COMUNICADO No. 01 DE 2015
ASDECCOL denuncia ante la opinión pública, el movimiento sindical mundial, la OIT y ante el gobierno nacional, los atropellos de que vienen siendo objeto los trabajadores del control fiscal por parte de algunos Contralores, de la justicia y del gobierno nacional, por los siguientes hechos:
1. Siendo la Contraloría General de la República el máximo órgano de control fiscal del país y por las contradicciones ya conocidas entre altos funcionarios públicos, se permite que esta entidad quede sin sede de la noche a la mañana sometiendo a sus funcionarios a laborar dispersos y en condiciones precarias, sin que el gobierno, en una actitud indolente, asuma su responsabilidad ante tan grave situación, que no solamente afecta a los trabajadores, sino al pueblo en general, en la medida en que se ve seriamente afectada la labor constitucional de vigilar el adecuado empleo de los recursos públicos.
2. El gobierno nacional, mediante Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 reconoce, aunque tímida, tardíamente y con talanqueras, el derecho de negociación colectiva a los empleados públicos en el país; no obstante, para los trabajadores del control fiscal este derecho no ha sido una realidad, ya que algunos contralores, como es el caso de la Contralora de Neiva, ALBA SEGURA DE CASTAÑO, quien ante la presentación del pliego de peticiones por parte de la Subdirectiva Huila de ASDECCOL en la vigencia 2014, se niega a darle solución y su respuesta es descontar ilegalmente 52 días de salario a los negociadores, entablarles una demanda por abandono de cargo y suspender la aplicación del Acuerdo Laboral anterior, aduciendo que los compañeros no tenían permiso sindical y que el Acuerdo vigente ya se venció, no obstante no resuelve las nuevas peticiones de los funcionarios, sin que ninguna instancia haga valer los derechos de los trabajadores y del sindicato.
3. Ante la dualidad de la legislación laboral y teniendo en cuenta que la prima de servicios no se estaba reconociendo en todas las entidades del orden territorial, que en algunas contralorías se pagaba la prima mientras en otras era ilegal, una vez más de manera tardía, el gobierno nacional, mediante Decreto 2351 de noviembre 20 de 2014, reconoce el pago de dicha prestación a todos los trabajadores del nivel territorial, pero solo a partir de 2015, violando el derecho a la igualdad. Por esta razón, en varias contralorías del país (casos Contraloría de Floridablanca y Guajira) a pesar de estar presupuestada la prima y que la gobernación respectiva sí la pagó a sus empleados, no se les pagó a los trabajadores del control fiscal en diciembre y una vez más ninguna instancia regional o nacional hace nada.
4. En la Contraloría Distrital de Santa Marta los funcionarios vienen siendo maltratados por la Contralora encargada, doctora LEIDA FONTALVO PERTUZ; dicha señora funge como jefe de la Oficina de Control Interno y el Contralor, señor HORACIO ESCOBAR la encargó de la Contraloría, violando las Leyes 136 y 909 y los Acuerdos del Concejo samario, hasta la fecha el próximo 7 de febrero cumple 180 días de estar encargada; es el tiempo que tiene el contralor titular de encontrarse incapacitado. No canceló la prima, emolumento que se venía cancelando sin que la Auditoría hubiera objetado dicho pago, así mismo amenazan con una reestructuración y tampoco hay autoridad que se pronuncie al respecto.
5. Como es conocido en todo el país, los contralores pasan por las entidades pagando favores políticos, por lo que llegan a reformar las plantas a sus intereses, tal como sucedió en el 2013 en la Contraloría General de Caldas, donde el contralor JORGE EBER WHEELOR ARCILA adelantó una reestructuración, acabando con los cargos técnicos y adelantando proceso de levantamiento de fuero sindical a tres compañeros integrantes de la Subdirectiva Caldas de ASDECCOL, ante lo cual el Juez laboral y posteriormente el Tribunal Superior, Sala Laboral, fallan en contra de los trabajadores desconociendo el derecho de asociación y violando la Constitución al abrogarse el derecho de desconocer el fuero sindical de la compañera JACKELINE RAMÍREZ GIRALDO, lo cual es una acción jurídica de desconocimiento de tal garantía constitucional.
Todo lo anterior es una muestra de la situación alarmante del control fiscal a cuyas entidades llegan contralores sin ninguna experiencia, sin ningún interés de vigilar el manejo de los recursos de todos los colombianos, solamente a “hacer lo suyo” atropellando a los trabajadores y desconociendo todos sus derechos, en un país que ostenta el vergonzoso título de “los más corruptos del mundo”.
Lo peor es que las instancias llamadas a frenar estas conductas NO HAGAN NADA. El Estado Colombiano debe reflexionar sobre el hecho de que no habrá paz ni democracia real si no se supera la corrupción institucional, se respeta el ejercicio sindical y se reconocen los derechos de los trabajadores.
Por lo anterior, llamamos al conjunto del movimiento sindical nacional e internacional, a la OIT, una vez más al Ministerio del Trabajo, a denunciar estos atropellos y a oponerse a tales procedimientos.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
¡POR LA DEFENSA DEL CONTROL FISCAL ESTATAL!
¡POR LA PAZ, LA SOBERANÍA Y LA JUSTICIA SOCIAL!
Enero 30 de 2015
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