Calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda

Fotografía UT: www.ecosdecoloya.com

 

|Por: Beatriz Jaime Pérez – Profesora Facultad de Ciencias Humanas y Artes|

Esa cultura de la mayordomía hacendataria enquistada en las prácticas administrativas de la Universidad del Tolima, descrita por Alexander Martínez Rivillas a finales de 2013 en un artículo intitulado “Los tinterillos del gobernador”, no podía ilustrar mejor, tanto las calidades profesionales de quienes asesoran jurídicamente a la administración central, como la sevicia con que ésta es capaz de reaccionar cuando alguien le expone públicamente sus vicios.

Como si la Universidad no fuera el espacio de la dialéctica por antonomasia y más bien su función fuera desterrar el pensamiento crítico, estos abogados, descritos con justeza por Martínez Rivillas como figuras oscuras y esquizoides, sin ninguna experticia en legislación educativa, se dedican con saña, en actitud casi de consagración, a perseguir a directivos de ASPU con demandas en los tribunales, mientras abandonan sin pudor los procesos en los que la UT necesita ser defendida.

Lo anteriormente enunciado no es una opinión; es una información que cualquier persona puede consultar en la página web de la Rama Judicial, en la que aparecen publicados los litigios que adelanta la UT contra personas naturales o jurídicas.

En esa plataforma se constata que desde enero de 2013, la administración de José Herman Muñoz Ñungo ha iniciado 27 procesos jurídicos, de los cuales once son contra dos miembros de la Junta Directiva de ASPU y otros doce contra cinco profesores más. Es decir, 23 demandas contra profesores, en lo que va corrido de su administración, de 27 procesos que ha iniciado en total.

Así las cifras, pareciera que los peores enemigos de la Universidad fueran sus propios profesores. Aquí cabe preguntarse por qué la UT se concentra de forma extraordinaria en judicializar a los docentes (insisto, 23 procesos de 27 se despachan contra profesores), y no propone fórmulas de concertación o mediación en el marco de la autonomía universitaria, perfectamente legales, con el fin de evitar semejante despilfarro en asesorías legales.

Conviene recordar que ASPU advirtió mediante comunicados las consecuencias negativas de estas acciones judiciales erráticas y antiuniversitarias. Más aún, en los acuerdos de ASPU con la administración Muñoz Ñungo se trató la conformación paritaria de una Comisión de Reclamos Laborales, que luego de instalada nunca pudo funcionar porque la administración central de la UT se negó a aceptarla.

En cambio, decidió contratar a un “ejército” de abogados para “solucionar” los conflictos. Nunca en toda su historia, la UT había tenido nueve asesores jurídicos de planta, cinco contratistas, algunas veces seis, que prestan servicios jurídicos, y seis pasantes o auxiliares en materias judiciales. Esa cifra de 20 ó 21 abogados que actualmente tiene la Universidad, tampoco es una opinión; es un dato escandaloso que puede ser confirmado y que debe ser denunciado.

En la información publicada por la Rama Judicial también se constata que, en una universidad que tiene más funcionarios que profesores, no existe ni un solo funcionario o directivo sometido a un proceso judicial. Aquí también cabría preguntarse por qué razón no se investiga a funcionarios, cuando buena parte de los litigios que hoy adelanta la UT fueron generados por sus incapacidades y su negligencia.

Las preguntas anteriores tienen una respuesta simple: tras las demandas se esconde el ensañamiento de verdaderos pica pleitos, los cuales deben justificar sus costosos honorarios.

Entre tanto, el único proceso contra la Gobernación por el tema de los aportes que ésta le debe a la Universidad del Tolima, estuvo dos años abandonada por esos mismos asesores jurídicos que estaban ocupados en perseguir sindicalistas, tiempo que aprovechó la Gobernación para saturar el expediente con información de pagos por otros conceptos, al punto de que por poco es la Universidad la que le sale a deber.

Estos datos numéricos, tan extremos, revelan una política de abuso del Derecho y del poder, con un agravante adicional: los asesores jurídicos, en su mayoría, son profesionales sin una preparación adecuada, precarios en materias jurídicas y descaradamente funcionales a la politiquería y al clientelismo que se enquistó en la UT.

Lo anterior tampoco es una opinión; es la inferencia lógica que se desprende de las revelaciones que hace la Rama Judicial, según la cual de esos 27 procesos que ha adelantado la UT, 22 han sido rechazados y solo dos han sido exitosos, pues estos asesores solo han sido capaces de ganar en favor de la Universidad una acción de tutela, que como sabemos es un recurso para el que no se necesita ser abogado, y la recuperación de un inmueble arrendado.

