cumplen 30 años de esta masacre, es necesario recordar este sangriento episodio, porque los acontecimientos de los días 6 y 7 de noviembre –y todo lo que allí se desencadenó– se constituyen en un laboratorio para entender los mecanismos que caracterizan el terrorismo de Estado a la colombiana. Además, la masacre del Palacio y la impunidad oficial que la ha acompañado durante estas tres décadas abrió el camino a que se generalizara el terrorismo de Estado en Colombia, con las masacres, exterminio de la Unión Patriótica, desapariciones, “falsos positivos”, alianzas entre las fuerzas armadas y los paramilitares, y un interminable registro de hechos macabros, que hoy gravitan sobre todos nosotros.
La trampa
La toma del Palacio de Justicia el miércoles 6 de noviembre sorprendió a muchos colombianos, menos a la cúpula de las Fuerzas Armadas, que sabían de esa acción, pero habían facilitado las cosas para que el M-19 cayera en la trampa, o en la “ratonera” como la calificaron algunos. No se está hablando de suposiciones o conjeturas, puesto que existen documentos que prueban que con antelación se sabía de lo que pensaba hacer el M-19, como lo confirma la información de prensa en las semanas previas. Por ejemplo, el día 18 de octubre al unísono los periódicos El Siglo, El Tiempo, El Bogotano y Diario 5 PM informaron que se había descubierto un plan del M-19 para ocupar el Palacio de Justicia1. Aún más, el propio Ministro de Defensa, el General Miguel Vega Uribe, leyó en su intervención en el Senado en diciembre de 1985 un texto anónimo que había recibido el Comando General de las Fuerzas Armadas y que decía: “El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo; harán fuertes exigencias al gobierno, entre ellas el tratado de extradición”2. Incluso, desde agosto ya los organismos de inteligencia del Estado sabían de la incursión del M-19, como lo ha confirmado la Fiscalía3.
Adicionalmente, en el año 2010 se descubrió un documento secreto del Ejército, que fue redactado ocho días después de la masacre del Palacio de Justicia, el 15 de noviembre de 1985, en donde se informa que “los antecedentes relacionados y las comunicaciones enviadas por los comandos superiores permitieron alertar a la Decimatercera (sic) Brigada y mantener unidades de reacción con capacidad de operar rápidamente”4. Esto comprueba que las Fuerzas Armadas sabían lo que iban a suceder y se habían preparado para enfrentarlo, de la forma brutal como lo hicieron y por eso pusieron en marcha la “Operación Rastrillo”, como denominaron la recuperación del Palacio de Justicia, por lo que se entendía en la acción cotidiana del Ejército ir “de puerta en puerta, de casa en casa, disparando primero y averiguando después”5.
Ante esos anuncios, en lugar de reforzarse la vigilancia del Palacio a este se le quitó la protección policial antes del 6 de noviembre. Es decir, que en forma premeditada las Fuerzas Armadas dejaron abierto el camino para que entrara el M-19, porque ese era precisamente el objetivo, tenderle una trampa con el fin de aniquilarlo militarmente, como en efecto lo hicieron. Era encerrarlos en una ratonera, porque el Palacio estaba diseñado de tal manera que, con solo dos puertas de entrada, quien se lo tomara luego no podría salir fácilmente y podía ser acorralado y exterminado, sin vías de escape. Una comisión tan poco seria como la mal llamada Comisión de la Verdad reconoce como muy plausible la hipótesis de la “ratonera”6.
Esto se entiende si se recuerda que desde 1980 el Ejército había puesto en marcha el Plan Tricolor, que tenía como finalidad explicita liquidar militarmente al M-19, que lo había humillado con el robo de armas al Cantón Norte a fines de 1978 y en otras acciones audaces en varios lugares del país. Según el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien dirigió las operaciones en el Palacio de Justicia, ese Plan Tricolor “no preveía el rescate de rehenes, tenía los lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos”7.
Pero, además, el M-19 se equivocó, calculó muy mal la situación a finales de 1985. Pensaba en forma ingenua que a la luz pública podría ser juzgado el gobierno de Belisario y eso no iba a generar mayores reacciones, porque suponía que el régimen negociaría de buenas a primeras. Tampoco entendió que la historia no se repite y no podía replicarse lo de la Embajada de la República Dominicana, cuando luego de dos meses salieron triunfantes hacia Cuba. Así mismo, olvidaron que no todos los rehenes tienen la misma importancia para el Estado. Una cosa es tener en su poder a Embajadores como el de Estados Unidos, Israel o Suiza y otra distinta a magistrados, que no tienen mayor interés para el Estado colombiano y menos para las Fuerzas Armadas. Como no entendió esos asuntos, el M-19 se dejó arrastrar a la trampa que se le había tendido e incursionó en el Palacio de Justicia, el lugar donde menos seguros podían estar, porque allí se encontraba la sede, entre otras instancias judiciales, del Consejo de Estado, una entidad que a comienzos de 1985 había recibido amenazas, que seguro procedían del Ejército, en las que se aseguraba:
Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que elConsejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres estos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado –fallo– no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso.
