Que una persona del común desconozca la historia de los Bienes de Interés Cultural, fundamento de la identidad de la ciudad, no alarma a nadie; pero que sean unos profesionales formados como arquitectos o abogados, lo pone a uno “cabezón” como dicen en la calle.
Y mucho más si quienes interpretan las normas, son funcionarios públicos, cuyos salarios y funciones son suministrados por el Estado en representación de los ciudadanos, para priorizar la defensa de los bienes de interés colectivo, y no la mezquindad de un particular que pretende arruinar y eliminar lo poco que le va quedando, a la ciudad de memoria, de paisaje urbano y natural.
El Ministerio de Cultura, atendiendo las orientaciones de la UNESCO, “concibe el Patrimonio Cultural de manera incluyente, diversa y participativa, como una suma de bienes y manifestaciones comunes que le dan a un grupo humano, sentido, identidad y pertenencia”
Ese es el espíritu de la Ley 1185 del 2008, que en sus apartes dice que la política estatal, en materia de Patrimonio Cultural, tendrá como objetivos principales la salvaguarda, protección, recuperación y conservación, para que sirva de testimonio, de recuerdo, de memoria, a los habitantes de un territorio.
El conjunto de La Granja San Jorge, con otras edificaciones del país, fue declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación, hace ya varios años por el Ministerio de Cultura, y por lo tanto las normas le dan un manejo y tratamiento especial para protegerla y señala acciones puntuales para garantizar su protección.
Los funcionarios públicos ante quienes se tramitan permisos y licencias de construcción en Ibagué tienen la obligación constitucional, más que cualquier otro ciudadano, de conocer, interpretar y hacer cumplir la ley dando “prevalencia a las normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como de interés cultural ” y saber que en la Ley de Desarrollo Territorial explícitamente declara que las normas que protegen el Patrimonio Cultural son de superior jerarquía y priman sobre la normatividad local en el momento de tomar decisiones.
Ante esta situación, que afectan no solo a la Granja San Jorge, sino a varios inmuebles valorados como de interés histórico y cultural, se viene construyendo un espacio abierto de apropiación ciudadana: La Red de Patrimonio Cultural del Tolima, y hacemos un llamado a todos los tolimenses a hacer causa común para la protección y salvaguarda de estos bienes colectivos. Convocamos para el próximo martes 10 de marzo a una asamblea de vecinos y amigos de la Granja San Jorge, a las 5 p.m. En la calle 18 No. 8 – 82 barrio Interlaken Centro Cultural Corcultura.
RED DE PATRIMONIO CULTURAL DEL TOLIMA
Vigías de Patrimonio Cultural Asociación Amistad y Mucho Más
Colectivo Ambiental de Ibagué, Artistas plásticos Viva El Arte,
Colectivo de estudiantes y profesores de arquitectura, Reiniciar
Fundación Grupo Lugar, Corcultura, Organización Colombiana de estudiantes, entre otras organizaciones y personas.
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