El último informe de Amnistía Internacional, titulado "Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz: los derechos territoriales de las comunidades indígenas", concluye que el gobierno colombiano debe ante poner el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre los intereses económicos de las multinacionales.
Según la ONIC existen 102 pueblos indígenas en Colombia ,18 de ellos están en peligro de extinción y 1,4 millones indígenas, es decir, el 70% viven en zonas rurales y resguardos reconocidos oficialmente que incluyen más del 28% del país.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía menciona que “cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”.
De acuerdo con el informe, 6 millones de personas han sido objeto de desplazamiento forzado de sus hogares como consecuencia del conflicto armado, y al menos 8 millones de hectáreas de tierras, aproximadamente el 14% del territorio del país han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente.
Los problemas más comunes para acceder a la tierra, principalmente son las amenazas de muerte contra líderes comunitarios por parte de las bandas criminales paramilitares como Águilas Negras, por lo que miles de comunidades se ven obligadas a abandonar sus terrenos en repetidas ocasiones después de años de amenazas y homicidios de las fuerzas de seguridad, indica el informe.
Otra causa que genera el desplazamiento es la minería, actualmente el gobierno Colombiano ha otorgado licencias a empresas mineras con el fin de explotar tierras y recursos naturales en los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes donde se licita sin en el consentimiento de los pobladores.
En 2012 el gobierno creó un programa de restituciones de tierras y reparación para algunas de las víctimas, el documento menciona que “el número de personas que reclaman la restitución de sus tierras que han podido regresar o conseguir la propiedad legal de esas tierras ha sido relativamente escaso, y las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar”.
Específicamente hacen referencia a la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de 2015, con la que se podría facilitar las operaciones de las empresas en tierras adquiridas indebidamente o en tierras sobre las cuales se ha conseguido el control mediante abusos y violaciones de derechos humanos, incluso en territorios que son propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes.
“Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos”, agregó Erika Guevara Rosas.
Con el informe, se espera que se lleve a cabo investigaciones efectivas sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros que dieron lugar a la apropiación indebida de tierras mediante la violencia.
Fuente: http://www.contagioradio.com/
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