Hablo de dos y no de cuatro porque de hecho descuento los dos procesos vergonzosos “ganados” por la UT en los que le retiran el fuero sindical a Alexander Martínez Rivillas, por la no convalidación a tiempo de su título de maestría, subsanado recientemente por el Ministerio de Educación Nacional. Me pregunto quién responde por estos descalabros jurídicos.

Para comprender mejor cómo es que la administración central dedica esfuerzos y recursos en asesores jurídicos que la “defienden” en los juzgados y tribunales de justicia, conviene analizar algunos detalles que ofrece la información publicada por la Rama Judicial.

Por ejemplo, que fueron rechazados por falta de competencia del tribunal que recibió las demandas los cuatro procesos ejecutivos que existen contra los profesores Julián Carlos Arcos, Alberto González y Héctor González, quienes luego de obtener comisiones de estudios se fueron de la Institución sin haber pagado la contraprestación en tiempo de trabajo o en dinero. El último proceso contra los tres profesores dice “Archivo definitivo”.  De lo anterior se desprende que la UT tiene muy poca probabilidad de recuperar los recursos que invirtió en la cualificación de estos tres docentes, monto que a la fecha puede ascender a mil millones de pesos. De nuevo me pregunto quién responde por semejante negligencia.

Otros detalles. Tres procesos ejecutivos contra el profesor Carlos Jaramillo Pechené, quien se fue de la Universidad sin pagarle los recursos que ésta invirtió en una comisión de estudios de la cual fue beneficiario, también fueron rechazados. Sobre este caso no hay evidencia de que la UT haya presentado algún recurso que le permita continuar en la disputa por recuperar esos recursos. Una vez más, quién responde.

Contrasta la actitud de abandono de los asesores jurídicos de la UT para atender el caso de la Gobernación y el de estos cuatro profesores, con su denodado empeño en llenar de pruebas espurias los procesos contra los directivos de ASPU, cuyos folios pueden tener una cifra que, de lo exagerada, es cobarde, pues en algunos casos llegan a mil.

Contra Alexander Martínez Rivillas, vocal de ASPU, se tramitaron cuatro demandas con las que la UT aspiraba a que el profesor devolviera los recursos de los puntos salariales asignados por la maestría en Gestión Pública y Desarrollo Sostenible, cursada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y que por razones ajenas a él, solo pudo convalidar hasta este año. Sin embargo, todos los juzgados han rechazado las demandas interpuestas arguyendo, entre otras cosas, que no existen méritos para cobrarle dichos recursos.

Contra Jorge Gantiva Silva, presidente de ASPU, se interpusieron cinco procesos con los que la UT aspiraba a que el profesor regresara los recursos de los puntos salariales asignados por un curso de profundización que adelantó en Chile, el cual fue certificado por el profesor e interpretado por la propia Universidad como susceptible de ser reconocido con puntos salariales. No obstante, todos los juzgados y tribunales han conceptuado que no existen méritos para sustentar dicha devolución.

Las demandas, sin embargo, no constituyen lo más grave en estos dos casos, porque como lo hemos expuesto, el trabajo jurídico se ha adelantado con tanta torpeza, que cuando no es que los tribunales rechazan sus demandas, es que fallan en favor de los demandados. Lo realmente grave es la maledicencia urdida durante todo este tiempo contra el buen nombre de los profesores Martínez Rivillas y Gantiva Silva.

“Son profesores con títulos falsos”, vociferó un funcionario frente a un micrófono, en una asamblea general llevada a cabo en el parque Ducuara en 2013, y ni el Rector ni el Vicerrector Académico se dignaron aclarar el infundio alguna vez. Al contrario, promovieron la actuación execrable del corrillo y la comidilla. Calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda, es una frase que se le endilga a Laureano Gómez, uno de los mayores responsables de la Violencia de mediados del siglo XX en Colombia. Esa parece ser la consigna más conveniente en estos dos casos.

¿Se ha dedicado la administración central de la UT a pagar costosas asesorías jurídicas para combatir a sus críticos, por su evidente incapacidad para rebatir los argumentos con que han develado las malas acciones que hoy tienen a la UT sumida en una profunda crisis?

Pero, además, ¿cuál es la razón de que no exista un solo funcionario o directivo sometido a un proceso judicial si, como lo hemos dicho, buena parte de estos litigios fueron generados por sus incapacidades, o por sus deliberadas acciones de persecución sindical? Muy fácil, porque la administración se encuentra acorralada por un sector poderoso de funcionarios, que a su vez fungen como politiqueros.

Fuente: Consolidado con base en  http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/