Con estos antecedentes y sabiendo que el Ejercito estaba preparado para la toma, no sorprende que apenas se produjo haya actuado en forma inmediata con un gran poder de juego, ya que se emplearon tanques cascabel, rockets, helicópteros, granadas, bombas, y se usaron para atacar el palacio unos tres mil soldados, policías y personal de los servicios secretos del Estado e incluso se trajo tropa de Villavicencio, como lo comprueba un documento secreto del Ejército9. Se bombardeó literalmente el Palacio, como quedó registrado visualmente en la grabación de TV, en donde se dispara un rocket en las horas de la noche del 6 de noviembre, desde el centro de la Plaza de Bolívar. Ese rocket produjo un boquete en una pared fortificada. Según afirmó el magistrado Humberto Murcia Ballen: “Ya era más de media noche y el ataque de afuera hacia adentro era cada vez más fuerte. Un impacto, tal vez de un cohete o de un rocket, prácticamente tumbo la pared del baño. Ahí quedaron todos al descubierto, por lo menos los que conservamos la vida, porque el golpe fue tan tremendo que muchos de los 60 rehenes que allí estaban quedaron muertos”10.
Como los planes de los altos mandos militares eran claros, se trataba de arrasar el Palacio y matar a los que estaban adentro, impidieron que se entablara algún tipo de dialogo, demoraron la entrada de un delegado de la Cruz Roja, no dejaron ingresar un carro de bombero para sofocar el incendio y bloquearon cualquier interferencia “civil” que pudiera obstaculizar sus planes. Al respecto, el General Rafael Samudio, que respondía al alias de Paladín 6, ordenaba a través de sus comunicaciones por radio teléfono: “Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos en toda la libertad de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar y acabar con todo”11.
La acción del Ejército fue demencial, no hubo ninguna planeación, ni intención de preservar la vida de los rehenes. Se disparó a diestra y siniestra, sin medir las consecuencias, porque justamente de lo que se trataba era de aniquilar físicamente al M-19, sin importar que se viniera la edificación abajo o que se incendiara –como en efecto sucedió– y que murieran todos los que estaban adentro. Eso lo confirmó días después, el Comandante en Jefe del Ejército de Colombia, Rafael Samudio, desde Chile, orgulloso por la actuación de las Fuerzas Armadas, porque “se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista”12.
El ataque a los magistrados tampoco era improvisado, puesto que muchos de ellos habían sido acusados de ser enemigos de las Fuerzas Armadas por sus investigaciones contra miembros involucrados en violaciones por torturas hasta el punto que a Manuel Gaona Cruz lo consideraban como subversivo y había soportado seguimientos por parte de agentes de inteligencia del Estado, debido a que era un defensor de derechos humanos.
A la larga, el Ejército pudo liquidar al mismo tiempo tres obstáculos incomodos: a los magistrados que llevaban casos de violaciones de derechos humanos realizados por las Fuerzas Armadas, al comando del M-19, con altos dirigentes a bordo, y a los testigos directos de la masacre. En forma franca, y sin eufemismos castrenses, el general Arias Cabrales, al responder a un coronel que le había informado sobre la cantidad de gente que había en un baño del Palacio, a donde por el incendio y el acoso de la tropa se habían tenido que congregar algunos guerrilleros, magistrados y otros rehenes, dijo: “No puede ser que haya tanta gente en el baño, y si la hay, no importa, les hacemos un monumento después. ¡Vuélenlo!”13.
Esta frase lapidaria resume en forma sintética el irrespeto por la vida humana que desplegaron las Fuerzas Armadas de Colombia, violando los más elementales principios del derecho de gentes, como lo manifestó el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez:
La ofensiva demostrada por el ejército no podía tener como objeto la protección de los rehenes, sino, por el contrario, afianzar la capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas. […] El derecho de gentes tiene carácter consuetudinario, no escrito, y se basa en los valores jurídicos y sentimientos humanitarios de los pueblos civilizados y en la práctica que ellos han ido generando a lo largo de la historia. Todos estos comparten el deber de respeto a la vida e integridad personal de los presos políticos de guerra y de los heridos tanto de las Fuerzas Armadas, como de los rehenes enemigos en poder propio. El artículo 121 de la Constitución Política establece que bajo el estado de sitio, que entonces y desde antes de los hechos de la toma del Palacio de Justicia vivimos por obra del Decreto número 1038 de 1984 (mayo 1º), el gobierno tiene, además de las facultades legales, las del Derecho de Gentes14.
