EL TOLIMA IMPOSIBLE PARA LAS MINERAS CONTAMINANTES Y POSIBLE PARA LAS COMUNIDADES




|Por: Renzo Alexander García Parra|

El pasado 4 de agosto del 2014 tuvimos la oportunidad de leer por varios medios de comunicación una entrevista a Beatriz Uribe, la destacada presidenta de Mineros S.A y también presidenta de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Plantea en la entrevista al diario Portafolio, que “el Tolima se ha vuelto una zona prácticamente imposible para adelantar proyectos mineros. Tenemos algunas actividades de exploración en el norte del departamento y creo que vamos a desistir de ellas rápidamente por los problemas con las comunidades, con las autoridades, y los permisos ambientales que no andan (…) Tolima parece que tomó una decisión no escrita de no permitir minería en su territorio y mientras no haya una autoridad que ejerza, que haga respetar el derecho que tenemos las empresas de hacer esas actividades va a ser muy difícil. Ahí está la muestra de la Colosa”.

Recalca la sra Uribe, como muy frustante que en el país no haya un proyecto minero importante nuevo como el Cerrejón, pero también con acierto hace un llamado al gobierno a que considere “tomar la decisión de que prefiere el pasto verde a la minería”. No obstante la Sra Uribe olvida que uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano es su carácter participativo y el haber decidido adoptar como soportes teleológicos el desarrollo sustentable y el uso de la biodiversidad. En el primer caso, la importante ejecutiva desconoce que la participación ciudadana es un derecho fundamental y un fin esencial del estado1 que también debe proteger a los no mineros y no accionistas. Sin lugar a dudas, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que puedan afectar sustancialmente sus intereses y en donde se ponga en riesgo su vida. La defensa del agua es la defensa de la vida y pararse a hacerlo desde un lugar tan importante para la vida del planeta como es la fértil en aguas cordillera Central de Colombia, guarda mucho significado para un pueblo digno que tiene claro para quien es el desarrollo minero. O no son las acciones de la empresa mineros S.A la preocupación central y los jugosos sueldos de los ejecutivos de la minería, sra Uribe ?

Esa desconfianza del pueblo al desarrollo que las empresas mineras prometen ha hecho mella. Así sea cuestionada la licencia social por socavar la fuerza de las consultas populares, no deja de ser un logro de las comunidades. El Ministro Acosta, insiste, así sea demogógicamente, que las empresas deben tenerla conjuntamente con la licencia ambiental y la consulta previa donde aplique; para poder desarrollar sus proyectos. Pero quién dijo miedo? Las empresas saben que la sabiduría de un pueblo digno y organizado no tiene precio y para completar, Piedras el desconocido municipio del Tolima, nos recalcó ese principio.

En palabras del Ministro “la licencia social es el consentimiento de las comunidades para que los proyectos se puedan desarrollar”2, la cual además de insalvable, es imprescindible, a riesgo de que los proyectos se puedan tornar inviables”. Aunque suenan voces de expertos sobre las jugadas y amarres que se le pongan a tal logro, no se puede desconocer que la misma Corporación Financiera Internacional (IFC), la valida. Conviene enfatizar entonces, que las comunidades tienen derecho de rechazar los proyectos mineros que pongan en riesgo su integridad, los valores, formas de vida, la consideración al ambiente sano, a privilegiar los alimentos locales y a validar el desarrollo más apropiado .

Sin propónerselo, nuevamente los Uribe nos siguen ayudando y dando valor a nuestros esfuerzos. El ahora senador Uribe, al avisarnos muy tempranamente que la Colosa sería el proyecto de mayor impacto en el Tolima y ahora la sra Uribe, al darnos la razón que no existe tal punto medio o de equilibrio en el desarrollo. Es el agua y la vida o las acciones de las empresas lo que está en juego. Se van ellos o nos vamos los tolimenses. Pero como nadie se quiere ir de su propia casa, a la que ama y mejora, venimos diciendo reiteradamente al gobierno nacional que las empresas contaminantes, cuestionadas a nivel internacional por su pésimo desempeño social y en derechos humanos, no deben estar acá. Igualmente las empresas criollas, que a pesar de su ropaje de oveja en bandera tricolor, siguen siendo el lobo negro destructor. Por dignidad, democracia y voluntad popular seguiremos diciendo Fuera Mineros S.A. y Anglogold Ashanti.

Adenda: Nuevo desastre ambiental minero. El lunes en la mañana, 4 de agosto de 2014, se rompe un dique de colas o tranque de relaves en la mina de oro y cobre Mount Polley. Sobre la zona afectada se han derramado más de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Mientras la empresa dice que la situación se encuentra "estabilizada", las autoridades han tenido que suspender el acceso a la zona por motivos de seguridad y cortar el suministro de agua potable a las poblaciones que residen en las inmediaciones del Quesnel Cariboo y otros ríos.

La empresa Imperial Metals Corp., propietaria de la mina, afirmó desconocer los motivos de la ruptura del dique de colas o tranque de relaves. “Según datos preliminares del Inventario de Medio Ambiente del Consejo Canadiense de Emisiones Contaminantes, la mina Mount Polley generó un total de 406.122 kg. de arsénico, 177.041 de plomo y 3.114 de mercurio entre sus desechos tan sólo en 2013”3.

Este mismo tipo de infraestructura es la que Anglogold Ashanti propone instalar en algunos valles del Tolima. Justamente esto fue lo que rechazaron los habitantes del municipio de Piedras. Invitamos al pueblo tolimense y al colombiano a seguir fortaleciendo la defensa del agua, la vida y el territorio. Tenemos derecho a exigir la implementación del principio de precaución y rechazar las actividades mineras contaminantes. Para la muestra un botón:  https://www.youtube.com/watch?v=vg3yd8GPSnA

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1 Constitución Política. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…).



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