|Por Equipo Sindical y Mundo del Trabajo – Cedins|
Como ya es costumbre, gobierno, empresarios y trabajadores se sientan por estos días a repetir el ejercicio aparentemente participativo y democrático de acordar el nuevo salario mínimo que aplicará para una pequeña parte de la fuerza laboral colombiana en el siguiente año; según las cifras que maneja el gobierno el acuerdo cubrirá aproximadamente a 1'200.000 trabajadores y trabajadoras, que es apenas un 5,4% de la población que sale todos los días a trabajar formalmente o al rebusque. En ese sentido, y a pesar de lo justo que sería elevar los salarios de este grupo de trabajadores, queda el gran vacío de ese 94% de fuerza laboral, la mayoría de la cual está precarizada, tercerizada o sin contratos, ni ningún tipo! de relación laboral.
Pero como hemos afirmado en otras ocasiones el debate y la aparente negociación tienen la falencia de poder decidir realmente sobre la política salarial, al tiempo que se ve seriamente afectada por la falta de voluntad de parte de los empresarios y el gobierno, que hacen de estos escenarios espacios inocuos. Debatir sobre si $1.000 harán la diferencia no solo es inocente, sino perverso, frente a la pobreza y miseria de la población trabajadora informalizada y ante la gran brecha de ingresos entre el capital y el trabajo global.
Mientras esto sucede el país ignora o se hace el de la vista gorda ante fenómenos que podrían encaminar de mejor manera este tipo de debate, enfocando de otra manera el papel de las centrales obreras, para pasar de ser invitados de piedra a defensores de los derechos laborales. Veamos:
1. Ya en Latino américa han habido cambios! en la política laboral que demuestran que con voluntad política si es posible recuperar el salario y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Sin ir muy lejos, y teniendo en cuenta el problema inflacionario que deprecia el poder adquisitivo, Venezuela hizo este año varios aumentos salariales, hasta dejar el salario mínimo en 776 dólares mensuales, esto es más del doble del colombiano; Bajo el mismo enfoque redistributivo de las ganancias se han aumentado los salarios mínimos de Bolivia y Urguay, entre otros países que han ido cambiando hacia una visión realmente social.
2. Este tipo de políticas son las que han permitido efectivamente avanzar en al superación de la pobreza en toda la región, esto a pesar de una desaceleración del crecimiento económico, en cual solo llega a cerca del 3% en latinoamérica; Sin embargo, este crecimiento parece suficiente para adecuar políticas sociales con perspectiva humana, contrario a la dirección restrictiva del gastos social del gobierno colombiano, el cual se ufana de un crecimiento cercano al 5%.
3. Bajar los salarios o contenerlos no mejora las tasas de empleo; este es un hecho probado, ya que lo único que produce son significativas ganancias adicionales a los empresarios y empleadores. La tasa de desempleo se mantiene arriba del 10% en sectores urbanos y en el campo está en el 6%, y aunque el gobierno puede demostrar que hay mejorías no se habla de la calidad de ese empleo, de la informalidad y de que, por ejemplo en el campo, según datos de la misma Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, 630.000 ocupados no reciben remuneración.
4. En un momento en que el precio del petróleo ha caído, desbalanceando el presupuesto nacional, restringir aún más los salarios es suicida, ya que contrae la economía al precarizar la capacidad de gasto en los hogares. Pero ni siquiera como medida provisional económica se considera un aumento salarial.
5. Y, para finalizar: ¿quién se acuerda de las utilidades de los empresarios, tan conservadores y mezquinos a la hora de fijar los topes salariales? A mediados de este año 2014, Bavaria - Sab Miller, ya reportaba utilidades netas por 706.000 millones de pesos; las EPM lo hacían por 451 millones de dólares; al tiempo que el BBVA se echaba al bolsillo 245.613 millones de pesos. Esto sin contar la gran cantidad de recursos que se lleva el capital transnacional vía utilidades y pago de deuda.
Por estas y otras razones, seguir pujando por mil pesos, más o menos, por los $26.000 mensuales que no alcanzan ni para el pan diario es poco menos que tiempo perdido, el cual se debería emplear en una lucha de más trascendencia, de mayor impacto por la recuperación del salario, el mejoramiento de la calidad de vida y el fin de la explotación; reconsiderando la utilidad de este tipo de espacios de concertación y denunciando con contundencia la voracidad infame del capital, que en complicidad con el gobierno de turno despojan de forma permanente el salario y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras.
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