Censura de prensa y futbol o “Circo y Plomo”
Desde el mismo momento en que el comando del M-19 ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia, las cadenas radiales iniciaron la transmisión en vivo y en directo de lo que allí sucedía. Entre los hechos más memorables de esa transmisión se encuentran las declaraciones que, vía telefónica, concedió el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandia, en donde con voz dramática dijo:
Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él15.
Ese mensaje se repitió gran cantidad de veces. En lugar de escuchar el llamado angustioso del magistrado, la Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada, procedió a prohibir que las emisoras transmitieran en directo entrevistas, comunicados o cualquier información relacionada con los operativos militares que se adelantaban en el Palacio de Justicia y se dejó de escuchar la voz de Reyes Echandia. De manera inmediata se impuso la censura y la autocensura. Al respecto vale recordar lo que sucedió en RCN, donde su flamante director, Juan Gossain, censuró a un joven redactor económico, de nombre Tony Pombo, quien al mediodía le comentó que un familiar suyo, un militar, le había dicho que el Ejército se iba a tomar el Palacio por el techo y le preguntó si esa noticia se iba a transmitir. Al respecto Gossain afirma: “Déjenme pensar cinco minutos, le contesté. Ese fue el momento más terrible. Decidí que la noticia no iba. Primero porque podíamos hacer un daño monstruoso, si dejaba de contarlo, no le estaba negando ninguna información al país. [… ] Tony Pombo, con la inocencia de los pelaos vino y me dijo, ¿Se da cuenta? No me dejó echar la noticia y lo mismo hubo 200 muertos. “! Sí, Pero no por cuenta suya pendejo¡. Esa es la diferencia” 16. ¡Un nítido ejemplo de ética periodística y de defensa de la libertad de expresión!
Hasta la “Comisión de la Verdad” sostiene con respecto a la Censura de Prensa que, a las seis de la tarde del 6 de noviembre, “Yamid Amat recibió la llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. Él contestó que lo haría si los demás medios lo hacían. La ministra le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores”17.
Apenas se suspendió la transmisión de lo que sucedía en El Palacio de Justicia, se dio paso a este trascendental anunció: “¡Atención, colombianos! ¡Tenemos noticias de la mayor importancia para toda la Nación! Los partidos de fútbol programados entre Millonarios y Unión Magdalena, aquí en la capital, y entre América y Nacional en Medellín sí tendrán lugar, según lo programado”18. El futbol pasaba a usarse para distraer a la gente de los crímenes que el Ejército llevaba a cabo en el Palacio de Justicia. En este caso, parodiando la máxima romana, no hubo Pan y Circo, sino Circo y Plomo.
Las transmisiones de los locutores de ese partido tuvieron un tono muy acorde con lo que sucedía en el Palacio de Justicia, cuando arreciaban los bombardeos del Ejército, desde afuera y desde adentro. Vale la pena recordarlas:
Fue necesario un violento taponazo de Juan Carlos Díaz a los ocho minutos del complemento, para entregarle otra fisonomía a un partido que iba camino a la desesperación albiazul…
Millonarios ganó 2-0 al Unión Magdalena anoche en El Campin al abrirse el octogonal final por el título, pero antes tuvo que soportar la desidia de un equipo que vino con el único deseo de defenderse, de especular, en busca de un empate sin goles…
Por eso, aquel “riflazo” de Díaz fue un premio justo para el conjunto que mostraba inmensos deseos de gol…
Siempre se dirá que jugar al empate es un riesgo demasiado costoso. Porque entregarle todo el peso del partido al rival conlleva arriesgar la vida en cada avance… 19.
En forma cínica, a los pocos días Belisario Betancur felicitó a los medios por haberse dejado censurar, sin ofrecer mucha resistencia: “Sea este el momento de agradecer a los medios de comunicación la forma ponderada, tranquila y patriota como han venido llevando a la nación y al mundo el detalle de los acontecimientos”20. Por supuesto, el diario El Tiempo, no se podía quedar atrás en impulsar tres días después de la masacre el silencio y la impunidad, cuando se empezaban a escuchar las primeras denuncias de los familiares de las personas que habían salido vivas y no aparecían: “Lo que sí es absurdo es tomar abierta posición contra el gobierno, contra el Ejército, contra todo y proclamar a grito herido que dichos desaparecidos fueron víctimas de las autoridades”21.
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 LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA){kind=link}
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