Un despido injusto en la universidad de Ibagué



|POR JUAN CAMARGO| ELOLFATO.COM|

Como nunca antes había pasado. Los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo  de la Universidad de Ibagué organizaron una protesta al interior del campus para manifestar su indignación por el despido del docente Edgar Aya. Ni el despido del profesor tuvo gran eco en los medios de comunicación, ni mucho menos la protesta de los estudiantes.

Se preguntarán por qué el hecho es relevante, especialmente para dedicarle esta columna de opinión. Pues porque la Universidad sin dudas violó el derecho a la educación de sus estudiantes, en el más mercantil de los casos, incumplió el contrato de prestación del servicio de educación. Algo inaceptable.

A dos semanas de terminar el semestre académico, la Universidad de Ibagué decidió terminar el contrato del profesor de medio tiempo Edgar Aya. La razón de la institución fue que el contrato prescribía ese día y la figura de medio tiempo ya no existía, sólo de tiempo completo y catedrático (por causa de la acreditación institucional de Alta Calidad.), entonces el docente debía ser retirado.

Al profesor Aya, se le citó en la oficina de gestión humana, en presencia de la decana de la Facultad de Humanidades y una abogada, contratada para tal fin. Al docente nunca se le informó que ese día su contrato vencía, pues él tenía entendido, que éste iba hasta febrero de 2015. Al menos, eso fue lo que había firmado cuando ingresó en 2011 a trabajar allí. Un contrato de 6 meses que se renovaba automáticamente cada febrero y agosto, eso hasta este año.

El despido, indignante y seguramente cuestionable, sorprendió al docente y a los estudiantes, que no se explicaban como Edgar Aya podía ser retirado casi terminando semestre y después de obtener evaluaciones docentes tan buenas como las que él tuvo durante los casi 4 años en la institución.

Como egresado del programa también me indigné pues el profesor Aya fue mi director de trabajo de grado, y  como resultado de un año de investigación realicé el reportaje gráfico publicado en este medio este año, el día de los cumpleaños de Ibagué. (Ver nota)

El tema laboral resulta controvertido, pero quedémonos con la versión institucional de que al profesor no se le violó ningún derecho y su contrato terminaba ese día (sin previo aviso). Mejor examinemos las repercusiones para los estudiantes y lo que pasó con ellos al saber la noticia.

Pasó poco tiempo para ver en las redes sociales hashtag como #YoApoyoAEdgarAya, #AyaNoSeVaya, en el que estudiantes y algunos egresados manifestaban su indignación por lo sucedido, en cuestión de horas los estudiantes se organizaron y programaron una manifestación denominada “La Marcha del Silencio”, pues para ellos eso fue lo que ocurrió, se silenció a uno de los mejores profesores que tenían.

El día de la protesta los estudiantes aprovechando un evento del programa, ante la presencia de la decana de la facultad de Humanidades, cuestionaron lo improvisado de la decisión pero, también exigieron que se les respondiera económica y académicamente por tal hecho. No escatimaron en señalar la violación de su derecho a la educación por parte de la Universidad.

Antes de terminar el semestre, la universidad ni si quiera se tomó la molestia de informarles que se iban a quedar sin profesor, ni adoptó un plan de contingencia para  saber que iba a pasar con sus calificaciones. El docente se fue, no pudo calificar sus trabajos finales y la universidad por medio de la decana, que tuvo el coraje para hablar con los estudiantes, les pidió excusas.

Lo que no les dijo la decana fue que la Universidad abierta y arbitrariamente había violado su derecho a recibir educación de alta calidad, garantizando que hasta el último día del semestre iban a tener un docente. Algo que resulta contradictorio para una universidad que está en proceso de solicitar la acreditación de Alta Calidad ante el Ministerio de Educación.

Sin embargo, ese fue uno de los argumentos más fuertes, que la universidad no podía tener profesores de medio tiempo, sólo de tiempo completo y catedráticos. Entonces, ¿Por qué no tomó la decisión en agosto, si se supone que llevan un buen tiempo preparando la acreditación? ¿La dirección de programa no previó que eso podía pasar, y así garantizar que esos cursos los tomará un profesor que no pudiera ser despedido en cualquier momento?

Son muchos los interrogantes que uno se hace, sobre todo sabiendo de la rigurosidad de la Universidad de Ibagué con los procesos administrativos. Si fue un error de cálculo, entonces que responda a los estudiantes política, académica y económicamente. Es inconcebible que esto pase, especialmente cuando los estudiantes pagan altos costos por una educación de calidad.

Desconocer la relevancia de lo sucedido, ignorarlo y hacer de cuenta que no pasó nada sería faltar a la formación que recibí en su momento como estudiante de ese programa (Comunicación Social y Periodismo) y posteriormente de Ciencia Política. Pues se supone, me comprometí a siempre actuar a favor del respeto de los derechos humanos.

Sería una gran contradicción no decir nada mientras la ministra de educación, Gina Parody, sale a decir en los medios de comunicación que se deben denunciar este tipo de actuaciones, porque ante todo la educación es un derecho y no importa si es privada o pública la institución.

Los estudiantes de comunicación, que fueron quienes tuvieron la valentía de manifestarse en contra de esta decisión, están llamados a exigirle a la universidad por las vías institucionales que les responda, o en el peor de los casos recurrir a la justicia para dejar un precedente y que nunca más una institución pública o privada pase por encima de sus derechos.

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