Alcalde de Cajamarca olvida adagio popular que dice: después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga.

|Por: Renzo Alexander García Parra|

La legislación colombiana es explicita en resaltar que los proyectos mineros se perfeccionan una vez obtengan la licencia ambiental, es decir, ninguna multinacional goza del derecho de explotación o continuidad de un proyecto, si carece o niega la licencia ambiental.

El alcalde de Cajamarca-Tolima propone realizar la consulta popular que exigen los habitantes de este municipio después que la empresa obtenga la licencia ambiental, es decir, después que el problema no tenga reversa. Es ilógica, desde todo punto de vista, la postura del alcalde. Lo que se debe evitar es que el gobierno nacional otorgue unilateralmente la licencia ambiental al proyecto, sin consultar a la comunidad de Cajamarca que tiene todo el derecho de participar en las decisiones que puedan afectarla. Es más que evidente el impacto negativo que el proyecto La Colosa puede generar en las fuentes hídricas, biodiversidad, suelos, paisaje, aire, etc., en un territorio de la Reserva Forestal y de campesinos que garantizan el agua, la soberanía y autonomía alimentaria de buena parte de la población colombiana.

Es de resaltar el rechazo generalizado que las comunidades de Ibagué, Cajamarca, Piedras y Espinal han manifestado, de diversas formas y sistemáticamente, frente al proyecto La Colosa. Es desde este marco de lucha social, ambiental y jurídica, que las consultas populares deben ser asumidas institucionalmente por los alcaldes como una herramienta expedita para profundizar la democracia, conocer el sentir, querer y pensar de sus comunidades. Y no como lo pretende hacer ver el señor Alcalde, quien dice que por presión de los ambientalistas se debe hacer la consulta popular. No señor, este es un derecho constitucional, una decisión que las comunidades han tomado después de un proceso de formación ambiental y de desentrañar las mentiras y coaptaciones que la multinacional hace con sus líderes y organizaciones sociales.

El alcalde de Cajamarca hace oídos sordos a las solicitudes de su comunidad y las explicaciones que realizó el grupo de expertos de Dejusticia. Los investigadores aclararon y resaltaron la pertinencia y legalidad que tiene la consulta popular frente a la defensa del patrimonio ecológico con motivo de la afectación que pueden generar los proyecto mineros contaminantes; sobre todo, los argumentos que se amparan en la sentencia C-123/14 que resalta que los municipios y distritos afectados por proyectos mineros pueden participar de forma activa y eficaz en el proceso de toma de definiciones. “Es decir, que la opinión de éstos, expresada a través de sus órganos de representación, sea valorada adecuadamente y tenga una influencia apreciable en la toma de esta decisión, sobre todo en aspectos axiales a la vida del municipio, como son la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades” . (Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2014. pag 54)

El alcalde de Cajamarca dice que frente al caso de las consultas populares “...quieren mandar a Cajamarca como ‘chivo expiatorio’ al igual que Piedras, para que luego resultemos investigados” . Olvida el alcalde que según concepto del Procurador General de la Nación en la Sentencia C-123/14 “debe permitirse la razonable participación de las personas que se asientan en un territorio cuando un proyecto minero pueda llegar a crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación de las actividades tradicionales del municipio”. Es el mismo Procurador quien en apoyo de su concepto refiere el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, según la cual los proyectos mineros que amenacen con generar cambios significativos en el uso del suelo o transformar las actividades tradicionales de un municipio deberán implementar el mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular. Desde este entendido, no es justificable que el alcalde siga hablando de “chivos expiatorios”, sobre todo cuando es la misma Ley la que faculta la participación ciudadana.

Ver artículo: "Alcalde de Cajamarca teme aprobar consulta popular"

El alcalde olvida que la propuesta de consulta popular que le fue entregada el 10 de julio de 2014 cumple con todos los requisitos de la Ley 134 de 1994 y se encuentra avalada por disposiciones internacionales que defienden el derecho de participación de las comunidades. El alcalde claramente le saca el cuerpo al proceso de profundización de la democracia. En lugar de defender los derechos de su pueblo, se niega a la posibilidad de conocer y percibir con claridad las expectativas y puntos de vista de su comunidad, además de negarles un derecho fundamental.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los sectores populares tener voz y voto en el devenir de su territorio. Es una posibilidad para hacer realidad el ARTICULO 79º de la Constitución Política de Colombia que plantea: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, -negrilla ausente en texto original.

Señor alcalde le recordamos el dicho popular que dice después del ojo afuera, no hay santa lucia que valga. Los problemas hay que solucionarlos con prontitud y en beneficio del interés general, no al contrario. Y en este caso, debe primar el derecho colectivo a un ambiente sano, por encima del derecho privado a la extracción codiciosa de empresas multinacionales. A usted lo eligieron los cajamarcunos, no los sudafricanos, ingleses y norte americanos dueños del proyecto de La Colosa.